Los que no se quedan: Aina Vidal y Gerardo Pisarello, los rostros de Comuns que no repetirán en el Congreso

La aprobación de las candidaturas por el Consell Nacional de los Comuns es una decisión interna del partido: no equivale a su proclamación electoral ni exige, por sí misma, una votación parlamentaria. Si te refieres a listas para concurrir a elecciones, el siguiente recorrido se desarrolla ante la Administración electoral, no ante el Congreso o el Parlament. Los trámites propiamente parlamentarios llegan después de las elecciones y afectan a quienes hayan obtenido un escaño.

1. De la aprobación interna a la presentación electoral

Conviene distinguir tres momentos: la selección que realiza el partido, la presentación formal de la candidatura y su proclamación por la autoridad electoral. Son actos diferentes: aprobar una lista internamente no sustituye su presentación ni garantiza que reúna todos los requisitos legales.

La candidatura debe presentarse ante la Junta Electoral competente, mediante sus representantes y dentro del calendario electoral. El artículo 45 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, reproducido en la Sentencia 26/2004, establece que las candidaturas se presentan entre los días decimoquinto y vigésimo posteriores a la convocatoria. El plazo se cuenta desde la convocatoria electoral, no desde la aprobación del Consell Nacional.

2. Comprobación y corrección de irregularidades

Presentada la lista, corresponde a la Administración electoral comprobar que cumple los requisitos aplicables. Esta revisión es distinta del control político u organizativo que haya realizado previamente el partido.

Si se aprecian irregularidades, existe un trámite para corregirlas. Según el artículo 47.2 de la legislación electoral, recogido en la Sentencia 95/1991, las juntas deben comunicar los defectos dentro de los dos días siguientes a la publicación de las candidaturas y permitir su subsanación en 48 horas. Por tanto, la aprobación interna no impide que posteriormente sea necesario corregir documentación o resolver incidencias.

La jurisprudencia citada subraya la importancia de ofrecer esa oportunidad de subsanación. Ahora bien, no debe entenderse como una autorización general para rehacer libremente una lista fuera del plazo de presentación.

3. Proclamación y posibles recursos

La candidatura adquiere reconocimiento electoral mediante el acuerdo de proclamación de la Junta Electoral, no mediante una ratificación del Parlamento. Debe distinguirse esa proclamación de la posterior proclamación de personas electas: la primera permite concurrir a los comicios; la segunda identifica a quienes han obtenido representación.

Contra la proclamación o su denegación cabe recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos días desde la publicación de la resolución. La Sentencia 108/1991 precisa que una reclamación previa ante la Junta Electoral no sustituye ese recurso judicial.

4. Los trámites parlamentarios, después de obtener escaño

Si se trata de elecciones al Congreso, el artículo 20 de su Reglamento exige a cada persona proclamada electa tres actuaciones para adquirir la condición plena de diputado o diputada:

• Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por la Administración electoral.
• Cumplimentar la declaración de actividades en los términos de la legislación electoral.
• Prestar promesa o juramento de acatar la Constitución en la primera sesión plenaria a la que asista.

La constitución de los grupos parlamentarios es otro trámite posterior y separado. Si las candidaturas corresponden al Parlament de Catalunya, los requisitos parlamentarios deben examinarse conforme a su propia regulación, no trasladando automáticamente los del Congreso.

En definitiva: aprobación interna, presentación electoral, revisión y proclamación; después, elecciones y, para quienes resulten elegidos, incorporación a la Cámara. No hay una fase intermedia de aprobación parlamentaria de las listas electorales.

En el Congreso, la figura jurídicamente relevante es el portavoz del grupo parlamentario, que no debe confundirse con el portavoz del partido ante los medios. Su función principal es representar al grupo y canalizar su actuación parlamentaria; no dirige por sí solo la Cámara ni sustituye los derechos individuales de sus diputados. Sus atribuciones se regulan principalmente en el Reglamento del Congreso.

Designación y representación

El artículo 24.2 exige que el escrito de constitución del grupo identifique a quien ejerce su portavocía y a quienes eventualmente puedan sustituirle. Por tanto, la designación corresponde al grupo y se comunica a la Mesa; el Reglamento no establece una elección del portavoz por el Pleno.

También le atribuye funciones relativas a la composición del grupo: aceptar solicitudes de asociación —artículo 24.3— y la incorporación de diputados que adquieren posteriormente su condición —artículo 26—. Los cambios entre grupos remiten asimismo a esta aceptación, conforme al artículo 27.

Participación en la Junta de Portavoces

Según el artículo 39, los portavoces integran la Junta de Portavoces, presidida por la Presidencia del Congreso. Sus decisiones se adoptan mediante voto ponderado: el peso de cada grupo depende de su representación, no de un voto igual por portavoz.

• Orden del día: la Presidencia lo fija de acuerdo con la Junta —artículo 67.1—. Por urgencia y unanimidad, esta puede acordar incluir un asunto que todavía no haya completado los trámites ordinarios —artículo 67.4—.
• Organización de los trabajos: la Junta es oída sobre la programación y el calendario parlamentarios, y sobre determinadas decisiones de la Mesa, incluidas reconsideraciones de acuerdos de admisión y tramitación —artículo 31—.
• Debates e interpretación: es oída para ordenar debates y ajustar intervenciones —artículo 73.2—. Su parecer favorable, junto con el de la Mesa, resulta necesario para las resoluciones generales con las que la Presidencia suple omisiones del Reglamento —artículo 32.2—.

Iniciativa legislativa y debate

El artículo 126.1 permite que un grupo presente una proposición de ley con la sola firma de su portavoz. No significa que pueda aprobarla: su admisión, debate y votación corresponden a los órganos competentes.

En las enmiendas, el artículo 110.1 exige la firma del portavoz o de su sustituto «a los meros efectos de conocimiento». No equivale, por tanto, a una autorización discrecional para impedir enmiendas individuales. Además, puede solicitar el cierre de una discusión, aunque quien lo acuerda es la Presidencia —artículo 76—.

La defensa de iniciativas, la fijación de posiciones y las explicaciones de voto se ejercen en representación del grupo, pero los turnos no están reservados siempre a su portavoz principal. El Reglamento permite intervenciones y sustituciones por otros diputados del mismo grupo.

Adjuntos, comisiones y límites

Los portavoces adjuntos pueden actuar como sustitutos conforme a las designaciones comunicadas. El artículo 39 permite que el portavoz o suplente acuda a la Junta acompañado de otro diputado, sin voto. Los portavoces en comisión desarrollan la representación sectorial del grupo, pero no sustituyen las competencias de la Presidencia, la Mesa o la comisión.

La negociación política, la coordinación de diputados y la comunicación pública dependen de la organización interna del grupo o del partido; no constituyen poderes ilimitados otorgados por el Reglamento. El portavoz debe respetar los turnos, las decisiones de la Presidencia y los deberes de asistencia, disciplina y secreto —artículos 15 y 16—. La admisión de iniciativas corresponde a la Mesa y la dirección de los debates a la Presidencia.

Para concurrir a la Alcaldía de Barcelona hay que presentar una candidatura a las elecciones municipales: no existe una papeleta independiente para elegir directamente al alcalde. Primero se eligen concejales y, después, el Ayuntamiento elige al alcalde entre quienes encabezan las listas, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General —LOREG—.

1. La candidatura y la persona que la encabeza

Conviene distinguir dos controles: la validez de la lista presentada y la elegibilidad de cada integrante. La candidatura debe cumplir las exigencias electorales sobre presentación, documentación y composición; sus integrantes deben reunir las condiciones para ser elegidos y no estar afectados por una causa legal que lo impida.

La revisión debe abarcar a todos los candidatos, no únicamente a quien aspira a la Alcaldía. También debe diferenciarse entre inelegibilidad, que impide ser elegido, e incompatibilidad, que impide mantener simultáneamente el cargo y otra situación o actividad. Todas las causas de inelegibilidad son también de incompatibilidad, pero no sucede necesariamente a la inversa.

2. Presentarse mediante una agrupación de electores

Si se utiliza una agrupación de electores, debe acreditarse el apoyo mediante las firmas exigidas por el artículo 187.3 de la LOREG. No basta con entregar una relación informal de adhesiones: la identidad de los firmantes y la autenticidad de las firmas deben acreditarse mediante acta notarial o por el secretario de la corporación municipal.

La Instrucción 1/2022 de la Junta Electoral Central permite utilizar firma electrónica mediante un procedimiento admitido por el ayuntamiento correspondiente. Por tanto, una recogida digital debe ajustarse a esas condiciones; una adhesión en una plataforma no equivale automáticamente a un aval electoral válido.

3. Paridad obligatoria: lista cremallera

Este es un requisito especialmente importante para preparar actualmente una candidatura en Barcelona. La Ley Orgánica 2/2024 modificó el artículo 44 bis de la LOREG y exige que las candidaturas municipales tengan una composición paritaria, con mujeres y hombres ordenados de forma alternativa.

• No basta con alcanzar globalmente una proporción del 40 % y el 60 %: en Barcelona se exige alternancia.
• La alternancia se aplica al conjunto de la lista, sin separar titulares y suplentes. Debe conservarse al pasar de unos a otros.
• Las excepciones previstas para municipios pequeños no resultan aplicables a Barcelona.

La Instrucción 3/2025 de la Junta Electoral Central aclara además que no puede sustituirse esta regla por una candidatura con más del 60 % de mujeres invocando la excepción general de acción positiva. También exige identificar de manera sencilla el sexo de cada integrante, conforme a su documentación identificativa.

4. Revisión, subsanación y proclamación

La presentación no supone por sí sola que la candidatura quede aceptada. La Junta Electoral competente comprueba sus requisitos y puede advertir irregularidades; otros representantes también pueden denunciarlas. Los defectos de paridad son subsanables dentro del plazo de 48 horas previsto en el artículo 47, según la citada instrucción. Si no se corrigen los incumplimientos, la candidatura no puede ser aceptada.

5. Cómo se obtiene finalmente la Alcaldía

El artículo 196 establece que pueden aspirar a alcalde los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Resulta elegido quien consiga la mayoría absoluta de los votos de los concejales. Si nadie la obtiene, se proclama alcalde al cabeza de la lista con más votos populares; un empate se resuelve por sorteo. Por ello, presentar válidamente una candidatura y obtener la Alcaldía son cuestiones jurídicas distintas.