Quién gana y quién pierde en cada comunidad autónoma en las elecciones del 29N: Vox avanza y el PSOE retrocede

Tras unas elecciones generales en España, la Constitución y los Reglamentos del Congreso y del Senado fijan una cadena bastante tasada de actos hasta llegar, en su caso, a la investidura del presidente del Gobierno. Se puede resumir en tres grandes bloques: proclamación de electos, constitución de las Cámaras (con elección de su Mesa) y procedimiento de investidura.

1. De las elecciones a la proclamación de electos

Celebradas las elecciones, se realiza el escrutinio general y la Junta Electoral Central proclama a los diputados y senadores electos. A cada uno se le expide su credencial, requisito indispensable para poder adquirir la condición plena de diputado o senador en la sesión constitutiva.

Paralelamente, el Gobierno saliente continúa en funciones y las anteriores Cortes quedan disueltas; solo permanece activa la Diputación Permanente, que, de acuerdo con la Constitución, puede asumir durante este periodo muy limitadas competencias en materia de decretos-ley y estados de alarma, excepción y sitio, hasta que se reúnan las nuevas Cámaras.

2. Constitución del Congreso (y del Senado)

La Constitución establece que el Congreso y el Senado deben constituirse dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. La convocatoria de esta sesión constitutiva la firma el Rey, normalmente a propuesta del Gobierno.

En el Congreso, la sesión constitutiva se abre con la llamada Mesa de edad (el diputado de mayor edad como presidente y los dos más jóvenes como secretarios), que comprueba credenciales y configura la lista de asistentes. A continuación, los diputados prestan juramento o promesa de acatar la Constitución, condición necesaria para adquirir la plena condición parlamentaria.

El paso decisivo es la elección de la Mesa del Congreso, órgano de gobierno interno de la Cámara. Se eligen:

• Primero, al presidente del Congreso, mediante votación secreta por papeleta.
• En la primera votación se exige mayoría absoluta del total de diputados.
• Si nadie la alcanza, se celebra una segunda vuelta entre los dos más votados y resulta elegido quien obtiene más votos (mayoría simple).
• Después se eligen vicepresidentes y secretarios, también por votación secreta.

En el Senado se sigue un esquema muy similar: sesión constitutiva, Mesa de edad, juramento o promesa de los senadores y elección de presidente del Senado y resto de la Mesa conforme a su Reglamento.

Una vez elegidas las Mesas, se constituyen los grupos parlamentarios. Tras la sesión constitutiva, los partidos y coaliciones disponen de un breve plazo (habitualmente en torno a cinco días hábiles) para solicitar su constitución. La Mesa verifica si cumplen los requisitos numéricos y, en caso afirmativo, los reconoce; quienes no alcanzan esos mínimos pasan al Grupo Mixto.

3. Comunicación al Rey y designación de candidato

Constituida la Cámara, el presidente del Congreso comunica formalmente al Rey la formación del nuevo Congreso y la relación de grupos parlamentarios. A partir de ese momento se activa el mecanismo del artículo 99 de la Constitución.

El Rey abre una ronda de consultas con los representantes que designe cada grupo parlamentario con presencia en el Congreso. Estas consultas tienen por objeto identificar qué dirigente político cuenta con más opciones de obtener el apoyo necesario. Concluidas las consultas, el Rey propone un candidato a la presidencia del Gobierno al Congreso, a través de su presidente.

4. Debate y votaciones de investidura

El presidente del Congreso convoca entonces el Pleno de investidura y fija la fecha del debate. El esquema básico es:

• Intervención inicial del candidato, presentando su programa de Gobierno, sin límite estricto de tiempo.
• Turnos de los grupos parlamentarios, con réplicas y contrarréplicas reguladas por el Reglamento.

Concluido el debate, se celebra la primera votación de investidura. Para ser elegido en esta primera votación, el candidato necesita mayoría absoluta de los votos del Congreso (más votos a favor que la mitad del número total de diputados).

Si no la obtiene, se celebra una segunda votación 48 horas después, en la que basta la mayoría simple (más votos a favor que en contra). Si el candidato tampoco resulta elegido en esta segunda votación, el Rey puede realizar nuevas consultas y proponer otros candidatos sucesivos, repitiendo el esquema debate–votaciones.

La Constitución fija un plazo máximo: si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato haya sido investido, las Cortes se disuelven automáticamente y se convocan nuevas elecciones. Hasta entonces, el Gobierno sigue en funciones.

En resumen, desde las elecciones hasta la investidura o, en su caso, la convocatoria de nuevos comicios, el núcleo del procedimiento se desarrolla en el Congreso: se constituye la Cámara, se elige a su presidente y la Mesa, se forman los grupos, se comunican estos datos al Rey y se sustancia en Pleno el debate y las votaciones de investidura conforme a las mayorías y plazos fijados por la Constitución y el Reglamento.

Los presidentes autonómicos no tienen, como tal, un “bloque” de competencias propias sobre la representación en el Congreso de los Diputados. Su relación con el Congreso viene dada por tres planos distintos: su posición institucional como jefes del ejecutivo autonómico, su eventual condición personal de diputados (si concurren a unas generales) y los mecanismos formales de relación entre Comunidades Autónomas y Cortes Generales. Sobre esa base se entiende también que carecen de poder jurídico para ordenar la actuación de los diputados elegidos en su territorio.

(1) Papel institucional general frente al Congreso

Desde la Constitución y los Estatutos de Autonomía, el presidente autonómico es el máximo representante de la Comunidad Autónoma y el ordinario del Estado en ella, y dirige el gobierno autonómico. Esa posición genera una relación política intensa con el Congreso, pero no se traduce en poderes propios sobre su funcionamiento interno.

• Relación política y cooperativa: el presidente lidera la posición de su Comunidad en conferencias sectoriales y en la Conferencia de Presidentes, coordina con el Gobierno de la Nación y con los grupos parlamentarios estatales, y negocia leyes estatales que afectan a competencias autonómicas. Pero esto se articula mediante negociación política, no mediante poderes reglamentarios en el Congreso.
• Iniciativa legislativa desde la Comunidad Autónoma: el artículo 87.2 de la Constitución reconoce a las Asambleas legislativas autonómicas el derecho de presentar proposiciones de ley ante el Congreso. Formalmente el sujeto es el parlamento autonómico, no el presidente; en la práctica, muchas veces es el propio presidente quien impulsa políticamente la iniciativa dentro de su Parlamento y luego encabeza su defensa pública.
• Comunicación institucional: los Reglamentos y la práctica parlamentaria prevén actos del Congreso “en relación con las Comunidades Autónomas” (acuerdos de cooperación, leyes de armonización, etc.). El interlocutor formal es la Comunidad Autónoma o su Asamblea, pero el presidente suele ser quien representa políticamente a la Comunidad en esas relaciones.

En resumen, el presidente autonómico es un actor político clave frente al Congreso, pero su “poder” en este plano es básicamente de influencia y negociación, no una competencia jurídica sobre la representación.

(2) Si el presidente autonómico es elegido diputado nacional

Si una persona que es presidente autonómico se presenta a elecciones generales y resulta elegida diputada:

• Régimen de incompatibilidades: la Constitución y la legislación electoral establecen incompatibilidades entre determinados cargos ejecutivos autonómicos y el mandato de diputado nacional. En la práctica, no se puede ejercer de forma estable a la vez la Presidencia autonómica y el escaño en el Congreso: o bien no se adquiere uno de los cargos, o bien se cesa en uno de ellos en un breve plazo.
• Una vez diputado: si finalmente ocupa un escaño, actúa como diputado a título individual, con los mismos derechos, deberes, prerrogativas y régimen de disciplina que cualquier otro miembro del Congreso. Su condición (anterior o futura) de presidente autonómico no crea facultades adicionales en el Reglamento del Congreso.

(3) Formas de relación con el Congreso

• Comparecencias: las comisiones del Congreso pueden llamar a comparecer a autoridades autonómicas. Entre ellas, pueden invitar expresamente a presidentes de Comunidad Autónoma para informar sobre materias de su competencia (financiación, ejecución de leyes estatales, políticas sectoriales, etc.). Es una relación de control político e información, similar a la que existe con ministros u otras autoridades.
• Defensa de iniciativas autonómicas: cuando una Asamblea autonómica registra una proposición de ley ante el Congreso, la normativa interna prevé que una delegación de dicha Asamblea defienda el texto en el trámite de toma en consideración. Esa delegación puede incluir a su presidente autonómico si así lo decide el propio parlamento regional, pero no porque el presidente tenga un derecho propio a hacerlo.
• Participación en debates generales: los grandes debates políticos sobre la organización territorial del Estado (financiación autonómica, armonización, etc.) pueden motivar la presencia del presidente autonómico en Madrid y sus contactos con grupos parlamentarios, pero el protagonismo en el Pleno corresponde siempre a diputados y miembros del Gobierno de la Nación.

(4) ¿Pueden ordenar la actuación de “sus” diputados?

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la respuesta es clara:

• Los diputados del Congreso representan al conjunto del pueblo español, no a su circunscripción ni a una Comunidad Autónoma concreta, y ejercen un mandato representativo libre (no imperativo). Ninguna autoridad, tampoco un presidente autonómico, puede jurídicamente obligarles a votar en un sentido determinado.
• La relación es, por tanto, política y partidista, no jurídica: si el presidente autonómico es también líder territorial de un partido, puede influir en las listas, en la estrategia y en la disciplina interna del grupo parlamentario de ese partido. Pero esa influencia se ejerce a través de la organización del partido, no de un poder público formal reconocido en la Constitución, los Estatutos o el Reglamento del Congreso.

En conclusión, los presidentes autonómicos tienen una posición muy relevante en la dinámica política que rodea al Congreso, pero sus competencias específicas sobre la representación en la Cámara son, en esencia, indirectas y de naturaleza política, no poderes jurídicos de dirección sobre los diputados.

En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 al Congreso de los Diputados, el Partido Popular fue la fuerza más votada en España, seguido muy de cerca por el PSOE, con un reparto de escaños muy fragmentado y un papel decisivo de las formaciones nacionalistas y regionalistas. A continuación te resumo los resultados estatales por partido y el mapa autonómico tal y como reflejan los datos oficiales del escrutinio.

Resultados estatales (Congreso de los Diputados)

A nivel estatal, la distribución de voto y escaños por partido fue la siguiente (sobre un total de 350 diputados y una participación del 70,40 %):

En términos de bloques, PP y Vox sumaron 170 escaños, mientras que PSOE y Sumar alcanzaron 152. El resto (34 diputados) correspondió a fuerzas nacionalistas y regionalistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, Coalición Canaria y UPN), cuya posición resultó clave para la investidura y la gobernabilidad.

Resultados por comunidades y ciudades autónomas

La siguiente tabla recoge, para cada comunidad o ciudad autónoma, la candidatura más votada, su porcentaje y la distribución global de escaños asignados en ese territorio:

Lectura territorial del resultado

En términos territoriales, el PP fue primera fuerza en la mayoría de las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, con especial fortaleza en Galicia, Castilla y León, La Rioja, Madrid o Murcia. El PSOE se situó en cabeza en Asturias, Canarias y Cataluña (a través del PSC), mientras que en el País Vasco la victoria correspondió a EH Bildu, por delante del PNV. El resultado confirmó un mapa muy plural, con presencia significativa de fuerzas estatales y nacionalistas, y sin mayorías absolutas ni a nivel estatal ni en la mayoría de los territorios.