El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García, ha defendido en el Parlamento gallego que la Consellería ha mantenido hasta ahora 78 encuentros con personas afectadas por los Proyectos de Interés Autonómico (PIA), frente a unas fuerzas de la oposición que han cargado contra la estrategia urbanística del Gobierno autonómico.
Durante su comparecencia en la Comisión 2ª de Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, el alto cargo de la Xunta ha recalcado que continuarán sentándose con los vecinos “las veces que haga falta” para “buscar soluciones a los problemas que surjan” y ha reclamado que no se acuse al Ejecutivo gallego “de falta de diálogo”.
García ha concretado que, de las 78 reuniones celebradas, 45 fueron entrevistas individuales con propietarios de viviendas y otras 33 tuvieron un carácter colectivo, con la participación de dueños de suelo y viviendas, empresas y representantes vecinales.
Según ha explicado, en la actualidad la Xunta impulsa 13 proyectos de interés autonómico repartidos en 12 municipios, una figura con la que se pretende desbloquear ámbitos recogidos en el planeamiento urbanístico que llevaban años sin desarrollarse.
De esos 13 PIA en marcha, siete disponen ya de aprobación inicial: Monte Mero, en A Coruña; Sagrado Corazón, en Lugo; Escorial-Vinteún, en Ourense; Ofimático, en Vigo; A Baiuca-Penouqueira, en Arteixo; San Mauro, en Pontevedra; y Mallou, en Santiago.
La previsión que ha avanzado el secretario xeral es sacar a licitación las obras de urbanización en 2027. En paralelo, los otros seis proyectos siguen su tramitación en diferentes fases en los ámbitos de Cantabria-Ramón Nieto-Santa Cristina, en Vigo; Vilagarcía de Arousa; Marín; O Porriño; Ribadeo; y Cangas.
En el arranque de su intervención, García ha recordado que “sin suelo disponible, urbanizado y preparado para construir no puede haber una respuesta al problema de la vivienda” y ha insistido en la necesidad de contar con suelo “en el que se pueda construir a precios accesibles y que sea de forma permanente”. A su juicio, “el suelo urbanizable no puede permanecer indefinidamente sin desarrollar cuando existe una necesidad social”.
Diálogo con los afectados y garantías
En este contexto, el responsable de Vivenda ha señalado que la actuación de la Xunta diferencia entre terrenos sin edificar y viviendas u otras construcciones ya existentes, “con garantías y compensaciones previstas en la normativa”.
En los ámbitos de San Mauro (Pontevedra), Sagrado Corazón (Lugo) y Escorial-Vinteún (Ourense), ha indicado que “ya se reguló el procedimiento de participación de los propietarios de los terrenos”, lo que permite que se integren en el desarrollo urbanístico y reciban parcelas resultantes.
Respecto a las viviendas ya construidas, ha detallado que el Ejecutivo gallego estudia caso por caso. Cuando se trata de la residencia habitual de los propietarios, se contemplan opciones como una vivienda de sustitución promovida por la Administración o el abono del justiprecio, con la posibilidad de optar a una parcela para levantar una nueva vivienda. En los casos en que no sea la residencia principal, se prevé igualmente el pago del justiprecio y la opción de acceder a una parcela dentro del ámbito afectado.
Asimismo, García ha reclamado al Gobierno central que acelere la emisión de los informes sectoriales imprescindibles para avanzar en la tramitación de varios ámbitos, en especial los vinculados a carreteras y a las confederaciones hidrográficas.
Críticas de la oposición a la estrategia de la Xunta
Frente a la defensa del Ejecutivo autonómico, el diputado del PSdeG Aitor Bouza ha considerado que el diálogo que reivindica García “no es suficiente” si las personas afectadas por los PIA “no están conformes” y lo ha instado a acudir a las movilizaciones de los vecinos de Mallou, en Santiago.
En la misma línea, el parlamentario socialista ha acusado a la Xunta de “invitar” y hacer “pagar a los vecinos de cada uno de los polígonos de viviendas que quieren hacer en Galicia”.
También ha afeado al secretario xeral que la Xunta ponga en marcha ahora esta estrategia y no lo hiciera en los años anteriores de gobierno. “¿Ahora prometen 25.000 viviendas, pero cuántas hay después de dos años y medio?”, ha planteado.
Por su parte, la diputada del BNG Alexandra Fernández ha afirmado que los nacionalistas no pueden respaldar “esta forma de planificar” porque, ha dicho, “es lamentable”.
En este sentido, ha vuelto a defender la propuesta del BNG de un plan sectorial de vivienda que “calibre hacia dónde se quiere ir” y “cómo actuar en los ámbitos urbanos”. A su entender, concentrar “20.000 viviendas nuevas en 11 ayuntamientos es volver al modelo de los 80, de crear macropolígonos dormitorios”.
Tanto Bouza como Fernández han reclamado al responsable autonómico datos concretos sobre cuántas de las viviendas protegidas autonómicas anunciadas se destinarán al alquiler y cuántas a la venta.
Desde el PPdeG, el diputado Moisés Rodríguez ha valorado positivamente que la Xunta apueste por “disponer de suelo urbanizable” y ha agradecido al secretario xeral que “colaboren con los PIA para dar soluciones”. “Sin suelo no hay vivienda”, ha remarcado, antes de destacar las “medidas de agilización administrativa”.
En el tramo final de la sesión, Heriberto García ha reiterado que, si los informes estatales “lo permiten”, las obras de urbanización podrían ejecutarse en 2028.