El expediente iniciado por la Junta de Extremadura para otorgar la máxima protección a la Cruz de los Caídos de Cáceres ha reavivado el choque político entre los socios del Ejecutivo autonómico, PP y Vox, y la oposición de izquierdas. Mientras los partidos del gobierno defienden la permanencia del monumento como “elemento integrador” para la ciudadanía cacereña, PSOE y Unidas por Extremadura reclaman que se cierre el procedimiento y se proceda a su retirada en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
El debate se ha desarrollado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deportes de la Asamblea de Extremadura, donde ha vuelto a comparecer la directora general de Patrimonio Cultural y Patrimonial, Adela Rueda Márquez, a instancias de Unidas por Extremadura y apenas tres semanas después de su anterior intervención sobre el mismo asunto. Rueda ha insistido en que el trámite abierto es “extremadamente garantista” y ha asegurado que se dará respuesta al centenar de alegaciones presentadas.
La responsable de Patrimonio ha remarcado que la incoación del expediente no implica su aprobación automática, aunque ha recordado que existen precedentes de otros monumentos cuya demolición fue frenada por los tribunales tras someterse a procesos de resignificación. Ha aludido, además, a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha “echado para atrás” la demolición de varias cruces una vez reinterpretadas.
Rueda ha rememorado que en 1984 la Cruz de los Caídos fue objeto de modificaciones para eliminar inscripciones de exaltación al bando franquista y extender el homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil. Posteriormente, en 2010, el monumento pasó a estar catalogado dentro del Plan General de Cáceres, lo que ya supuso un reconocimiento de su valor patrimonial.
Críticas de PSOE y Unidas: maniobra política y “imposición” de Vox
PSOE y Unidas por Extremadura interpretan la apertura del expediente como una vía de la Junta para eludir la orden estatal de retirada, después de que la Cruz haya sido incluida en el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. A su juicio, el procedimiento responde al compromiso adquirido por PP y Vox en su acuerdo de gobierno, que contempla la continuidad del monumento.
El diputado de Unidas por Extremadura David Araujo ha sostenido que el impulso a la protección de la Cruz en este momento no es más que “una respuesta política” a la resolución del Gobierno central. Considera que no existen “elementos que justifiquen esta declaración” y que “solo lo hace ahora porque sus socios de Vox se lo imponen”. Ha cuestionado también “¿Hasta qué punto la Junta de Extremadura está dispuesta por mantenerse en el Gobierno, mantener los sillones, a conculcar el derecho de reparación de las víctimas del franquismo en nuestra tierra?”.
Araujo ha defendido que “la Cruz de los Caídos de Cáceres no es un monumento resignificado” y que su permanencia en la Plaza de América solo se explica porque desde la Junta “asumen el discurso y la tesis de sus socios de Gobierno”, lo que, a su entender, supone un “error” y va “en el sentido contrario al que deberíamos para consolidar una democracia plena en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma”. A su juicio, no basta con “cambiar una placa que se puso para homenajear a los caídos de un bando para hacerla extensiva a todos los muertos de la guerra” para resignificar un símbolo, ya que “no se ha cambiado la concepción” del mismo.
En la misma línea, el diputado socialista Gonzalo Romero Barba ha denunciado la paradoja que, según él, se vive en Extremadura, donde mientras las asociaciones memorialistas e “instituciones comprometidas” promueven lugares de memoria democrática y “rescatan de las fosas los restos de cientos de represaliados para devolverles la dignidad, el Gobierno de la señora Guardiola pretende blindar con la máxima protección patrimonial la Cruz de los Caídos, erigida precisamente para enaltecimiento del régimen que les sometió y les asesinó”.
Romero ha rechazado que se intente “disfrazar de tutela cultural lo que es una maniobra de sumisión política para eludir la ley de memoria democrática y cumplir las exigencias impuestas por Vox”. A su entender, detrás del expediente solo hay “la servidumbre partidista”, algo que cree que ha quedado patente en la intervención del diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo. “Ellos abiertamente manifiestan que la Cruz no se toca y que la tramitación del BIC constituye un requisito exigido para sostener el acuerdo de gobierno”, ha afirmado.
Vox defiende la Cruz y augura cambios en la Ley de Memoria
Por su parte, el diputado de Vox ha subrayado que en Extremadura gobiernan “dos partidos políticos perfectamente democráticos” por decisión de los ciudadanos en las últimas elecciones, y ha recordado que “una de las condiciones” que ha “impuesto” su formación ha sido “la conservación de la Cruz de Cáceres como un elemento integrador de todos cuantos murieron en la guerra civil, de unos y de otros”.
Gordillo ha reiterado que su grupo hará “todo lo posible para que la Cruz de Cáceres siga donde está” y ha advertido “sin ningún tipo de vacilación” de que, si finalmente fuera derribada, la volverían a levantar. Además, ha expresado su confianza en mantener el monumento al considerar que la Ley de Memoria Democrática tendrá una “corta vida”. “Tengo alguna sospecha de que las cosas van a cambiar en España para bien, y una de las cosas que cambiarán para bien es que la historia se dejará a juicio de los historiadores y de los españoles”, ha añadido.
El PP reivindica la Cruz como símbolo patrimonial y lugar de encuentro
En el turno del Partido Popular, la diputada Luisa Durán Pagador ha defendido la “coherencia, rigor técnico y absoluto respeto a todo el procedimiento” con el que se está tramitando el expediente. Ha replicado a PSOE y Unidas por Extremadura que su “única preocupación y ocupación es derribar monumentos y enfrentar a los extremeños”.
Durán ha descrito la Cruz como “un símbolo indiscutible del patrimonio de la ciudad de Cáceres y que así la ciudadanía de Cáceres así lo reconoce, es un punto de encuentro que lleva generaciones formando parte de la vida cotidiana de los cacereños”. Ha recalcado que se trata de un monumento que “no pertenece a ningún partido político, ni a ninguna ideología, ni a ningún Gobierno”.
Según la diputada popular, su preservación “no responde a ninguna imposición”, sino “a la coherencia y a la protección del patrimonio cultural de Extremadura”, y ha advertido de que “el patrimonio no puede ser utilizado con fines partidistas para romper la concordia que nuestros padres y nuestros abuelos alcanzaron con tanta generosidad y con tanta altura de miras en la transición”.
Durán ha sostenido, además, que la orden de retirada de la Cruz “sí fue una respuesta política de Pedro Sánchez ante un nefasto resultado en las elecciones en las pasadas elecciones en Extremadura”, ya que “fue justo entonces cuando llegó el procedimiento del ministerio para su retirada”.