Encuesta elecciones generales: Vox gana 5 escaños, el PSOE recupera 4 y PP y Vox alcanzan 207, según SocioMétrica

En el ordenamiento español, la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados no es una cualidad “del partido” en abstracto, sino una relación numérica entre escaños y miembros de la Cámara. Jurídicamente, un partido o coalición alcanza la mayoría absoluta cuando controla al menos 176 diputados de los 350 que integran el Congreso, con independencia del porcentaje de voto obtenido en las elecciones.

1. Marco legal básico: número de diputados y concepto de mayoría absoluta

La Constitución Española establece que el Congreso estará compuesto por entre 300 y 400 diputados, elegidos por sufragio universal (art. 68.1). Esta horquilla se concreta en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que fija en la práctica un Congreso de 350 escaños.

El concepto de mayoría absoluta se desprende de las reglas de votación del Congreso: es la mitad más uno del número total de miembros de la Cámara, no de los presentes en una votación concreta. Con 350 escaños, la mitad son 175; la mayoría absoluta requiere, por tanto, al menos 176 diputados.

Esto significa que:

• La mayoría absoluta se calcula sobre el total legal de escaños (350), aunque haya vacantes.
• No depende del número de votos emitidos en una sesión, sino del número legal de miembros del Congreso.

2. Cómo puede alcanzarse esa mayoría absoluta

Jurídicamente, al Congreso llegan listas electorales presentadas por partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, que se convierten en escaños tras el escrutinio. La mayoría absoluta puede alcanzarse de varias maneras:

• Un solo partido obtiene 176 o más escaños con sus propias listas. En ese caso, se habla coloquialmente de “mayoría absoluta del partido X”.
• Una coalición electoral (listas conjuntas de varios partidos, inscritas como tal antes de las elecciones) logra 176 o más escaños en total. La coalición actúa como sujeto electoral unitario en la distribución de escaños, aunque después sus integrantes puedan organizarse en distintos grupos parlamentarios.
• Varios partidos distintos, sin formar coalición electoral, no suman 176 escaños en una misma candidatura pero sí pueden coordinarse políticamente tras las elecciones. Jurídicamente, la mayoría absoluta en una votación se consigue si, en esa votación concreta, al menos 176 diputados votan en el mismo sentido, aunque pertenezcan a partidos diferentes.

Por tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, la mayoría absoluta no exige que los 176 escaños pertenezcan a un único partido o a una coalición formal: lo decisivo es que 176 o más diputados coincidan en el voto.

3. Requisitos legales previos: partidos y coaliciones

Para competir en las elecciones que darán origen a esa mayoría, la LOREG establece requisitos formales:

• Partidos y federaciones deben estar inscritos en el Registro de Partidos Políticos.
• Las coaliciones electorales (varios partidos que se presentan juntos en una circunscripción con listas comunes) deben comunicar su constitución a la Administración electoral dentro del plazo fijado tras la convocatoria de elecciones, indicando los partidos que la integran y la denominación que usarán en las papeletas.
• Las candidaturas han de respetar las reglas de paridad y composición, adaptarse a las circunscripciones provinciales y superar las barreras electorales (p. ej., el umbral de voto mínimo en una provincia para entrar en el reparto de escaños).

Ninguna de estas reglas fija un “requisito especial” para alcanzar la mayoría absoluta: se aplican por igual a todas las candidaturas. La mayoría absoluta resulta del número de escaños obtenidos, no de un tratamiento jurídico diferenciado.

4. Efectos de la mayoría absoluta

Alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso tiene consecuencias relevantes porque la Constitución exige ese umbral en varios momentos clave:

• Investidura del presidente del Gobierno: en la primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta de la Cámara; si no la obtiene, se pasa a una segunda votación donde basta la mayoría simple.
• Moción de censura y cuestión de confianza: la moción de censura debe aprobarse por mayoría absoluta; una mayoría absoluta sólida facilita o dificulta estos mecanismos de control político.
• Aprobación de determinadas decisiones de especial relevancia (por ejemplo, algunas normas o acuerdos parlamentarios que el Reglamento somete a ese umbral reforzado).

En resumen, la exigencia legal es clara: con la composición actual del Congreso, la mayoría absoluta se alcanza con 176 o más diputados, y puede provenir de un partido único, de una coalición electoral o de la suma estable y coordinada de varios partidos distintos en las votaciones parlamentarias.

El presidente del Gobierno es la máxima autoridad del poder ejecutivo en España y ocupa una posición central en el sistema parlamentario diseñado por la Constitución de 1978. Sus competencias y funciones se recogen fundamentalmente en los artículos 97 a 100 de la Constitución, además de en otros preceptos dispersos y en leyes de desarrollo, como la Ley del Gobierno.

La primera gran función es la dirección de la acción del Gobierno. El artículo 97 establece que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Dentro de ese marco, el presidente es quien fija las grandes orientaciones políticas, coordina a los ministros y resuelve los conflictos entre departamentos, asegurando la unidad de criterio del Ejecutivo. En la práctica, esto significa que el presidente marca la agenda política, las prioridades legislativas y las líneas maestras de las políticas públicas.

Unido a lo anterior, el presidente ostenta la máxima responsabilidad política del Gobierno ante las Cortes Generales. Aunque todo el Gobierno es colegiado y solidario, es el presidente quien responde políticamente en primer término ante el Congreso de los Diputados. Es a él a quien se dirige la moción de censura (art. 113 CE), que debe proponer un candidato alternativo, y es él quien puede plantear una cuestión de confianza (art. 112 CE) para reforzar su respaldo parlamentario. Estas herramientas subrayan su papel como vértice entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria que lo sostiene.

Otra competencia esencial es la propuesta de nombramiento y cese de los ministros. Conforme al artículo 100 de la Constitución, los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del presidente del Gobierno. Esto otorga al presidente capacidad para diseñar la estructura de su gabinete (crear, suprimir o reorganizar ministerios, dentro de la ley) y seleccionar a las personas que ocuparán las carteras. Asimismo, puede remodelar el Gobierno sustituyendo ministros cuando lo considere políticamente oportuno.

El presidente del Gobierno ejerce también una función relevante en la relación con la Jefatura del Estado. Es el interlocutor principal del Rey en los asuntos del Gobierno, y muchas de las decisiones formales de la Corona requieren refrendo del presidente o de los ministros competentes (art. 64 CE). Además, el presidente del Gobierno puede proponer al Rey el disolución de las Cortes Generales o de una de las Cámaras y la convocatoria de elecciones generales, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución, salvo en determinados límites temporales (por ejemplo, no puede hacerlo mientras esté en trámite una moción de censura).

En lo que respecta a la actividad normativa, el Gobierno en su conjunto ostenta la iniciativa legislativa (art. 87.1 CE) y la potestad reglamentaria (art. 97 CE). El presidente, como jefe del Ejecutivo, dirige y coordina esta función: impulsa la preparación de proyectos de ley, fija prioridades legislativas y decide, con su gabinete, cuándo presentar determinadas iniciativas. Asimismo, el Gobierno puede aprobar decretos-leyes en casos de extraordinaria y urgente necesidad (art. 86 CE), y es el presidente quien lidera esa decisión política y asume su responsabilidad ante el Congreso.

Otra dimensión clave es la representación interior y exterior del Gobierno. Aunque la representación del Estado en su conjunto corresponde al Rey (art. 56 CE), el presidente del Gobierno representa políticamente al Ejecutivo: interviene en debates parlamentarios, comparece regularmente en el Congreso para explicar la acción del Gobierno y participa en cumbres internacionales, consejos europeos y reuniones con otros jefes de Gobierno. En el ámbito interno, lidera la relación con las comunidades autónomas, participa en conferencias sectoriales y, en general, coordina la posición del Gobierno en los asuntos territoriales.

También tiene responsabilidades en materia de seguridad y defensa. El Gobierno dirige la política de defensa y la Administración militar, y el presidente del Gobierno encabeza esa dirección política. Preside órganos como el Consejo de Seguridad Nacional, impulsa decisiones sobre despliegues de las Fuerzas Armadas en el exterior (dentro de los límites constitucionales y legales) y coordina la respuesta del Estado ante crisis y emergencias graves.

Finalmente, el presidente del Gobierno tiene una función institucional de cohesión y coordinación del propio Consejo de Ministros. Preside sus reuniones, fija el orden del día, impulsa la adopción de acuerdos y vela por la coherencia global de la acción gubernamental. De este modo, la Constitución sitúa al presidente en el centro del sistema parlamentario: es el punto de encuentro entre la mayoría del Congreso, la Corona, el resto del Gobierno y el conjunto de la Administración del Estado.

Tras las últimas elecciones generales celebradas en España el 23 de julio de 2023, el Congreso de los Diputados (XV Legislatura) quedó compuesto por 350 escaños repartidos entre once formaciones con representación. A partir de los datos utilizados sistemáticamente en el periódico Demócrata para comparar encuestas con el “resultado del 23J”, la distribución inicial de escaños por partido fue la siguiente:

• Partido Popular (PP): 137 escaños. Es la fuerza más votada y el grupo con mayor representación. Numerosas piezas demoscópicas comparan el escenario actual con esos “137 diputados” obtenidos por Feijóo en las generales de 2023, lo que consolida esa cifra como referencia oficial del 23J.
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños. Diversas encuestas citadas por Demócrata señalan reiteradamente que el PSOE “obtuvo en 2023 el 31,7% y 121 diputados” y miden su desgaste tomando esa marca como punto de partida.
• Vox: 33 escaños. En los análisis postelectorales y de encuestas se insiste en que Vox logró en las generales de 2023 el “12,4% y 33 diputados”, número desde el que se calcula el crecimiento posterior de la formación de Abascal.
• Sumar: 31 escaños. El espacio a la izquierda del PSOE concurrió entonces bajo la marca Sumar —que integraba a Podemos y otras fuerzas—. Los artículos de comparación señalan que la candidatura unificada alcanzó en el 23J “31 diputados”, cifra que luego se contrasta con escenarios en los que Sumar y Podemos aparecen ya separados.
• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños. En el análisis de la aritmética de investidura se recoge que ERC aporta “7 votos” al bloque que sostiene al Gobierno, lo que remite a 7 diputados surgidos de las elecciones de julio de 2023.
• Junts per Catalunya (Junts): 7 escaños. Del mismo modo, se alude a que Junts cuenta también con “7” diputados, que se convierten en clave para las mayorías tanto en la investidura como en la tramitación ordinaria.
• Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 6 escaños. La formación abertzale aparece en los análisis parlamentarios con “6” diputados en el Congreso, número que se integra de forma estable en el llamado bloque de investidura.
• Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños. En la descripción del reparto de fuerzas se indica que el Grupo Vasco (PNV) dispone de “5 escaños”, decisivos en determinadas votaciones ajustadas.
• Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño. Se le atribuye sistemáticamente “1” diputado, ubicado en el Grupo Mixto y tratado como uno de los apoyos potenciales del Gobierno en votaciones clave.
• Coalición Canaria (CC): 1 escaño. Los textos de Demócrata mencionan a CC con “1” diputado en el Congreso, también en el Grupo Mixto, cuya posición puede inclinar algunas votaciones.
• Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño. UPN aparece en los análisis como un escaño adicional alineado con el bloque de derechas (sumando con PP y Vox), de forma que se suele hablar de “171 diputados” entre PP, Vox y UPN partiendo de la foto del 23J.

Esta distribución suma los 350 escaños de la Cámara y es la que se toma como “foto fija” de referencia en la mayoría de análisis posteriores sobre la XV Legislatura. A partir de ella se construyen tanto los escenarios de investidura como las comparaciones demoscópicas: por ejemplo, se calcula cuántos escaños ganarían o perderían PP, PSOE, Vox o Sumar respecto a esos 137, 121, 33 y 31 diputados, respectivamente.

Conviene distinguir esta composición inicial tras las elecciones de la fotografía actual de la Cámara. Como recogen varias informaciones de Demócrata, durante la legislatura se han producido numerosas renuncias y sustituciones de diputados que no alteran el número de escaños por partido que salió de las urnas, pero sí afectan a los nombres concretos que ocupan esos asientos. Por ejemplo, se señala que “uno de cada ocho diputados ha renunciado al acta de parlamentario desde el inicio de la legislatura” y se detallan cambios especialmente numerosos en el PSOE y el PP, además de relevos en Sumar, Vox o los grupos nacionalistas.

Sin embargo, a efectos de entender la composición política del Congreso tras las últimas elecciones generales, lo relevante es el reparto de escaños inmediatamente posterior al 23J de 2023: un Congreso dominado numéricamente por PP y PSOE, con Vox como tercera fuerza, Sumar como cuarto grupo estatal y un conjunto de partidos nacionalistas y regionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y UPN) que completan la aritmética hasta los 350 diputados.