El próximo Ejecutivo de Castilla y León, fruto del acuerdo entre PP y Vox, establecerá como requisito un empadronamiento mínimo de 10 años en la comunidad autónoma y en España para poder adquirir vivienda protegida, y de 5 años para optar al alquiler social, de acuerdo con la medida 15.15 del pacto de gobierno firmado este miércoles sobre acceso a vivienda protegida y alquiler social.
Ambas formaciones pactan un modelo de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social basado en el principio de “prioridad nacional” y ajustado a la normativa vigente, con el objetivo de dar preferencia en el uso de los recursos públicos “a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”.
El documento del acuerdo de Gobierno entre ambos partidos precisa que este sistema exigirá un arraigo efectivo y prolongado, sustentado en el empadronamiento histórico en Castilla y León y en España (al menos 10 años para la compra y 5 años para el arrendamiento), además de excluir a quienes hayan sido condenados en los últimos cinco años por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas.
“Lo mismo sucederá cuando se haya emitido contra ellas resolución administrativa firme que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública”, recoge el acuerdo.
Asimismo, se prevé reforzar los criterios de vinculación económica, social, familiar, laboral y formativa “como elementos que evidencian la relación efectiva y afectiva del solicitante con el territorio” con la finalidad de asegurar la estabilidad residencial, fijar población, impulsar la cohesión social, facilitar la consolidación de proyectos de vida, posibilitar el retorno de castellanos y leoneses que tuvieron que emigrar por falta de oportunidades y evitar una rotación excesiva en el parque de vivienda.
“A estos efectos -explican- se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad, la trayectoria de cotización y actividad laboral, la existencia de familiares de primer grado residiendo en Castilla y León, así como cualquier otro criterio que acredite vinculación real y duradera de los solicitantes con la Comunidad”.
En la baremación se contemplarán todos los perfiles especialmente vulnerables ante la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos hogares, familias numerosas, unidades de convivencia con personas dependientes a su cargo, personas con discapacidad, quienes carezcan de alternativa habitacional y unidades de convivencia que sufran situaciones de hacinamiento.
El pacto también prevé suprimir aquellos criterios que, a juicio de PP y Vox, favorezcan el desarraigo social o generen distorsiones en la asignación de los recursos públicos destinados a vivienda.
Entre los compromisos en materia residencial figura elevar un 80 por ciento la inversión en políticas de vivienda y, a partir de 2027, poner en marcha nuevas actuaciones dirigidas a personas de hasta 40 años que incluyan bonificaciones fiscales y programas específicos para facilitar el acceso a la propiedad.
PP y Vox acuerdan ampliar desde el primer presupuesto autonómico la línea de avales del programa “Mi primera vivienda” para jóvenes hasta el 20 por ciento del crédito hipotecario, frente al 17,5 por ciento actual, con el fin de que puedan financiar el cien por cien del préstamo. Además, se prevé descontar hasta 30.000 euros del precio de compra de vivienda pública en el medio rural para jóvenes, en coordinación con las diputaciones provinciales.
El acuerdo incorpora también la implantación de un programa de alquiler seguro, la ampliación de las ayudas al arrendamiento y la creación de una Bolsa Pública de Suelo. Se suma la puesta en marcha en 2027 de una “Unidad Aceleradora de Proyectos VPO”, orientada a la tramitación preferente y a la agilización administrativa de las promociones de más de 50 viviendas protegidas, con el propósito de acortar plazos, ganar eficiencia en la gestión y facilitar la rápida salida al mercado de vivienda asequible.
Finalmente, a lo largo de la legislatura se impulsará la construcción de al menos 5.000 viviendas protegidas mediante fórmulas de colaboración público-privada, con la intención de ampliar de forma real el parque de vivienda disponible y atender la demanda existente. Estas promociones deberán desarrollarse con criterios de eficiencia, contención de costes y agilidad en los procedimientos administrativos.