Unai Sordo (CCOO): "El sistema autonómico se ha convertido en una trampa para osos para la izquierda"

Segunda parte de la entrevista con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, que analizar en esta entrega posibles escenarios tras las próximas elecciones o la batalla política en el actual sistema autonómico

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, durante la entrevista con DEMÓCRATA | DEMÓCRATA

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Tras disertar los puntos clave de la legislatura --el papel de Junts, la actitud de la CEOE o las limitaciones del Gobierno al afrontar la crisis de vivienda--, Unai Sordo explora en la entrevista con DEMÓCRATA posibles escenarios tras las próximas elecciones, y debates como el futuro de las pensiones, el sistema tributario o la gestión de los servicios públicos.

PREGUNTA: Defiende la vocación de continuidad de leyes que nacen del acuerdo. ¿Teme modificaciones en la reforma laboral si hay cambio de Gobierno después de las próximas elecciones?

RESPUESTA: Es difícil teniendo en cuenta los resultados que ha dado. Pero claro, puede ser un Gobierno con ideas muy reaccionarias en temas laborales y que va a responder a la parte más improductiva del empresariado español. 

Si la extrema derecha entra en el Gobierno sus cegueras ideológicas les llevarían a hacer todo lo que puedan por dinamitar el modelo de relaciones laborales que hemos tenido. Según cómo se configure, claro que temo que haya una regresión importante en materia de derechos y de democracia laboral.

"Si el próximo Gobierno quiere tocar las pensiones va a pinchar hueso y tendrá problemas"

EL FUTURO DE LAS PENSIONES

P: El futuro de las pensiones es el debate que más ruido genera.

R: Si entra un Gobierno de derecha o de extrema derecha va a querer reducir notablemente la protección del sistema público de pensiones, pero va a tener un serio problema para hacerlo porque está muy legitimado en la sociedad. Ahora están intentando dinamitar esa legitimación con el raca-raca de la pugna intergeneracional y que el chivo expiatorio de los bajos salarios de los jóvenes sea un pobre pensionista. Si el próximo Gobierno entra ahí va a pinchar hueso y va a tener problemas, porque además lo que nos está diciendo el AIReF es que el gasto en pensiones españolas es perfectamente asumible

P: ¿Qué diagnóstico hace de todas esas dudas que hay sobre el sistema? ¿Son suficientes las últimas reformas?

R: Las reformas en Seguridad Social y pensiones han sido permanentes. El sistema es perfectamente asumible en los términos que está diciendo el AIReF: un gasto medio de aquí al año 2050 del orden del 13,5% del PIB. ¿Es mucho dinero? Claro que es mucho dinero. ¿Es asumible? Evidentemente. Italia ahora está gastando más en pensiones. Sabemos que se va a incrementar el gasto en pensiones desde hace treinta años y se han adoptado medidas para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social. El sistema público de pensiones es la espina dorsal del modelo social español y no hay ninguna razón para romperlo.

"El sistema público de pensiones es una espina dorsal del modelo social español y no hay ninguna razón para romperlo"

¿Por qué hay que asustar a la gente? ¿Por qué se dice que el sistema es insostenible? Hay un precepto ideológico que dice que es insostenible y deficitario porque hay que pagarlo sólo con cotizaciones sociales. ¿Pero de dónde te has sacado que el sistema de pensiones lo tengas que pagar sólo con cotizaciones sociales? El sistema es contributivo porque hay una relación entre lo que aportas y lo que percibes, no porque sólo se pague con cotizaciones. Se paga preferentemente con cotizaciones y el derecho lo genera la cotización.

La decisión democrática es cuánto te quieres gastar tú como país en mantener una pensión digna para los millones de pensionistas que son en cada uno de los cohortes de generación que estamos por llegar. Que se plantee con toda la transparencia del mundo, pero sin apriorismos tramposos que lo que pretenden es asustar a la gente y enfrentar generaciones.

EL SISTEMA TRIBUTARIO

P: Hay una visión muy negativa en torno a los impuestos. No sé si cree que la izquierda está perdiendo ese debate.

R: Hay una ofensiva ideológica a la que parte de la izquierda contribuyó hace años. Me acuerdo de las palabras de (José Luis Rodríguez) Zapatero de que bajar impuestos era de izquierdas. Ahora hay consenso en que si quieres tener una sociedad vertebrada y un estado social digno de tal nombre necesitas un nivel de corresponsabilidad fiscal mayor del que tiene ahora mismo España.

Hay una pugna ideológica muy fuerte porque saben que bajar los impuestos conlleva en el corto plazo la insuficiencia de los recursos públicos y la privatización más acelerada de los servicios públicos. Y es apostar por una sociedad crecientemente individualista, individualizada, competitiva unos con otros. 

"¿Quién dice que las pensiones se pagan sólo con cotizaciones? Se paga preferentemente con cotizaciones, pero no sólamente con ellas"

Es una forma de abrir nichos de negocio cautivo a determinados perfiles de empresas, que se centran en nichos de rentabilidad. Nadie quiere asumir la gestión privada de toda la sanidad o de toda la educación, ni siquiera de todas las pensiones, sino en nichos potencialmente rentables y dejar un Estado como mero asistencial de las clases más depauperadas. Es una apuesta por una segregación social y recuperar una sociedad mucho más estratificada y donde las diferencias sociales se abran paso. 

P: ¿Una lógica de escasez?

R: Sí, y una lógica de reproducción de intereses de clase, donde esas clases medias aspiracionales piensan que se pueden desacoplar del conjunto de los mortales a través de la guetización, por ejemplo, de los sistemas educativos.

No con sistemas estrictamente privados, que salen muy caros, pero que una concertación preferente te permita alejarte del grueso. Muchos de los másters o de los títulos de posgrado que se vehiculizan a través de las universidades privadas no son mejores que los de las públicas. No dan más conocimiento, dan un distintivo. Es una forma ya de decir ‘vengo de donde vengo y este no’. Eso está operando cada vez más, sobre todo en las comunidades autónomas.

"Bajar impuestos es una apuesta de segregación social y por recuperar una sociedad mucho más desigual"

LA IZQUIERDA Y EL SISTEMA AUTONÓMICO

P: Habla de la educación, de la sanidad o del transporte, que son los servicios que gestionan comunidades autónomas, cuyos gobiernos, fundamentalmente del Partido Popular, se ven revalidados en las urnas. ¿Qué lectura hace o qué autocrítica debería hacer la izquierda respecto a esa situación?

R: El sistema autonómico, tal como se ha acabado por configurar, se ha convertido en una trampa para osos para la izquierda. Nunca ha habido más transferencias del Estado central a las comunidades autónomas, con un nivel de corresponsabilidad muy limitado porque tienen su marco competencial, y esto les ha permitido reducir simbólicamente impuestos, incluso de forma limitada, pero articular toda una narrativa y financiar con esos recursos una privatización selectiva de segmentos de la sanidad, la educación o la dependencia.

Hay una brecha muy grande entre la percepción que tiene la gente de las responsabilidades y las competencias de las comunidades autónomas respecto a sus políticas fiscales. Suelo decir que los presidentes autonómicos prefieren estar todo el día inaugurando pantanos. No hay una percepción de que las comunidades gestionan una parte de la fiscalidad. Y como reducen impuestos y lo compensan con ingresos que llegan de otro lado pues es un chollo, directamente.

Hemos llegado a un punto en el que hay que darle una vuelta al sistema. No me parece deseable ir a un proceso de recentralización por las características plurinacionales que tiene España. Políticamente sería un error. Y una vez has desplegado el Estado autonómico, eso no tiene marcha atrás. 

"Hay que darle una vuelta al sistema autonómico y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad con las competencias que hay atribuidas"

Pero quizás sí hay que avanzar, sin perder elementos de solidaridad, hacia una mayor percepción de corresponsabilidad donde las competencias que hay atribuidas tienen una relación directa con la fiscalidad que se gestionan. Garantizar una financiación que permita acceder a servicios públicos similares pero con mayor corresponsabilidad, porque esto se está convirtiendo en una trampa para osos para la izquierda, para quien aspira a hacer políticas públicas ambiciosas.

P: Pero, por los resultados electorales, existe un aval a ese tipo de políticas por la gente que utiliza los servicios públicos. O existe un aval o los partidos políticos de izquierda no están haciendo su trabajo.

R: Porque hay el deterioro de los servicios públicos es parcial. Hay una pérdida de calidad, sobre todo en la sanidad primaria y especializada, pero en las enfermedades crónicas o en tratamientos de cierta gravedad seguimos teniendo un gran sistema sanitario. Nuestro sistema educativo se ha deteriorado, pero seguimos teniendo un buen sistema público hasta los niveles universitarios. 

No hay una quiebra del sistema. Esto se hace con políticas performativas del gota a gota. Ningún gobierno que plantease una privatización generalizada gana unas elecciones.

P: El ‘hachazo’ no está permitido.

R: Ni siquiera en Madrid. No se plantea así, no son tan torpes. Son políticas que se van haciendo poco a poco. En la medida en que pierde cierta calidad y fomentas una alternativa con un nivel de pago privado empiezas a generar la bifurcación y ahí entra la trampa ‘antiimpuestos’: te inducen a suscribir un seguro privado porque la prueba diagnóstica tarda un mes y luego te rebajan el IPRF 60 euros para pagarte el seguro privado.

"El sindicato tiene que aprender a dirigirse a los migrantes de formas un poco más sofisticadas que el sota-caballo-rey"

Pero por eso digo que es una trampa para osos, porque es un proceso de poco a poco y muy performativo: acabas generando mentalidades donde la sensación es que lo público no acaba de ir bien y aspiras a pasar al otro. A tener tu parte cada vez más grande de la pensión, de la educación o de la sanidad. Esto cuéntaselo a alguien que gana el SMI, queda fuera del sistema. Por eso digo que es un esquema de segregación social paulatina.

P: En el centro del debate público, al analizar el estado de los servicios, está más la migración que la falta de recursos.

R: Es que la estrategia que comentaba viene de las viejas derechas conservadores liberales de los últimos treinta años. Ahora ya ha irrumpido otra forma de entenderlo, que es el neofascismo, que sitúa los agravios en colectivos sobre los que identificar los problemas. Ya no es que la sanidad esté mejor o peor porque falte inversión, que es una disputa democrática. No. La culpa es de los inmigrantes. Es el malismo. La culpa es de estos y hay que ser crueles con ellos y excluirlas. Y hacer una prioridad nacional que dice que, si no se están muriendo, no se les trata en la sanidad. 

SINDICALISMO Y MIGRACIÓN
 

P: Comisiones Obreras se ha implicado directamente en el proceso de regularización de migrantes. ¿Cómo valora el papel que tiene el sindicato de cara a potenciar la afiliación de los migrantes?

R: Nos exige reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? La migración, aunque mucha es latinoamericana, viene de realidades nacionales bastante diversas y de realidades institucionales distintas donde la visión de los sindicatos puede ser diametralmente distinta: un país donde el sindicalismo es muy fuerte a otro donde ha estado prohibido o es parte del control social del Estado.

La gente que ha estado en situaciones de irregularidad tiene lógicas desconfianzas a cualquier cosa que suene institucional. Igual es muy difícil que se organice al principio en el centro de trabajo, porque es un espacio muy peligroso de organización y de socialización, pero seguramente tiene espacios de socialización propios súper potentes. El sindicato tiene que aprender a incorporar estas realidades y aprender a dirigirse a estas personas de formas un poquito más sofisticadas que el sota-caballo-rey.

P: Adaptarse de alguna forma, ¿no?

R: Claro, muchos además luego tienen sesgos ocupacionales. Muchas de estas personas migrantes, sobre todo mujeres, están en sectores de cuidados, donde la sindicalización es súper difícil y la tendencia va a ser, en todo caso, hacer plataformas. Tienes que ver cómo haces frente a estas realidades para que sientan que el sindicalismo es su espacio también de organización.

SINDICALISMO Y JUVENTUD

P: ¿Cuál es el diagnóstico que hace con los jóvenes? 

R: La juventud no es que no se afilie en España, pero se afilia cuando ya casi no es joven. A partir de los ‘veintimuchos’, ‘treinta y algo’ es cuando empiezan a incorporarse y hay tasas de afiliación más altas. En España la gente cuando está estudiando o en los primeros años de vida laboral no siente la necesidad de la afiliación, al menos como hecho organizado. Igual se afilia cuando tiene un problema y te viene a consultar. O tiene un juicio, o para una reclamación de cantidades o un despido. Pero como hecho organizado es un poco después. Mentiría si dijera que vamos muy bien en tasas de afiliación de gente de 20-25 años. No es verdad. 

P: Y ante eso, ¿qué reflexión hace el sindicato?

R: Es una cuestión de tener en cuenta la realidad de los jóvenes. A veces el sindicato no tiene muy interiorizada la reivindicación del último que ha entrado. Otras veces, la tendencia no es organizarse al llegar a una empresa, sino dejarlo cuando estás más asentado. Es bastante humano.

En el sindicato estamos tomando iniciativas en el ámbito prelaboral. Visitar los centros de estudio, los centros de FP para que los chavales tengan una idea previa de lo que es el sindicato. Y mejorar las herramientas de relación digital. Estar ahí de forma latente, que cuando la persona considere que ha llegado el momento diga ‘están estos ahí’.

El despacho en el que Unai Sordo recibe a DEMÓCRATA es una sala amplia, luminosa, de luz cálida y agradable. Está dividido en varios espacios, y el que acoge la entrevista es un grupo de sofás negros.

Preside la sala, sobre el sofá en el que se sienta Sordo, una elegante vara de madera. Es una makila, un bastón con especial significado en la cultura vasca. Un regalo de sus compañeros cuando dejó la Federación de Euskadi del sindicato para dirigir la Confederación en Madrid, hace ya nueve años. Sordo explica que es un regalo habitual cuando alguien se jubila o marcha de una empresa.

Entonces faltaba un año para la moción de censura contra Mariano Rajoy. Ocho de los nueve años de Sordo al frente del sindicato son con Pedro Sánchez, el período de quizás mayor sintonía de la organización con el Ejecutivo en décadas. Sordo ha sido un líder en años de acuerdos y entendimiento. Un período que da síntomas de agotamiento y cuya continuidad se decidirá en los próximos meses.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué estado se encuentra la tramitación parlamentaria de posibles reformas del sistema autonómico y fiscal en España?

Estado de la reforma del sistema autonómico y fiscal en España

Estado general de la tramitación

En la actualidad no hay una “gran reforma cerrada” del sistema autonómico ni del modelo fiscal en bloque, pero sí un conjunto de proyectos y proposiciones de ley en las Cortes Generales que tocan piezas clave de la financiación autonómica, local y de la fiscalidad. La mayoría de las iniciativas relevantes están en fase temprana o intermedia (plazo de enmiendas abierto o recién cerrado), lo que significa que el debate parlamentario sustantivo aún no se ha producido. Varias reformas de calado en financiación territorial proceden del Gobierno, mientras que las rebajas o ajustes fiscales sectoriales proceden sobre todo del Senado, impulsadas por la oposición. No se ha localizado ninguna reforma constitucional del modelo autonómico en curso ni una comisión específica de revisión global del sistema, sino cambios parciales mediante leyes ordinarias y orgánicas.

Reformas ligadas a la financiación autonómica y territorial

Proyectos de ley del Gobierno en el Congreso

La pieza más directamente vinculada a la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas es el Proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, de origen gubernamental. Esta iniciativa aborda la asunción de deuda autonómica, la creación de un fondo de amortización y la reforma del Fondo de Financiación a las CCAA, es decir, elementos nucleares del engranaje financiero del Estado autonómico. Según la información parlamentaria, está en tramitación en el Congreso, con el plazo de enmiendas ampliado hasta el 17/06/2026, lo que sitúa el texto todavía en una fase muy inicial de negociación entre grupos (ver publicación).

En paralelo, también procedente del Gobierno, se tramita el Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas relativas a los recursos de los sistemas de financiación territorial (procedente del Real Decreto‑ley 6/2025, de 17 de junio). Esta norma se centra en ajustes de las liquidaciones, compensaciones y mecanismos presupuestarios de financiación autonómica y local, operando más sobre la gestión de los recursos que sobre el reparto competencial. El proyecto se encuentra asimismo en fase de enmiendas en el Congreso, con ampliación de plazo hasta el 17/06/2026, lo que indica que el contenido del decreto‑ley aún puede ser modificado sustancialmente durante la tramitación como ley (ver publicación).

Financiación de la dependencia en el Senado

Desde el punto de vista autonómico, también es relevante la Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, para garantizar una financiación justa y adecuada al SAAD, registrada en el Senado por el Grupo Izquierdas por la Independencia. Su objetivo es reforzar la suficiencia financiera del sistema de dependencia, que se presta mayoritariamente por las comunidades autónomas. La proposición está en tramitación, con una propuesta de ley alternativa presentada el 12/12/2024, lo que evidencia que el texto inicial ha generado contrapropuestas y que el resultado final está abierto (ver publicación).

Reformas fiscales en curso

Proyecto de reforma general de la legislación tributaria

En el ámbito estrictamente fiscal, el Gobierno impulsa en el Congreso el Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF y la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Se trata de una reforma de carácter general sobre prescripción, recaudación, asistencia mutua y aspectos concretos de IRPF y Sucesiones y Donaciones. La iniciativa está en tramitación, con el periodo de enmiendas ya cerrado y pendiente de informe y dictamen, lo que supone que entra en una fase más técnica (ponencia y comisión) antes de su eventual debate y votación en Pleno (ver publicación).

Proposiciones de ley de origen senatorial sobre fiscalidad

Junto a la reforma gubernamental, han llegado al Congreso varias proposiciones de ley procedentes del Senado que buscan modificar aspectos concretos de la fiscalidad:

Por un lado, la Proposición de Ley para ajustar el límite exento del IRPF al SMI, impulsada por el Grupo Popular en el Senado, persigue vincular el umbral libre de tributación en IRPF al salario mínimo interprofesional, con impacto directo en contribuyentes con rentas más bajas. Está en tramitación en el Congreso, con plazo de enmiendas ampliado hasta el 17/06/2026, de modo que la cámara baja todavía no ha fijado una posición consolidada (ver publicación).

De manera similar, la Proposición de Ley por la que se reforma la fiscalidad del sector primario, también de origen popular, plantea una fiscalidad específica para el sector agrario, ganadero y pesquero. Se encuentra igualmente en fase de enmiendas en el Congreso (ampliadas hasta el 17/06/2026), lo que demuestra que todavía hay margen de negociación sobre los beneficios o ajustes tributarios propuestos (ver publicación).

Finalmente, destaca la Proposición de Ley para la rebaja de la presión fiscal a las pymes y los autónomos, que procede del Senado a iniciativa del Grupo Plural y otros. Su finalidad es aliviar la carga tributaria de estas figuras clave del tejido económico. Tal como consta en el registro del Congreso, está también en tramitación con plazo de enmiendas ampliado hasta el 17/06/2026, alineándose temporalmente con el resto de proposiciones fiscales de origen senatorial (ver publicación).

Régimen local y reparto competencial

Más allá de la financiación, se tramitan reformas puntuales sobre el régimen local, que forman parte del entramado territorial. En el Congreso se encuentra la Proposición de Ley para la modificación del artículo 92 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procedente del Senado, que afecta al estatuto de los funcionarios con habilitación nacional. Está en fase de enmiendas con ampliación hasta el 17/06/2026, por lo que aún no se ha cerrado su contenido definitivo (ver publicación).

En el Senado, el debate territorial se proyecta también sobre el ámbito municipal mediante la Proposición de Ley de reforma de la Ley 7/1985, para el reconocimiento de entidades de ámbito territorial inferior al municipal y mejora de la participación telemática, promovida por Esquerra Republicana‑Euskal Herria Bildu. Esta iniciativa busca ajustar el mapa submunicipal y modernizar mecanismos de participación, incidiendo en el reparto de poder territorial en la base del sistema. Está en tramitación, con una propuesta de ley alternativa presentada el 07/03/2024, muestra de un debate abierto sobre hasta dónde ampliar el reconocimiento de entidades inframunicipales y cómo articular la participación a distancia (ver publicación).

Iniciativas concluidas y ausencia de reforma global

Entre las iniciativas ya cerradas figura el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, aprobado definitivamente el 19/12/2024. Aunque se trata de una reforma relevante en términos organizativos, las fuentes parlamentarias señalan que no afecta directamente al modelo territorial ni a la financiación autonómica, por lo que su impacto sobre el sistema autonómico es indirecto (ver publicación).

Con la información disponible, no se identifican en esta legislatura ni una reforma constitucional explícita del modelo autonómico ni la creación formal de una gran comisión o ponencia de revisión integral del sistema autonómico o de la financiación autonómica. El panorama actual es, por tanto, de reformas parciales en financiación, fiscalidad y régimen local, con muchas de ellas en fases muy iniciales (plazos de enmiendas amplios), lo que anticipa un debate prolongado y sujeto a acuerdos políticos que todavía no se han concretado.

¿Cuáles son las competencias y funciones legales atribuidas a los presidentes autonómicos en la gestión de servicios públicos y fiscalidad?

Competencias y funciones de los presidentes autonómicos en servicios públicos y fiscalidad

Resumen inicial

Los presidentes autonómicos son la máxima autoridad política y administrativa de cada comunidad y concentran la dirección general de la acción de gobierno, incluida la gestión de servicios públicos y la política fiscal dentro del marco constitucional y estatutario. No tienen poder tributario ilimitado, pero sí capacidad para proponer y ejecutar la política fiscal autonómica (tipos, deducciones y bonificaciones en tributos cedidos, tasas propias, presupuesto). En materia de servicios públicos, dirigen y coordinan la actuación de las consejerías responsables de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, transporte, etc., fijando prioridades políticas y aprobando la planificación estratégica. Todo ello se ejerce bajo control parlamentario y con los límites de la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la legislación básica del Estado.

Fundamento jurídico del cargo y posición institucional

El artículo 152 de la Constitución Española configura al presidente autonómico como el órgano ejecutivo superior de la comunidad y su máximo representante, así como representante ordinario del Estado en el territorio. Los Estatutos de Autonomía desarrollan esta previsión, atribuyéndole la dirección de la acción de gobierno y la potestad de nombrar y cesar a los consejeros. Desde esa posición, todas las competencias sectoriales de la comunidad (sanidad, educación, servicios sociales, ordenación del territorio, etc.) se articulan políticamente a través de sus decisiones, del Consejo de Gobierno que preside y de los instrumentos normativos y presupuestarios que impulsa.

Funciones generales en la gestión de servicios públicos

En la gestión de los servicios públicos autonómicos, las funciones legales del presidente se concentran en la dirección política y la coordinación, más que en la gestión directa. Entre las funciones típicas que recogen los Estatutos y las leyes de gobierno autonómico destacan:

En primer lugar, la dirección de la acción de gobierno: fija las grandes prioridades en sanidad, educación, dependencia, transporte o vivienda, y orienta los planes sectoriales que elaboran las consejerías competentes. En segundo lugar, la presidencia del Consejo de Gobierno, donde se aprueban los proyectos de ley y los decretos que organizan y regulan los servicios públicos (por ejemplo, leyes de servicios sociales, leyes de salud, normativas de transporte o vivienda protegida). También le corresponde la impulsión normativa, proponiendo al Consejo de Gobierno anteproyectos de ley que, una vez remitidos a los parlamentos autonómicos, pueden configurar el marco de prestación de los servicios (cartera de servicios sanitarios, etapas educativas, requisitos de acreditación de centros, etc.).

Además, ejerce la coordinación interdepartamental, necesaria cuando una política pública involucra a varias consejerías (por ejemplo, envejecimiento, inclusión social o transición ecológica), y la representación institucional de la comunidad ante el Estado y la Unión Europea en los ámbitos sectoriales en los que la comunidad tiene competencias, participando en conferencias sectoriales y órganos de cooperación.

Competencias en materia fiscal y presupuestaria

En el ámbito fiscal, las comunidades autónomas tienen un poder tributario limitado pero relevante sobre los denominados tributos cedidos (IRPF en parte, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, algunos impuestos medioambientales), así como sobre tasas y precios públicos propios. El presidente no legisla directamente, pero dirige y responde políticamente de la configuración de esta fiscalidad.

Entre sus funciones legales más importantes está la elaboración y aprobación en Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Presupuestos, que posteriormente se remite al parlamento autonómico. Ese proyecto recoge la política de ingresos (previsiones tributarias, uso de recargos, tasas, endeudamiento) y la política de gasto (dotación de sanidad, educación, servicios sociales, etc.). La estrategia fiscal autonómica (subir o bajar tipos en tributos cedidos, introducir o eliminar deducciones, bonificar determinados impuestos) se define políticamente por el presidente y su equipo económico, aunque requiera aprobación parlamentaria.

Asimismo, el presidente preside el órgano colegiado que puede aprobar decretos-ley autonómicos en algunas comunidades (cuando lo prevé el Estatuto), utilizados en ocasiones para adoptar medidas tributarias o de gestión de servicios públicos en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, que luego deben ser convalidados por el parlamento. También interviene en la negociación del sistema de financiación autonómica con el Gobierno central, defendiendo los recursos necesarios para sostener los servicios públicos de su comunidad, y en la relación con las entidades locales respecto a competencias compartidas o delegadas.

Límites y controles

Todas estas funciones se ejercen con límites claros. En primer lugar, la comunidad debe respetar las bases y la legislación estatal en materias como sanidad, educación, hacienda general o seguridad social, que fijan un marco mínimo común. En segundo lugar, el presidente responde políticamente ante el parlamento autonómico, que puede exigir su responsabilidad mediante debates, aprobación o rechazo de presupuestos y, en su caso, mociones de censura. Por último, las decisiones en materia de servicios públicos y fiscalidad están sometidas al control de los tribunales (constitucional y ordinarios), que pueden anular normas o actos que vulneren el orden competencial o derechos fundamentales.

¿Cuáles han sido los resultados de las últimas elecciones autonómicas en las comunidades gestionadas por el Partido Popular?

Las últimas elecciones autonómicas en las comunidades actualmente gobernadas por el Partido Popular (PP) han consolidado un mapa muy favorable para este partido, aunque con fórmulas de gobierno distintas. El PP gobierna en solitario con mayoría absoluta en Andalucía (2022), Comunidad de Madrid y Galicia, mientras que en Aragón, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Cantabria y Región de Murcia depende de Vox mediante coaliciones o acuerdos de investidura. En casi todos los casos, la suma PP‑Vox es el eje que garantiza la gobernabilidad. A continuación se detalla, comunidad por comunidad, el resultado electoral y el tipo de gobierno resultante según los datos más recientes disponibles a 16 de junio de 2026.

Comunidades con mayoría absoluta del PP

Andalucía

La última elección autonómica computada como referencia institucional sigue siendo la del 19 de junio de 2022, en la que el PP obtuvo una mayoría absoluta. El reparto de escaños fue: PP 58, PSOE‑A 30, Vox 14, Por Andalucía 5 y Adelante Andalucía 2, lo que permitió a Juanma Moreno gobernar en solitario, sin necesidad de pactos formales. Según el resumen electoral de Historia Electoral, esta mayoría supuso un cambio estructural en el mapa andaluz al consolidar al PP como fuerza hegemónica.

Informaciones posteriores de prensa sanitaria, como Redacción Médica, han descrito un escenario en 2026 en el que el PP perdería esa mayoría y pasaría a depender de Vox, pero a efectos de “últimas elecciones oficialmente celebradas” en el ciclo autonómico ordinario, los datos vigentes siguen siendo los de 2022.

Comunidad de Madrid

En la Comunidad de Madrid, las últimas autonómicas fueron el 4 de mayo de 2023. El PP liderado por Isabel Díaz Ayuso obtuvo también mayoría absoluta con el siguiente reparto: PP 71 escaños; PSOE‑M 27; Más Madrid 27; Vox 11; Unidas Podemos 10, de acuerdo con el compendio de resultados autonómicos de Historia Electoral y el resumen de las elecciones autonómicas de 2023. Esta mayoría permite al PP gobernar en solitario, sin acuerdos de coalición.

Galicia

Galicia celebró elecciones autonómicas el 18 de febrero de 2024. El resultado fue: PP 40 escaños, BNG 25, PSdeG‑PSOE 9 y Democracia Ourensana 1, según el informe oficial de resultados de la Xunta disponible en Consellería de Presidencia. Con 40 de 75 escaños, el PP logró de nuevo mayoría absoluta, lo que permitió a Alfonso Rueda revalidar la presidencia y gobernar en solitario.

Comunidades donde el PP gobierna con Vox (coalición o apoyo clave)

Castilla y León

En Castilla y León, las últimas autonómicas se celebraron el 13 de febrero de 2022. El reparto fue: PP 31, PSOE 28, Vox 13, UPL 3, Soria ¡Ya! 3, Unidas Podemos 1, Cs 1 y Por Ávila 1, según los datos oficiales recogidos por RTVE (resultados 2022) y resumidos en Historia Electoral. La suma PP‑Vox permitió un gobierno de coalición PP‑Vox, con Alfonso Fernández Mañueco (PP) como presidente y Vox entrando en el Ejecutivo.

Información sectorial posterior, como Redacción Médica, detalla que el pacto incluye 19 áreas y 324 medidas, con el PP reteniendo sanidad y bienestar social, mientras Vox asume otras carteras como Agricultura y Medio Ambiente, consolidando la alianza para toda la legislatura.

Aragón

En Aragón, las autonómicas del 28 de mayo de 2023 dejaron este parlamento: PP 28, PSOE 23, Vox 7, CHA 3, PAR 3, Podemos 1, IU 1 y Teruel Existe 3, de acuerdo con el compendio electoral de Historia Electoral y el resumen nacional de las autonómicas de 2023. Con estos resultados se conformó un gobierno de coalición PP‑Vox encabezado por Jorge Azcón (PP).

Illes Balears

En Baleares, también el 28 de mayo de 2023, el resultado fue: PP 25 escaños, PSOE 17, Vox 8, Més per Mallorca 4, Més per Menorca 2, Podemos 1 y El Pi 1. Estos datos, recogidos en Historia Electoral y en el resumen de 2023, permitieron la investidura de Marga Prohens (PP) con un acuerdo PP‑Vox. Formalmente es un gobierno del PP con apoyo determinante de Vox en el Parlament.

La Rioja

La Rioja celebró elecciones el 28 de mayo de 2023. El parlamento resultante fue: PP 17, PSOE 12, Vox 2 y Podemos‑IU 2. Con esa aritmética, Gonzalo Capellán (PP) fue investido presidente con apoyo de Vox, en una fórmula que combina gobierno del PP y respaldo parlamentario de la derecha radical, según el resumen recogido en Historia Electoral.

Comunidades con gobierno del PP en minoría apoyado por Vox

Cantabria

En Cantabria, las autonómicas del 28 de mayo de 2023 arrojaron el siguiente reparto: PP 15, PRC 8, PSOE 8 y Vox 5. Según el análisis agregado en Historia Electoral, María José Sáenz de Buruaga (PP) fue investida presidenta y el PP gobierna en minoría con apoyo clave de Vox en el Parlamento cántabro.

Región de Murcia

En la Región de Murcia, las últimas elecciones se celebraron el 28 de mayo de 2023, con el siguiente resultado: PP 21 escaños, PSOE 13, Vox 9 y Podemos‑IU‑Verdes‑AV 2. De acuerdo con los datos recogidos en Historia Electoral y sintetizados en el balance de 2023, Fernando López Miras (PP) revalidó la presidencia. El PP gobierna en minoría, dependiendo del apoyo parlamentario de Vox para sacar adelante investidura y principales leyes.

Resumen político

En conjunto, el PP gobierna hoy Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Galicia y La Rioja. En Andalucía (2022), Madrid y Galicia obtuvo mayorías absolutas que le permiten gobernar en solitario. En Aragón, Castilla y León, Baleares y La Rioja gobierna en coalición o con pactos estables con Vox, mientras que en Cantabria y Murcia se apoya en mayorías parlamentarias variables donde Vox es su socio imprescindible. El patrón común en todas estas comunidades es que la derecha se articula alrededor del PP, con Vox como aliado de gobierno o apoyo externo decisivo.

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¿Qué opina Unai Sordo sobre el sistema público de pensiones en España?

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