El Gobierno ha dado luz verde este martes a la concesión de 201 millones de euros en ayudas directas a promotores privados con el fin de levantar 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos gestionados a través de Casa 47. Se trata de un nuevo esquema de colaboración público-privada que pretende mantener el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres.
Con este acuerdo se sacará adelante en torno a una treintena de actuaciones repartidas por distintas comunidades autónomas, entre ellas Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. “El objetivo de este acuerdo es el impulso, el acelerar la construcción de ese parque de vivienda asequible que estamos poniendo en marcha”, ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Rodríguez ha defendido que este instrumento permitirá sumar al sector privado a la promoción de vivienda manteniendo las garantías públicas. “Se trata con esta fórmula de concesión administrativa en la licitación de contar con el sector privado, sí, pero no a cualquier precio”, ha remarcado.
La titular de Vivienda ha detallado el reparto de responsabilidades entre administraciones y promotores. “Casa 47 pone los suelos, el Ministerio de Vivienda pone las ayudas y exigimos a los promotores privados que lo que se construya sea asequible de verdad”, ha insistido.
Las promociones estarán sujetas a alquileres estables y de larga duración, con concesiones de hasta 75 años, y las rentas no podrán superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia que resida en ellas. Rodríguez ha subrayado que este tope es clave para definir qué se entiende por vivienda asequible.
“Una vivienda asequible es aquella que no exige más del 30% de los recursos, de los ingresos de la unidad de convivencia para pagar su coste”, ha señalado. Este porcentaje será de aplicación tanto en el caso del arrendamiento como en el de la hipoteca.
El esquema se articulará mediante concesiones administrativas sobre suelos públicos ya urbanizados, acompañadas de subvenciones directas que podrán cubrir hasta el 60% de la inversión necesaria. En los proyectos que requieran un apoyo superior, será Casa 47 quien licite directamente las actuaciones, sin recurrir a la fórmula de colaboración público-privada.
Junto a las subvenciones, las licitaciones dispondrán de financiación pública adicional para asegurar la viabilidad económica de las iniciativas. Cada proyecto se convocará por separado con el objetivo de ajustar las ayudas a sus particularidades y preservar la asequibilidad de las rentas.
La ministra ha recalcado que las condiciones de estas viviendas quedarán sometidas a supervisión pública y que se mantendrán las garantías a lo largo de toda la vida útil de las promociones.
Para poner en marcha este modelo han sido necesarios cambios normativos y conversaciones con la Comisión Europea. En diciembre de 2025, la vivienda asequible pasó a ser considerada un servicio de interés económico general, lo que habilita la extensión a este ámbito de los regímenes de ayudas públicas que ya se aplicaban a la vivienda estrictamente social.
Además, el Ejecutivo modificó la legislación de contratos del sector público para ampliar de 30 a un máximo de 80 años la duración de determinadas concesiones administrativas. La definición de vivienda asequible incorporada al real decreto-ley actualmente vigente fija que el coste de la vivienda no puede superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.
Rodríguez ha puesto en valor que esta normativa ya hace posible desplegar iniciativas como la aprobada este martes. “Lo que estamos haciendo en estas semanas es precisamente desarrollando las partes más importantes de este Real Decreto que requieren de tramitación también por parte del Consejo de Ministros”, ha apuntado.
Casa 47, constituida hace aproximadamente un año, ha activado hasta ahora la habilitación de más de 7.000 viviendas en el conjunto del país, según los datos del Ministerio. Su portal digital ofrece en estos momentos unas 800 viviendas y prevé sumar más de 1.500 adicionales antes de que termine el año.