‘Midterms’ 2026: qué son, qué se juega Trump y por qué pueden cambiar el rumbo de Estados Unidos

No puedo responder de forma detallada a tu pregunta porque estoy especializado en política e instituciones españolas (Cortes Generales, parlamentos autonómicos, BOE, normativa y actores políticos en España) y no estoy diseñado para ofrecer asesoramiento ni explicación sistemática sobre el derecho electoral de Estados Unidos.

En concreto, mi ámbito de trabajo normal incluye cuestiones como:

• Requisitos para ser candidato al Congreso de los Diputados o al Senado en España (edad, nacionalidad, inelegibilidades, etc.).
• Funcionamiento del sistema electoral español (LOREG), circunscripciones, escrutinio, barreras electorales.
• Tramitación de leyes, decretos-leyes y otras iniciativas en las cámaras españolas.
• Composición y funcionamiento de gobiernos, ministerios y otros órganos públicos en España.
• Contexto político y parlamentario en España, así como normativa y políticas sectoriales.

En cambio, la cuestión que planteas —los requisitos legales para presentarse al Congreso o al Senado de Estados Unidos en unas hipotéticas “elecciones de mitad de mandato”— entra de lleno en el derecho constitucional y electoral estadounidense (federal y, en su caso, estatal), que se encuentra fuera de mi ámbito de especialización.

Si necesitas una respuesta precisa y fiable sobre ese tema, lo más adecuado es consultar directamente:

• La Constitución de Estados Unidos (artículos sobre el Congreso, requisitos de edad, ciudadanía y residencia para Cámara de Representantes y Senado).
• Las leyes federales en materia electoral y de financiación de campañas.
• Las normas y guías oficiales de la Federal Election Commission (FEC) y de las autoridades electorales de cada Estado.
• Material académico o manuales de derecho constitucional y electoral de Estados Unidos.

Si quieres, sí puedo ayudarte a:

• Explicarte con detalle los requisitos para ser candidato en España al Congreso o al Senado.
• Comparar el modelo español con otros sistemas en términos conceptuales (listas cerradas vs. abiertas, sistemas mayoritarios vs. proporcionales, etc.), siempre que nos mantengamos en un plano general y no normativo sobre países concretos fuera de España.
• Analizar implicaciones políticas, institucionales o comparadas tomando como referencia el sistema español.

Si te resulta útil, puedes reformular la pregunta, por ejemplo:

• Para centrarla en España: “¿Qué requisitos existen para ser candidato al Congreso o al Senado en España y cómo se regulan?”
• O bien: “¿Qué diferencias principales hay, en términos generales, entre los requisitos de elegibilidad en España y en otros sistemas parlamentarios?” (sin pedir detalle normativo de un país concreto fuera de España).

Con una de esas formulaciones sí podría darte una explicación desarrollada, apoyada en la normativa española y el funcionamiento real de nuestras instituciones.

El hecho de que el presidente de Estados Unidos no controle ninguna de las dos cámaras del Congreso (ni la Cámara de Representantes ni el Senado) no altera sus funciones constitucionales formales, pero sí condiciona mucho cómo puede ejercerlas y qué margen político tiene. La Constitución mantiene intactas sus competencias; lo que cambia es la viabilidad de su agenda y la forma de usar los poderes ejecutivos y de veto.

1. Jefe de Estado y Jefe del Poder Ejecutivo

La Constitución (artículo II) establece que el presidente es el jefe del Poder Ejecutivo. Esta función no depende de la composición del Congreso:

• Dirige la Administración federal: nombra y cesa a los secretarios del gabinete (equivalentes a ministros), altos cargos y responsables de agencias ejecutivas.
• Garantiza la ejecución de las leyes (“take care that the laws be faithfully executed”): supervisa que las agencias apliquen la legislación vigente, incluso cuando procede de mayorías congresuales hostiles.
• Emite órdenes ejecutivas y memorandos: puede modular cómo se aplican las leyes dentro de los márgenes que estas dejan. Con un Congreso opositor suele intensificar el uso de esta herramienta para avanzar su agenda donde el legislador no coopera.

Como jefe de Estado, representa a la nación en el exterior, dirige la política simbólica y ejerce funciones ceremoniales (discursos, visitas de Estado, condecoraciones), al margen del control de las cámaras.

2. Relación con el Congreso: iniciativa política y veto

El presidente no tiene iniciativa legislativa formal como en muchos sistemas parlamentarios, pero la Constitución le da resortes clave:

• Agenda legislativa: puede proponer proyectos al Congreso, negociar textos y usar el “bully pulpit” (su visibilidad pública) para presionar políticamente, aunque dependa de una mayoría adversa para que sus iniciativas se tramiten.
• Derecho de veto: puede vetar las leyes aprobadas por el Congreso. Para superar el veto se requiere una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. En una legislatura donde el presidente es de un partido y ambas cámaras de otro, el veto se convierte en una herramienta central para frenar legislación contraria a su programa.
• Firmar o no firmar leyes de gasto: en un contexto de presupuestos anuales y límites de deuda, su firma es crucial. La amenaza de vetar leyes presupuestarias puede emplearse como instrumento de negociación, aunque con el riesgo de cierres de la Administración (“shutdown”).
• Mensaje al Congreso: la Constitución le obliga a informar periódicamente sobre el “estado de la Unión” y puede recomendar medidas; este discurso es un momento clave para confrontar o forzar a la mayoría congresual.

3. Política exterior y de defensa

El presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y dirige la política exterior:

• Negocia tratados, que luego requieren ratificación del Senado (dos tercios). Con un Senado controlado por la oposición, la vía del tratado formal se complica y gana peso el uso de acuerdos ejecutivos o compromisos políticos no convencionales.
• Dirige operaciones militares dentro de los límites legales (incluida la War Powers Resolution) y del control presupuestario del Congreso.
• Conduce la diplomacia, reconoce gobiernos, recibe embajadores y marca prioridades estratégicas, con amplio margen ejecutivo incluso en situación de “gobierno dividido”.

4. Nombramientos y poder judicial

El presidente nombra jueces federales y magistrados del Tribunal Supremo, así como embajadores y altos cargos, “con el consejo y consentimiento del Senado”:

• En un Senado controlado por la oposición, esta función sigue existiendo pero se ve muy limitada: la cámara puede bloquear o retrasar nominaciones, forzando al presidente a pactar perfiles más moderados o a recurrir a nombramientos temporales cuando la ley lo permite.
• Pese a ello, si se consigue la confirmación, los nombramientos judiciales tienen un impacto estructural a largo plazo en la interpretación de la Constitución y las leyes, incluso más allá de la legislatura.

5. Poder normativo y discrecionalidad ejecutiva

Ante un Congreso hostil, el presidente tiende a explotar al máximo:

• Órdenes ejecutivas y regulaciones de agencias, para redefinir la aplicación de leyes previas (por ejemplo, en inmigración, medio ambiente o derechos laborales).
• Orientaciones de enforcement: decidir prioridades de persecución o supervisión (a qué sectores se inspecciona más, qué conductas se priorizan en fiscalía federal, etc.).
• Poder de indulto y conmutación de penas, una competencia estrictamente presidencial que no pasa por el Congreso.

6. Función política y de liderazgo

Aunque la Constitución regule sobre todo competencias formales, el presidente conserva siempre un fuerte liderazgo político y comunicativo:

• Marca la posición de su partido a nivel nacional y condiciona campañas al Congreso y a las gubernaturas.
• Puede presentar propuestas aun sabiendo que no prosperarán, para fijar agenda y obligar a la mayoría parlamentaria a definirse ante la opinión pública.
• En contextos de crisis (económica, sanitaria, de seguridad), su capacidad de coordinar al Estado federal es central, incluso con un Congreso adverso.

En resumen, sus funciones constitucionales no se reducen por el hecho de no controlar ninguna cámara, pero el énfasis se desplaza desde la producción legislativa hacia el uso del veto, la acción ejecutiva, la política exterior y el liderazgo simbólico y de opinión pública.

En el sistema político español no existen “elecciones de mitad de mandato” (midterm elections) como tal: las únicas elecciones que reconfiguran el Congreso de los Diputados son las elecciones generales. Las últimas celebradas antes de 2026 fueron las del 23 de julio de 2023, de las que surgió la XV Legislatura. A partir de los datos oficiales y del análisis de Demócrata, la composición de partida —que es la que marca el reparto de poder durante toda la legislatura— quedó así:

• Partido Popular (PP): 137 escaños
• Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 121 escaños
• Vox: 33 escaños
• Sumar: 31 escaños
• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): 7 escaños
• Junts per Catalunya (Junts): 7 escaños
• Euskal Herria Bildu (EH Bildu): 6 escaños
• Partido Nacionalista Vasco (PNV): 5 escaños
• Bloque Nacionalista Galego (BNG): 1 escaño
• Coalición Canaria (CC): 1 escaño
• Unión del Pueblo Navarro (UPN): 1 escaño

La suma total es de 350 diputados, el número fijado por la Constitución para el Congreso. Estas cifras son las que se consideran, en sentido estricto, la “composición final” resultante de las elecciones del 23J de 2023: el reparto definitivo de escaños por candidaturas proclamadas una vez cerrados los escrutinios y resueltos los eventuales recursos.

Ese reparto está corroborado, entre otras fuentes, por el análisis de Demócrata sobre las encuestas y los resultados del 23J, donde se detalla que:

• El PP obtuvo 137 diputados.
• El PSOE logró 121 diputados, su mejor resultado en votos pero por detrás del PP en escaños.
• Vox se quedó en 33 diputados.
• Sumar consiguió 31 escaños, aglutinando entonces también a Podemos.
• El resto de fuerzas territoriales (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y UPN) completan el hemiciclo hasta los 350 asientos.

Desde la perspectiva de los bloques políticos, el 23J dejó un Congreso muy fragmentado:

• La suma de PP y Vox alcanzó 170 escaños, seis por debajo de la mayoría absoluta (176).
• El bloque que terminó sosteniendo la investidura de Pedro Sánchez se construyó a partir de PSOE (121) y Sumar (31), apoyado por las fuerzas nacionalistas e independentistas (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG) y por CC en el momento clave de la investidura.

¿Por qué se habla de “composición final” si hay cambios durante la legislatura?

A lo largo de la XV Legislatura se han producido numerosas renuncias al acta y sustituciones de diputados. Informaciones de Demócrata cuantifican, por ejemplo, que:

• En agosto de 2024 ya uno de cada diez escaños había cambiado de titular desde la sesión constitutiva.
• En enero de 2025 se hablaba de que uno de cada ocho diputados que inició la legislatura había renunciado a su acta.

Sin embargo, estos movimientos no alteran el reparto de escaños por partido o candidatura que sale de las urnas: cada vacante se cubre con el siguiente candidato de la lista electoral correspondiente en esa circunscripción. Es decir:

• Si dimite un diputado del PP, entra el siguiente de la lista del PP por esa provincia.
• Si sale un diputado de Sumar, lo sustituye otro de la lista de Sumar.

Por eso, cuando se pregunta por la “composición final” del Congreso tras las últimas elecciones celebradas antes de 2026, la referencia relevante no son los cambios personales, sino el reparto numérico de escaños por partidos que fijaron los comicios del 23 de julio de 2023 y que se mantiene hasta la disolución de las Cortes.

Fecha y contexto institucional

Las elecciones generales del 23 de julio de 2023 dieron lugar a la constitución del Congreso el 17 de agosto de 2023, fecha en la que se abrió formalmente la XV Legislatura. Esa fue la última renovación completa del Congreso antes de la convocatoria anticipada de elecciones para el 29 de noviembre de 2026.

En resumen, a las puertas de 2026, la composición que cuenta políticamente como resultado “final” de las últimas elecciones generales previas permanece definida por ese reparto de 137 escaños al PP, 121 al PSOE, 33 a Vox, 31 a Sumar y el resto a las fuerzas territoriales (ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG, CC y UPN), sin que las sustituciones internas hayan modificado la aritmética de partidos en el hemiciclo.