El ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha defendido este martes una intervención del mercado inmobiliario siguiendo el ejemplo de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) impulsadas por Yolanda Díaz durante su etapa al frente del Ministerio de Trabajo. "Lo que ha hecho Díaz lo hará Colau", ha asegurado en Palma, donde ha reivindicado la capacidad de las administraciones públicas para intervenir en la economía y abaratar el acceso a la vivienda.
La declaración coincide con la nueva subida del SMI hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas y con la recta final de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Bustinduy ha aprovechado el anuncio para vincular las políticas laborales de la vicepresidenta segunda con las propuestas de vivienda de Ada Colau, candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno.
"Decían que era imposible subir el SMI y hay más gente trabajando que nunca. Con la vivienda hay que hacer lo mismo, hay que intervenir el mercado", ha afirmado durante una rueda de prensa de Ara Més-Front Ampli, acompañado por la candidata al Congreso Carme Gomila.
La vivienda, el siguiente objetivo de Frente Amplio
La comparación elegida por Bustinduy conecta dos de las principales reivindicaciones de la izquierda durante los últimos años. Por un lado, las sucesivas subidas del salario mínimo aprobadas bajo la responsabilidad de Yolanda Díaz; por otro, la intervención de los precios del alquiler y la ampliación del parque público de vivienda, que Frente Amplio quiere convertir en prioridades del próximo Gobierno.
La coalición propone destinar anualmente el 1% del PIB, unos 17.000 millones de euros, a la creación de vivienda pública, con el objetivo de incorporar 1,5 millones de inmuebles al parque asequible durante los próximos doce años. Su programa también contempla limitar los alquileres en las zonas tensionadas y establecer que el coste de la vivienda no supere el 25% de los ingresos de los hogares.
Entre las medidas incluidas en el documento electoral están la prohibición de la compra especulativa de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, la regulación de los alquileres de temporada y la creación de un sistema de contratos de arrendamiento indefinidos por defecto. Frente Amplio también propone impedir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
La formación defiende que la regulación de los precios debe acompañarse de una mayor oferta pública. Para ello, propone combinar la construcción de viviendas con la adquisición de inmuebles existentes, la movilización de pisos vacíos y mecanismos de expropiación dirigidos a grandes propietarios corporativos.
Un acto electoral junto a las caravanas de Palma
Bustinduy ha elegido para su intervención el parque George Sand de Palma, donde se encuentran estacionadas decenas de caravanas. La comparecencia, celebrada junto a Carme Gomila, candidata de Ara Més-Front Ampli al Congreso, ha permitido a la coalición llevar su discurso sobre la vivienda a un espacio vinculado a las dificultades de acceso a un alojamiento convencional.
La situación inmobiliaria de Baleares ocupa un lugar destacado en el debate político autonómico, especialmente por la presión del mercado turístico y las dificultades para acceder a alquileres asequibles. Frente Amplio propone reforzar las restricciones a los pisos turísticos en las zonas tensionadas y ampliar las competencias públicas para intervenir en los precios.
Con la referencia a Yolanda Díaz, Bustinduy ha reivindicado además la experiencia de gobierno de las fuerzas que integran Frente Amplio. La coalición intenta trasladar a la vivienda una estrategia similar a la utilizada para defender las reformas laborales: justificar una mayor intervención pública mediante los resultados de las medidas ya aprobadas.
Colau reivindica la intervención del mercado
La vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de la candidatura de Ada Colau, que ha situado la regulación de los alquileres y la lucha contra la especulación entre sus compromisos electorales. Su programa incluye también una ley para expropiar progresivamente viviendas de grandes propietarios corporativos, comenzando por las entidades con más de 1.000 inmuebles.
La propuesta contrasta con la estrategia defendida por el PP, que apuesta por ampliar la oferta de vivienda, facilitar la construcción y revisar la regulación vigente. El PSOE, por su parte, ha comprometido otras 100.000 viviendas protegidas para la próxima legislatura, según anunció Pedro Sánchez este lunes durante su entrevista en Telecinco.
En el caso de Frente Amplio, el programa contempla que los alquileres del futuro parque público tengan un precio máximo de 600 euros mensuales para una vivienda tipo de 80 metros cuadrados, siempre condicionado a que la renta no supere el 25% de los ingresos del hogar.