El pacto de gobierno sellado este miércoles en Castilla y León entre PP y Vox incluye el compromiso de no abrir nuevos recursos de acogida para inmigrantes en situación irregular en la Comunidad durante toda la legislatura, así como de no incrementar el número de plazas disponibles en los dispositivos que ya están en funcionamiento.
En el punto 10.6 del documento se fija con claridad la posición de ambas formaciones: “Ni una plaza más y reducción del gasto al mínimo legal imprescindible”, señala el texto, en el que PP y Vox se obligan a realizar una auditoría anual de todos los gastos asociados a la inmigración ilegal “con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.
El acuerdo contempla además que, antes de que termine el año, se procederá a endurecer el régimen interno de los centros de menores. Para ello, se prevé reforzar los protocolos de intervención y disciplina en estos recursos, así como las medidas destinadas a incrementar la seguridad de los trabajadores que prestan servicio en ellos.
PP y Vox han adelantado igualmente que impulsarán actuaciones para localizar y evitar emplazamientos de centros en los que, a su juicio, puedan surgir conflictos de convivencia o problemas relacionados con la seguridad ciudadana.