El Supremo amplía el veto al voto de los nacionalizados por la ley de nietos que residen en España para el 29N

El Alto Tribunal aclara, a petición de Vox, que la suspensión cautelar afecta tanto al censo exterior como al de residentes en España. La medida comprende a 163.355 personas, aunque podrán votar aquellas que acrediten mediante un certificado consular el exilio de sus antepasados

Fachada del Tribunal Supremo Eduardo Parra - Europa Press

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Elecciones generales del 29 de noviembre · Demócrata

El Tribunal Supremo ha aclarado este viernes que la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la conocida como ley de nietos también afecta a quienes residen en España. La decisión, adoptada a petición de Vox, obliga a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) a impedir que los afectados participen en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque estén empadronados en municipios españoles.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una providencia en la que precisa que la medida comprende a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Hasta ahora, las resoluciones judiciales se habían centrado en el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA), mientras que persistían las dudas sobre su aplicación a quienes viven en territorio nacional.

La nueva resolución exige que estas personas no puedan participar como electores ni a través del CERA ni mediante el Censo Electoral de Residentes en España (CER). La excepción corresponde a quienes acrediten mediante una certificación consular que sus ascendientes sufrieron exilio por motivos políticos u otras causas contempladas en la legislación.

Solo 901 personas han conseguido acreditar los requisitos para votar

La suspensión cautelar contempla una excepción para 901 personas que ya han obtenido la certificación consular exigida por el Supremo. También podrán votar aquellas que consigan presentar ese documento antes de la jornada electoral del 29N.

El origen de la controversia está en la interpretación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que abrió una vía de acceso a la nacionalidad española para descendientes de exiliados. Su aplicación se desarrolló mediante una instrucción administrativa que permitía presumir la condición de exiliado de quienes habían abandonado España entre 1936 y 1955.

Precisamente esa presunción es uno de los aspectos cuestionados en el procedimiento judicial. Los magistrados distinguen entre las personas que acreditaron documentalmente el exilio de sus antepasados y aquellas que obtuvieron la nacionalidad acogiéndose a la interpretación administrativa.

Sin embargo, la suspensión se aplica de manera cautelar al conjunto de afectados, salvo que presenten el certificado requerido. La medida se mantiene mientras continúa el procedimiento judicial sobre la aplicación de la norma.

Vox pidió extender la suspensión al censo de residentes en España

La aclaración del Supremo responde a una petición de Vox, que había solicitado precisar el alcance de las medidas cautelares para evitar que las personas inscritas en el censo ordinario pudieran votar mientras se mantenía bloqueada la participación de los residentes en el extranjero.

Hasta ahora se producía una diferencia entre ciudadanos que habían obtenido la nacionalidad mediante el mismo procedimiento. Mientras los inscritos en el CERA tenían suspendido su derecho al sufragio, quienes residían en España podían conservar la posibilidad de votar al estar incorporados al censo ordinario.

La Abogacía del Estado había advertido de esa desigualdad en sus escritos ante el tribunal. Con la nueva providencia, los magistrados ordenan aplicar la misma suspensión a ambos censos.

Además, el Supremo cuestiona la claridad de la documentación remitida por la Administración para explicar la ejecución de las medidas. En su resolución, considera que los últimos informes de la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral resultan "de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal".

Una decisión a nueve días de las elecciones generales

La aclaración judicial se produce cuando faltan nueve días para las elecciones generales del 29 de noviembre y obliga a los organismos electorales a aplicar la suspensión tanto a los españoles residentes en el extranjero como a los que viven en territorio nacional.

La Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral deberán garantizar que las personas afectadas no puedan ejercer el sufragio sin la certificación correspondiente, con independencia de dónde residan.

El procedimiento tiene su origen en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la aplicación electoral de la normativa sobre nacionalidad. El Supremo acordó las primeras medidas cautelares en septiembre y las mantuvo en resoluciones posteriores, antes de precisar ahora su extensión al censo de residentes en España.

La suspensión afecta al ejercicio del voto en estos comicios, mientras que el litigio sobre la interpretación de la ley de nietos continúa pendiente de una resolución definitiva.

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¿En qué estado se encuentra la tramitación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática y qué pasos legislativos quedan pendientes?

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, ya está aprobada y vigente: su tramitación parlamentaria original terminó en 2022. A fecha de 20 de noviembre de 2026, no quedan votaciones pendientes para aprobar esa ley. Sí conviene distinguirla de la reforma sobre indemnizaciones impulsada en 2026, cuyo proyecto de ley caducó al disolverse las Cortes.

La ley original: procedimiento terminado

El Congreso aprobó el proyecto el 14 de julio de 2022 y lo remitió al Senado. Una vez completado el procedimiento en las Cortes Generales, la ley fue sancionada el 19 de octubre y publicada en el BOE del 20 de octubre. Por tanto, no está esperando un dictamen, una votación del Senado ni una aprobación definitiva.

La corrección de errores publicada el 7 de febrero de 2023 tampoco abrió una nueva tramitación legislativa: rectificó expresiones y referencias del texto publicado.

La reforma de 2026: decreto vigente y proyecto caducado

El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2026, de 3 de marzo, que modificó la ley para reconocer e indemnizar a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la democracia. Publicado el 4 de marzo, entró en vigor al día siguiente.

Esta modificación amplió el periodo de reconocimiento hasta el 29 de diciembre de 1978 y actualizó las indemnizaciones: 250.000 euros por fallecimiento, 180.000 por incapacidad permanente absoluta y 500.000 por gran incapacidad. Es importante separar esta modificación ya aprobada de los cambios adicionales que podían introducirse después.

El 26 de marzo, el Congreso acordó su convalidación, es decir, mantener el decreto-ley en vigor, y decidió tramitarlo también como proyecto de ley por urgencia. Esta segunda decisión permitía presentar enmiendas y modificar su contenido, pero no condicionaba la vigencia del decreto ya convalidado, según explicó el Congreso de los Diputados.

El proyecto de reforma se registró el 26 de marzo de 2026. Su texto se publicó el 13 de abril; las enmiendas a la totalidad, el 29 de abril; y el plazo de enmiendas al articulado se prorrogó hasta el 30 de septiembre.

Sin embargo, caducó el 6 de octubre de 2026, con la disolución del Congreso y del Senado, establecida mediante el Real Decreto 806/2026. No culminó su aprobación parlamentaria. Esa caducidad afecta al proyecto, no deroga el decreto-ley convalidado ni la Ley de Memoria Democrática.

¿Qué pasos quedan pendientes?

En sentido estricto, no hay trámites pendientes dentro de ese proyecto, porque su procedimiento terminó por caducidad. Para introducir nuevos cambios será necesaria otra iniciativa en la siguiente legislatura; no basta con continuar donde se detuvo.

Si se presenta un nuevo proyecto de ley, el recorrido ordinario será:

  • Congreso: admisión y publicación, apertura de enmiendas y, si procede, debate de las propuestas de devolución o de texto alternativo.
  • Ponencia y comisión: estudio de las modificaciones y elaboración del texto que se someterá a aprobación.
  • Aprobación del Congreso: por el Pleno o por una comisión autorizada para aprobarlo sin votación plenaria.
  • Senado: examen del texto, con posibilidad de aprobarlo, introducir cambios o vetarlo. Si hay cambios o veto, decidirá nuevamente el Congreso.
  • Finalización: sanción, promulgación y publicación de la eventual ley en el BOE.

En conclusión, lo pendiente no es aprobar la ley de 2022, sino decidir si se retoman las modificaciones adicionales de 2026. Su aplicación administrativa y desarrollo reglamentario son cuestiones distintas de la tramitación parlamentaria.

¿Cuáles son las competencias y funciones de la Junta Electoral Central según la legislación electoral española?

La Junta Electoral Central (JEC) es el órgano superior de la Administración Electoral en España. Sus competencias están reguladas principalmente en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), especialmente en los artículos 8 a 20. Su función esencial es garantizar que todos los procesos electorales y consultas que dependen del Estado se desarrollen con transparencia, objetividad e igualdad entre las candidaturas.

En términos generales, la JEC tiene tres grandes bloques de funciones:

  • Dirección y supervisión del funcionamiento de toda la Administración Electoral.
  • Interpretación y aplicación uniforme de la legislación electoral.
  • Control de la regularidad del proceso electoral, de las campañas y de la financiación electoral.
1. Órgano superior de la Administración Electoral

La JEC se sitúa en la cúspide del sistema de Juntas Electorales (Central, de Zona, Provinciales, de Comunidad Autónoma y de Gallega/Canaria en su caso). Entre sus competencias destacadas en este ámbito están:

  • Velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral y por el principio de igualdad entre candidaturas en todo el territorio nacional.
  • Dirigir y coordinar la actuación de las restantes Juntas Electorales, dictando criterios e instrucciones de obligado cumplimiento para unificar la interpretación de la LOREG.
  • Revisar y, en su caso, anular o modificar los acuerdos adoptados por las Juntas de ámbito inferior cuando se le plantean recursos, quejas o reclamaciones.
  • Resolver las consultas que le planteen las demás Juntas, la Administración o los actores del proceso electoral sobre la aplicación de la normativa.
2. Interpretación de la LOREG y función cuasi jurisdiccional

Aunque la JEC no es un tribunal en sentido estricto, la LOREG le atribuye una función decisoria de gran alcance:

  • Interpretar la legislación electoral y fijar doctrina a través de acuerdos e instrucciones, que se aplican a todos los procesos electorales posteriores mientras no se modifique la ley o se cambie el criterio.
  • Resolver reclamaciones y recursos en vía administrativa electoral sobre múltiples aspectos: proclamación de candidaturas, incidencias en la campaña o en la jornada electoral, actuaciones de mesas, uso de medios públicos, encuestas, etc.
  • Corregir infracciones y sancionar determinadas conductas contrarias a la normativa electoral (por ejemplo, vulneraciones de la neutralidad de los poderes públicos en campaña o infracciones en materia de sondeos y publicidad).

Frente a los acuerdos de la JEC, la propia LOREG suele prever la posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa o, en determinados supuestos electorales, ante el Tribunal Constitucional. De este modo, la JEC actúa como instancia administrativa especializada previa al control judicial.

3. Competencias sobre campañas, medios y sondeos

La JEC tiene un papel central en la regulación práctica de las campañas electorales:

  • Control de la neutralidad de los poderes públicos: vigila que Gobiernos, administraciones y entidades públicas no utilicen recursos institucionales para favorecer o perjudicar a candidaturas durante el periodo electoral (publicidad institucional, inauguraciones, uso de páginas web oficiales, redes institucionales, etc.).
  • Supervisión de la campaña en medios de titularidad pública (fundamentalmente RTVE y medios autonómicos cuando la elección es de ámbito estatal): fija criterios sobre debates, bloques informativos y tiempos de palabra en función de la representación política, intentando garantizar el pluralismo.
  • Control de encuestas y sondeos electorales: aplica la normativa sobre condiciones de publicación y difusión de encuestas, plazos de prohibición de publicación (la “jornada de reflexión” y los límites previos), e incluso puede requerir datos metodológicos o sancionar incumplimientos.
4. Escrutinio general y proclamación de electos

Otra competencia clave de la JEC, derivada de la LOREG, se refiere al momento posterior a la votación:

  • Supervisar el escrutinio general de las elecciones de ámbito estatal (Congreso, Senado, Parlamento Europeo y referendos de ámbito estatal), asegurando que el recuento y la consolidación de datos se ajustan a derecho.
  • Proclamar los resultados definitivos y los candidatos electos en esos procesos, una vez resueltas las incidencias y reclamaciones que puedan afectar a las actas electorales.
  • Expedir las credenciales acreditativas para los diputados, senadores y eurodiputados electos, que son el documento oficial con el que se incorporan a la Cámara correspondiente.
5. Control de la financiación y del gasto electoral

Aunque el Tribunal de Cuentas tiene la competencia principal en materia de fiscalización económico-financiera, la JEC también desempeña algunas funciones relevantes:

  • Interviene en la asignación de subvenciones electorales a partidos, federaciones y coaliciones en función de los resultados obtenidos, de acuerdo con lo previsto en la LOREG.
  • Aprueba modelos oficiales de papeletas, sobres y documentos electorales, así como determinados criterios organizativos que inciden en el gasto.
  • Colabora y coordina con el Tribunal de Cuentas la información necesaria para la fiscalización de ingresos y gastos de campaña.
6. Otras funciones derivadas de la LOREG y leyes conexas

La JEC también asume otras competencias más específicas que la legislación electoral le va atribuyendo: intervenir en procesos de referéndum regulados por ley orgánica, supervisar ciertos aspectos del censo electoral a través de la Oficina del Censo Electoral, o acreditar observadores y representantes en las mesas, entre otras. En conjunto, la LOREG diseña a la Junta Electoral Central como el garante institucional del correcto funcionamiento del sistema electoral español.

¿Cómo se compone la Junta Electoral Central y cómo se nombran sus miembros según la LOREG? ¿Qué recursos pueden interponerse contra los acuerdos de la Junta Electoral Central y ante qué órganos? ¿Podrías explicar con ejemplos recientes cómo ha aplicado la JEC sus competencias en campañas electorales?

¿Cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones generales en España y cuántos diputados tiene cada grupo político en el Congreso?

Las últimas elecciones generales celebradas en España fueron las del 23 de julio de 2023. El PP obtuvo el mayor número de votos y diputados, con 137 escaños, seguido del PSOE, con 121. Para responder a la segunda parte conviene distinguir entre los resultados electorales y la composición de los grupos parlamentarios: no son necesariamente idénticos, porque pueden producirse cambios durante la legislatura.

Resultados de las últimas elecciones generales

El reparto definitivo de los 350 escaños del Congreso fue el siguiente. Los porcentajes corresponden al conjunto de España y se muestran con dos decimales; no deben confundirse con los resultados provinciales, que determinan la adjudicación de diputados.

CandidaturaVotosPorcentajeEscaños
PP8.091.84033,05 %137
PSOE7.760.97031,70 %121
Vox3.033.74412,39 %33
Sumar3.014.00612,31 %31
ERC462.8831,89 %7
Junts392.6341,60 %7
EH Bildu333.3621,36 %6
PNV275.7821,12 %5
BNG152.3270,63 %1
Coalición Canaria114.7180,47 %1
UPN51.7640,21 %1

El desglose puede consultarse en los resultados del 23J. La mayoría absoluta está en 176 diputados: ninguna candidatura la alcanzó por sí sola. Es importante utilizar el escrutinio definitivo, y no mezclarlo con avances de la noche electoral, al comparar estos resultados.

Distribución por grupos parlamentarios

La organización inicial de los grupos tras aquellas elecciones quedó así. Esta es la distribución de partida, no un recuento actualizado a noviembre de 2026:

  • Grupo Popular: 137 diputados.
  • Grupo Socialista: 121 diputados.
  • Grupo Vox: 33 diputados.
  • Grupo Plurinacional Sumar: 31 diputados.
  • Grupo Republicano: 7 diputados.
  • Grupo Junts per Catalunya: 7 diputados.
  • Grupo Euskal Herria Bildu: 6 diputados.
  • Grupo Vasco, del PNV: 5 diputados.
  • Grupo Mixto: 3 diputados, correspondientes inicialmente a BNG, Coalición Canaria y UPN.

Una candidatura es la lista que concurre a las elecciones; un grupo parlamentario es la organización de diputados dentro del Congreso. Por eso, los 31 escaños obtenidos por la candidatura Sumar no deben interpretarse automáticamente como 31 integrantes de su grupo durante toda la legislatura. Del mismo modo, el Grupo Mixto puede variar cuando recibe nuevos miembros.

Qué precisión requiere la situación actual

Los documentos oficiales consultados acreditan cambios posteriores: el boletín del Congreso contabilizaba, a 9 de septiembre de 2025, 137 miembros en el Grupo Popular y 120 en el Socialista. No consta en las fuentes consultadas un desglose completo y actualizado de todos los grupos que permita sustituir la distribución inicial por otra igualmente completa.

Además, a fecha de 20 de noviembre de 2026, las elecciones convocadas para el 29 de noviembre todavía no se han celebrado. La disolución de las Cámaras se publicó el 6 de octubre mediante el real decreto de convocatoria. Por tanto, los resultados de 2023 siguen siendo los últimos resultados electorales, pero no sería correcto presentar la composición inicial de sus grupos como una fotografía actual.

Para explorar cómo se repartieron territorialmente aquellos escaños, Demócrata ofrece un mapa provincial. Distingue entre los votos obtenidos por las candidaturas y su traducción en representación dentro de las 52 circunscripciones.

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¿Qué ha decidido el Tribunal Supremo respecto al voto de los nacionalizados por la ley de nietos que residen en España?

Pregunta 1 de 3

¿Cuántas personas han podido acreditar mediante certificación consular el derecho a votar según la resolución del Supremo?

Pregunta 2 de 3

¿Qué organismo pidió al Supremo que precisara el alcance de la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos?

Pregunta 3 de 3