Las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de los sueldos de los funcionarios aprobadas este martes por el Gobierno no desaparecerán automáticamente si Pedro Sánchez pierde las elecciones generales del 29 de noviembre. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un incremento del 5,3% del SMI para 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en catorce pagas, y a una mejora salarial del 4,5% para los empleados públicos. Ambas medidas se han aprobado mediante normas que seguirán sus respectivos procedimientos legales con independencia del resultado electoral.
La principal diferencia está en el instrumento utilizado. El salario mínimo se ha actualizado mediante un real decreto, que no necesita convalidación del Congreso, mientras que la subida de los funcionarios se ha aprobado por real decreto-ley y debe superar una votación parlamentaria. La continuidad de las medidas depende de su vigencia jurídica y, en el segundo caso, de su convalidación, no de que Sánchez conserve la Presidencia del Gobierno.
Qué pasa con el salario mínimo si gana el PP o Vox
El Gobierno ha aprobado una subida del SMI del 5,3% para 2027, que eleva la remuneración mínima hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas, equivalentes a 18.004 euros anuales.
La medida, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027, ha sido aprobada mediante un real decreto en aplicación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.
Este procedimiento permite al Gobierno fijar anualmente el salario mínimo previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. No requiere que el Congreso vote el decreto para que tenga validez.
Por tanto, si después de las elecciones del 29N se forma un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo o con participación de Vox, el SMI aprobado no quedaría automáticamente derogado.
Un nuevo Ejecutivo podría impulsar una modificación posterior mediante el procedimiento legal correspondiente, pero tendría que adoptar una decisión expresa y aprobar una nueva norma. Además, debería respetar los límites establecidos por la legislación laboral y las obligaciones aplicables.
¿Puede un nuevo Gobierno bajar el SMI que ha aprobado Sánchez?
La ley atribuye al Gobierno la competencia para establecer el salario mínimo, de modo que una futura Administración podría revisar su cuantía mediante una nueva disposición.
Sin embargo, un cambio de Gobierno no reduce por sí mismo los salarios. Mientras no se modifique la regulación vigente, las empresas deben respetar el mínimo legal aplicable.
La eventual revisión también tendría que tener en cuenta los criterios que establece el Estatuto de los Trabajadores, entre ellos la evolución de los precios, la productividad, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
Tampoco debe confundirse el salario mínimo con el sueldo efectivo de todos los trabajadores. Quienes perciben retribuciones superiores al SMI no tienen necesariamente derecho a un incremento automático equivalente al porcentaje de subida aprobado.
Qué ocurre con la subida del 4,5% de los funcionarios
La situación de los empleados públicos presenta una diferencia importante. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley para aplicar una subida salarial del 4,5% en 2027, conforme al acuerdo alcanzado con UGT, CCOO y CSIF en noviembre de 2025.
El incremento afecta a más de tres millones de empleados públicos de las distintas administraciones, aunque su aplicación en las nóminas exige las actuaciones correspondientes en cada ámbito.
En la Administración General del Estado, Función Pública prevé que la subida se refleje en la nómina de enero de 2027 y beneficie a unos 546.000 empleados.
Al tratarse de un real decreto-ley, la norma debe ser convalidada o derogada dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.
Por qué la Diputación Permanente debe votar la subida de los funcionarios
El artículo 86 de la Constitución establece que los reales decretos-leyes deben someterse a una votación parlamentaria en el plazo de 30 días.
Como las Cortes Generales están disueltas por la convocatoria electoral, esa competencia corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que conserva determinadas funciones de la Cámara hasta que se constituyan las nuevas Cortes.
La Diputación Permanente deberá pronunciarse sobre la convalidación del decreto-ley salarial. Si consigue los votos necesarios, la norma continuará vigente. Si es derogado, dejará de tener vigencia en los términos correspondientes.
Esta votación es independiente del resultado de las elecciones generales y debe distinguirse de la posterior formación del Gobierno.
¿Podría un nuevo Ejecutivo retirar la subida de los funcionarios?
Una vez convalidado el real decreto-ley, la subida salarial tendrá respaldo normativo y no desaparecerá automáticamente porque cambie el partido que gobierna.
Un futuro Ejecutivo que quisiera modificar el régimen retributivo tendría que promover las medidas legales y presupuestarias correspondientes, respetando las competencias y procedimientos aplicables.
Además, la subida del 4,5% forma parte de un acuerdo plurianual negociado en noviembre de 2025 con los sindicatos de la Función Pública. Ese pacto establece una senda de incremento salarial de hasta el 11% entre 2025 y 2028.
El acuerdo sindical tiene relevancia política y negociadora, aunque su aplicación económica depende de las normas que aprueben los órganos competentes.
Qué sucede con el 0,5% adicional pendiente de los funcionarios
El Gobierno también ha previsto abonar durante el primer trimestre de 2027 un 0,5% adicional correspondiente a 2026, con efectos retroactivos desde enero de ese año.
Ese incremento está condicionado a que el Instituto Nacional de Estadística confirme que la inflación de 2026 ha superado el 1,5%, conforme al mecanismo recogido en el acuerdo salarial.
Cuando se compruebe el cumplimiento de esa condición, deberán calcularse los atrasos correspondientes.
La confirmación del dato de inflación y la aplicación de la cláusula son cuestiones diferentes del resultado de las elecciones del 29 de noviembre.
Qué ocurre si las subidas entran en vigor antes de que haya nuevo Gobierno
La subida del SMI y el incremento retributivo de los empleados públicos están previstos para el 1 de enero de 2027.
Si para entonces las normas continúan vigentes, deberán aplicarse conforme a sus disposiciones, con independencia de que siga gobernando el Ejecutivo actual o se haya producido un relevo.
La formación de un nuevo Gobierno después de las elecciones tampoco suspende automáticamente las obligaciones salariales establecidas mediante normas vigentes.
Para modificar esas obligaciones es necesaria una actuación jurídica posterior. La pérdida de unas elecciones no equivale a la derogación de los reales decretos aprobados por el Gobierno saliente.
El Gobierno ha aprobado las subidas a doce días de las elecciones
Las medidas han recibido luz verde este martes 17 de noviembre, cuando faltan doce días para las elecciones generales.
La patronal CEOE ha criticado el momento elegido para actualizar el salario mínimo, al considerar que una decisión de estas características debería haberse reservado al Ejecutivo resultante de los comicios.
Por su parte, CCOO y UGT habían reclamado una subida del SMI superior a la finalmente aprobada, mientras que los sindicatos de empleados públicos llevaban semanas pidiendo que el incremento del 4,5% se formalizara antes de las elecciones para evitar retrasos en su aplicación.
En el caso de los funcionarios, el aumento de 2027 ya estaba previsto en el acuerdo marco suscrito por el Gobierno y los sindicatos en noviembre de 2025, casi un año antes de su aprobación normativa.