El Ejecutivo de Argentina ha concedido a Reino Unido un plazo máximo de dos semanas para que detenga la explotación de hidrocarburos en el archipiélago de las islas Malvinas, territorio cuya soberanía reivindica Buenos Aires, y avisa de que, si Londres no cesa estas actividades, llevará el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Según el comunicado difundido por la oficina del presidente argentino, Javier Milei, “La República Argentina ha intimado formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación de las actividades destinadas a la explotación de los recursos hidrocarburíferos en la Plataforma Continental Argentina”.
El texto oficial subraya que, “de no cumplir el Reino Unido con este requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales necesarias para preservar los derechos soberanos sobre su Plataforma Continental”.
El Gobierno argentino denuncia la “explotación unilateral de los recursos naturales” en el área en disputa y en los espacios marítimos adyacentes, al considerar que es “contraria al derecho internacional” y que “produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”.
En el plano jurídico, Argentina recurre al mecanismo de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion”. Asimismo, reclama que se suspenda la concesión de nuevos permisos para la explotación de recursos naturales “existentes en la Plataforma Continental Argentina”.
Paralelamente, Milei ha comunicado la adopción de sanciones, la presentación de denuncias penales y el inicio de nuevas gestiones diplomáticas como respuesta a las operaciones de la compañía Thales UK Limited en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas, realizadas con una aeronave con matrícula británica y sin la autorización de las autoridades de Argentina.
El comunicado concluye con una advertencia política y diplomática: “La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional Internacional. Las Malvinas son argentinas”, remarca el texto firmado por Milei.
Este movimiento eleva de nuevo la tensión entre Buenos Aires y Londres y se enmarca en la estrategia de presión diplomática del Gobierno argentino en torno a la disputa por la soberanía de las Malvinas.