La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha anunciado este viernes que su grupo ha registrado en la Asamblea de Extremadura una iniciativa para que se rebaje de 280 a 165 el número de días trabajados que se exige al profesorado interino durante el curso con el fin de percibir el salario correspondiente a los meses de verano, julio y agosto.
De Miguel ha recordado que esta regulación se basa en el decreto 122/2012, aprobado en el "marco de los recortes" del Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy, cuando José Ignacio Wert era ministro de Educación, y del gobierno autonómico presidido por el también 'popular' José Antonio Monago.
En aquel momento, en 2012, se fijó un nuevo sistema para el personal docente interino que elevó hasta 280 los días necesarios para cobrar en verano. No obstante, la dirigente de Unidas por Extremadura considera que esta norma supone "una injusticia tremenda y un agravio comparativo con otras regiones" como Cataluña, donde se exigen 165 días, por lo que reclama volver al escenario anterior a 2012, cuando el mínimo se situaba precisamente en esos 165 días.
"Exigimos que se derogue este decreto, que se implante los 165 días que había y que se vuelva a la normalidad porque, ante los presupuestos históricos más grandes, no puede ser que se esté recortando a nuestros docentes, sobre todo a los interinos, negándoles ese derecho al descanso que tienen", ha señalado la portavoz ante los medios tras registrar la propuesta.
"Si han cotizado 165 días al año trabajando como docentes en la escuela pública, tienen derecho a cobrar el verano y tienen derecho a puntuarlo", ha insistido De Miguel, que también ha reclamado que esos 165 días computen del mismo modo, tanto si se realizan de forma continuada como si no.
Un plan estratégico para la biometanización en Extremadura
Junto a esta iniciativa, Unidas por Extremadura ha presentado este viernes una segunda propuesta orientada a poner en marcha un plan estratégico de biometanización en la comunidad.
Sobre este asunto, Irene de Miguel ha advertido de que en Extremadura se está produciendo una "proliferación de plantas de biometano", con especial preocupación por las 'macroplantas', cuyo propósito sería tratar "residuos orgánicos, purines de cerdos, residuos de agroindustrias, lodos de depuraduras" en volúmenes que, según ha indicado, "está totalmente fuera" de la capacidad real de generación de residuos en la región.
"Eso quiere decir que nos vamos a convertir en el estercolero de este país e, incluso, de este continente", ha criticado De Miguel.
La formación reclama que se impulse este plan, siguiendo el ejemplo de otras autonomías, con el fin de garantizar una "ordenación adecuada" de las plantas de biometano, que su tamaño "sea la adecuada" a los residuos existentes y que su ubicación tenga en cuenta la participación de la ciudadanía.
En esta línea, ha subrayado que estas plantas pueden provocar impactos en el territorio y en la salud, así como contaminación. Por ello, considera imprescindible que se instalen "con el beneplácito de la gente que las va a sufrir".
Asimismo, ha planteado una moratoria de dos años para nuevas instalaciones de este tipo, de forma que se disponga de tiempo suficiente para elaborar y aplicar el plan estratégico. A juicio de Irene de Miguel, estas infraestructuras "están proliferando pero "sin orden ni concierto y, sobre todo, sin atender a la voluntad popular, a la voluntad de la ciudadanía que la va a sufrir".
En este contexto, cabe recordar que el pasado 12 de junio vecinos de Granja de Torrehermosa se manifestaron en la localidad y llegaron a cortar la carretera N-432 para mostrar su rechazo a la 'macroplanta' de biometano proyectada en el municipio.