El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, han dado a conocer esta mañana el acuerdo de gobierno entre las dos formaciones que han logrado en la comunidad castellanoleonesa. El pacto de 62 páginas incluye 324 medidas. De esta manera, Vox regresa al Ejecutivo autonómico y reabre el debate sobre las alianzas del PP con el partido de Santiago Abascal.
Así, queda desbloqueada la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El pacto incluye la entrada de Vox en el Gobierno regional y el reparto del Ejecutivo queda de la siguiente manera:
- Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco (PP)
- Vicepresidencia primera, que llevará adscrita una consejería aún por definir de las de Vox
- Vicepresidencia segunda: Vivienda y Ordenación del territorio, Igualad de oportunidades, Despoblación y Protección Civil (PP)
- Consejería de Presidencia (PP)
- Consejería de Economía y Hacienda (PP)
- Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio (PP)
- Consejería de Medioambiente y Energía (PP)
- Consejería de Educación (PP)
- Consejería de Sanidad y Bienestar Social
- Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, incluyendo las competencias de caza y pesca (Vox)
- Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, incluyendo las competencias de migración, juventud y cooperación al desarrollo (Vox)
- Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (Vox)
El acuerdo permite a Mañueco iniciar un tercer mandato al frente de la Junta gracias a la mayoría parlamentaria que suman PP y Vox en las Cortes autonómicas. Vox recupera peso institucional.
Carlos Pollán, actual dirigente de Vox en Castilla y León, se perfila como vicepresidente del Ejecutivo autonómico, en una reedición de la fórmula de coalición que ambas formaciones ya ensayaron tras las elecciones de 2022.
La "prioridad nacional", principal concesión programática
Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo es la inclusión del principio de "prioridad nacional", una reivindicación histórica de Vox que plantea otorgar preferencia a los ciudadanos españoles frente a los inmigrantes en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos.
La medida ya había aparecido en otros acuerdos autonómicos entre PP y Vox y se convierte ahora en uno de los elementos políticos más simbólicos del nuevo Ejecutivo castellanoleonés. Mañueco ha confirmado que su redacción y concreción se producirá en los mismos términos que Extremadura y Aragón.
Recorte en ayudas
El pacto de gobierno firmado entre PP y Vox en Castilla y León contempla una reducción de las ayudas públicas destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que no acrediten una utilidad pública efectiva. La medida entrará en vigor con el primer presupuesto de la nueva legislatura, que prevén para 2027.
En concreto, el apartado 16.14 del acuerdo establece un recorte del 50 % en las subvenciones concedidas a sindicatos, patronales y entidades privadas que no puedan demostrar de manera objetiva una utilidad pública real.
El documento señala que el objetivo de esta medida es garantizar que los recursos públicos se destinen “exclusivamente” a cubrir las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León.
Más servicios
PP y Vox aseguran además que el ahorro derivado de estos recortes se invertirá íntegramente en reforzar y mejorar los servicios públicos de la Comunidad, con la intención de ofrecer una atención “ágil y de calidad” a los castellanos y leoneses.
Asimismo, el acuerdo compromete a la Junta a revisar de forma “continua y exhaustiva” el uso de los recursos públicos mediante auditorías periódicas orientadas a detectar y eliminar gastos considerados improductivos, innecesarios o injustificados. Ambas formaciones defienden que esta estrategia persigue una gestión “eficiente, responsable y alineada con el interés general” de la Comunidad.
Otro de los puntos del pacto plantea congelar al “mínimo imprescindible” los fondos destinados a cooperación internacional al desarrollo, limitándolos a las obligaciones y competencias exigidas por la normativa vigente. Además, se establece que cada euro invertido fuera de España deberá destinarse directamente al fin concreto para el que haya sido asignado.
Por último, el acuerdo insiste en reforzar los mecanismos de control sobre las ayudas públicas. De esta manera, la concesión de nuevas subvenciones quedará condicionada a la justificación previa del destino y uso de las ayudas recibidas anteriormente, así como a la acreditación de su eficacia, garantizando en todo momento la transparencia y el correcto empleo de los fondos públicos.
Segunda coalición tras la ruptura de 2024
No será la primera experiencia conjunta entre ambas formaciones. Castilla y León fue, de hecho, el primer territorio de España en el que Vox entró en un gobierno autonómico tras los comicios de 2022, ocupando entonces una vicepresidencia y tres consejerías.
Aquella alianza se rompió en julio de 2024 cuando Vox abandonó todos sus gobiernos autonómicos con el PP por las discrepancias sobre la política migratoria y el reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas. Desde entonces, Mañueco había gobernado en minoría.
Impacto nacional para feijóo
El acuerdo tiene además una lectura política que trasciende Castilla y León. La nueva coalición llega en pleno debate sobre la posibilidad de una moción de censura instrumental contra Pedro Sánchez y mientras Alberto Núñez Feijóo intenta atraer a partidos como Junts o PNV para construir una mayoría alternativa en el Congreso.
La reedición de un gobierno PP-Vox en una de las comunidades históricas de los populares complica el discurso de quienes sostienen que una eventual alternativa nacional podría desarrollarse al margen de la formación de Santiago Abascal.
Si no hay cambios de última hora, la investidura de Mañueco se celebrará el próximo 10 de junio y pondrá fin a casi tres meses de negociaciones tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo.