Un salario mínimo propio para el País Vasco, prestaciones por desempleo de hasta tres años y una rebaja permanente del impuesto sobre la electricidad al 0,5%. Son algunas de las medidas con las que el PNV concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre, recogidas en un programa de 225 propuestas que también reclama cambios en las pensiones, más competencias para las instituciones vascas y la culminación de las transferencias pendientes del Estatuto de Guernica.
Bajo el lema "Defender. Acordar. Exigir.", los nacionalistas aspiran a condicionar las decisiones del próximo Gobierno desde el Congreso. Su posición ante una eventual investidura queda fijada en el propio documento: no facilitarán un Ejecutivo que dependa de Vox ni concederán "cheques en blanco" a los partidos estatales. Cualquier acuerdo deberá responder, según defienden, a los intereses del País Vasco.
El programa, de 42 páginas, distribuye sus propuestas en cinco grandes compromisos y 29 apartados. El más extenso, con 77 medidas, está dedicado a la industria, la energía, las infraestructuras y la fiscalidad. Maribel Vaquero encabezará la candidatura por Guipúzcoa, Idoia Sagastizabal por Vizcaya y Gorka Urtaran por Álava.
Salario mínimo vasco y prestaciones por desempleo de hasta 36 meses
Para que el País Vasco pueda establecer un salario mínimo superior al estatal, el PNV reclama competencia plena para fijar una cuantía propia, dentro de un nuevo estatus político y mediante el diálogo social. La propuesta forma parte de sus reivindicaciones sobre relaciones laborales, que incluyen también dar prevalencia a los convenios colectivos vascos cuando mejoren las condiciones de los trabajadores.
En cuanto al desempleo, propone ampliar la duración máxima de la prestación hasta los 36 meses, vinculando esa extensión a la mejora de las posibilidades de encontrar trabajo. El programa incorpora, además, medidas sobre productividad y absentismo que deberían negociarse con sindicatos y patronal, así como mecanismos para actualizar los precios de determinados contratos públicos cuando se hayan pactado subidas salariales.
La vivienda ocupa otro lugar destacado entre las propuestas dirigidas a trabajadores y jóvenes. Los nacionalistas quieren impedir el uso fraudulento de los contratos de temporada, regular los alquileres turísticos y ofrecer alternativas de emancipación que no dependan exclusivamente del alquiler protegido.
Para los arrendamientos habituales, defienden reforzar la seguridad jurídica de inquilinos y pequeños propietarios. En los casos de vulnerabilidad, reclaman que las administraciones proporcionen alternativas habitacionales sin descargar toda la responsabilidad sobre los propietarios particulares.
Una rebaja permanente del impuesto eléctrico al 0,5% y cambios en el IVA
La reducción de los costes energéticos es una de las prioridades del programa industrial. Entre las medidas concretas figura rebajar permanentemente el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% y compensar al máximo los costes indirectos del CO₂ que soportan las empresas.
También reclama revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), reforzar la red de gas natural y apoyar la cogeneración. Para supervisar el sector, propone recuperar la Comisión Nacional de la Energía como regulador independiente.
Los retrasos en las redes eléctricas preocupan especialmente al PNV, que pide acelerar las inversiones en el País Vasco mediante incentivos y penalizaciones. Los proyectos industriales viables tendrían prioridad para conectarse a la red.
En materia tributaria, los nacionalistas quieren estudiar la aplicación de un IVA cero o superreducido a los alimentos básicos y a los productos para personas celíacas. También proponen revisar los tipos que gravan los suministros, el transporte público y la cultura.
A estas medidas añaden una reivindicación competencial: ampliar la capacidad normativa de las Haciendas Forales sobre el IVA y los Impuestos Especiales y permitir que utilicen sus superávits para financiar inversiones.
El programa defiende, asimismo, mantener los centros de decisión de las empresas con participación pública, proteger el modelo cooperativo y facilitar que las plantillas puedan hacerse cargo de negocios viables mediante la capitalización del desempleo. Para comarcas industriales en dificultades, como Ayala, reclama planes específicos.
Jubilación anticipada sin penalizaciones después de 40 años cotizados
En pensiones, el PNV mantiene la revalorización anual conforme al IPC y pide mejorar las cuantías mínimas y no contributivas.
Una de sus principales propuestas consiste en eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada a quienes hayan cotizado más de 40 años, una medida que también quiere aplicar a las personas que ya están jubiladas.
Las interrupciones laborales dedicadas al cuidado de hijos o familiares deberían compensarse en el cálculo de las pensiones. Para los cuidadores no profesionales, propone además coeficientes reductores que les permitan adelantar la edad de jubilación.
En el ámbito competencial, insiste en culminar la transferencia al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, respetando la unidad y la solidaridad del sistema.
Una prestación para cuidadores vinculada al salario mínimo y financiación de la Ley ELA
Para las personas que cuidan de familiares sin ejercer esa actividad profesionalmente, el programa propone una prestación económica que tome como referencia el salario mínimo, además de un Fondo Personal para Cuidados en la Comunidad.
Entre las reivindicaciones sanitarias figura garantizar la financiación íntegra de la Ley ELA y aprobar una regulación específica para las personas electrodependientes. También pide extender a los funcionarios la prestación por cuidado de menores con cáncer.
Las víctimas del amianto tendrían otro cambio fiscal: el PNV reclama que las indemnizaciones del fondo de compensación queden exentas del IRPF.
Respecto a la organización sanitaria, defiende adaptar el MIR a las necesidades asistenciales y valorar el conocimiento de las lenguas cooficiales en el acceso a la formación especializada. Los Gobiernos vasco y navarro deberían participar, además, en los órganos que deciden los precios de los medicamentos. La regulación del cannabis medicinal completa las propuestas destacadas en este ámbito.
Más competencias para la Ertzaintza y rechazo a los grandes centros de acogida
El reconocimiento de la Ertzaintza como policía integral es una de las reivindicaciones del PNV en materia de seguridad. La formación quiere que participe directamente en la cooperación policial europea y disponga de acceso completo a sus bases de datos. También reclama reformas legales contra la multirreincidencia.
En política migratoria, pide ampliar las competencias vascas en extranjería, incluidas las funciones de la Ertzaintza, y reconocer al País Vasco como "frontera norte".
Su modelo de acogida excluye los grandes centros, como el previsto en Arana, en Vitoria. En su lugar, defiende un reparto equilibrado de solicitantes de asilo y menores no acompañados en la Unión Europea.
La contratación en origen, la agilización de las homologaciones de títulos extranjeros y el aprendizaje del euskera figuran entre las medidas de integración. También respalda los procedimientos de regularización previstos en la legislación.
Perímetros de 150 metros en las clínicas abortivas y penalización de las terapias de conversión
Para proteger a las mujeres que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo, el PNV propone establecer perímetros de al menos 150 metros alrededor de las clínicas, mediante una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.
En violencia machista, reclama el reconocimiento de la violencia vicaria, formación obligatoria en perspectiva de género para jueces y fiscales y nuevos juzgados especializados en Vitoria y Baracaldo. También incluye medidas de reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
Respecto a los derechos LGTBIQ+, propone tipificar como delito las terapias de conversión y desarrollar las disposiciones legales destinadas a las personas extranjeras trans.
La reforma de la llamada "ley mordaza" figura entre sus compromisos sobre libertades, junto con la modificación de los delitos de opinión relacionados con la Corona y los símbolos del Estado, la recuperación de la jurisdicción universal y el rechazo a la prisión permanente revisable.
Terminar la Y vasca y transferir las Cercanías
Entre las infraestructuras pendientes, los nacionalistas exigen un calendario verificable para terminar la Y vasca, ejecutar los soterramientos ferroviarios de Bilbao y Vitoria y completar la conexión con Pamplona.
También reclaman la transferencia de los servicios de Cercanías que discurren íntegramente por el País Vasco, la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao y el impulso del Corredor Atlántico.
Para los puertos de Bilbao y Pasajes, piden una gestión integral desde las instituciones vascas, con la desclasificación de Pasajes como puerto de interés general. En materia aeroportuaria, defienden un modelo coordinado para el País Vasco y más inversiones en Foronda.
El sector primario aparece con reivindicaciones específicas, como un plan estratégico vasco dentro de la Política Agraria Común 2028-2034, la revisión de las restricciones a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico y coeficientes reductores de jubilación para los autónomos del mar.
Un nuevo estatus político, más competencias y una Ley de Secretos Oficiales
El cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica es la principal exigencia del bloque dedicado al autogobierno. El PNV reclama culminar las transferencias pendientes y rechazar cualquier recentralización, ya sea legislativa, administrativa o presupuestaria.
Su propuesta para una nueva relación con el Estado pasa por reconocer al País Vasco como nación y reforzar la bilateralidad. Para ello, defiende un "Concierto Político" inspirado en los principios del Concierto Económico, con mecanismos que impidan modificar unilateralmente los acuerdos y permitan resolver los conflictos entre administraciones.
En justicia, pide que las instancias judiciales se agoten en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, salvo las materias reservadas al Supremo. También propone crear un Consejo Vasco de Justicia y reconocer a la Ertzaintza como policía judicial.
La desclasificación de documentos oficiales tiene un apartado propio. Además de reclamar una nueva Ley de Secretos Oficiales con desclasificación automática, exige hacer públicos los archivos relacionados con el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, la muerte de Mikel Zabalza, el atentado del bar Aldana de Alonsótegui y los Sanfermines de 1978.
En las instituciones europeas, el PNV quiere que el País Vasco tenga voz propia en el ECOFIN y en los consejos de Justicia e Interior cuando se traten materias de su competencia. También reclama la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la UE y la participación directa de las instituciones vascas en los fondos comunitarios del periodo 2028-2034.