La excandidata presidencial y dirigente política Luisa González fue arrestada este jueves por las fuerzas de seguridad de Ecuador, según ha denunciado su formación Revolución Ciudadana, que reaccionó tras la alerta inicial lanzada por el expresidente Rafael Correa. Paralelamente, la Fiscalía ha confirmado que se han producido varias detenciones dentro de una causa abierta por presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral durante la campaña presidencial de 2023.
“Apresaron a Luisa González. ¡Ya basta!. Ecuador vencerá”, ha señalado el exmandatario en un mensaje difundido en redes sociales, sin ofrecer por el momento detalles adicionales sobre la situación concreta de la excandidata.
De acuerdo con la información facilitada por la Fiscalía ecuatoriana, agentes policiales llevaron a cabo órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí “contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales”. Sin embargo, el Ministerio Público no ha precisado la identidad de los arrestados.
La institución ha explicado que indaga “presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”.
Por su parte, la defensa de González y su partido Revolución Ciudadana han hecho público un amplio comunicado en el que califican lo ocurrido como una “detención arbitraria e inconstitucional” y “una grave vulneración a las garantías básicas del debido proceso y a sus Derechos Humanos fundamentales”, subrayando que las autoridades no han informado del “lugar exacto donde se encuentra retenida ni han permitido el acceso” de sus representantes legales.
“Hacemos directamente responsable al Gobierno y a las instituciones del orden por su integridad física, psicológica y su vida”, han manifestado, acusando al Ejecutivo de Daniel Noboa de una “instrumentalización aberrante” del sistema judicial y, en particular, de los cuerpos dedicados a la lucha contra el crimen organizado.
En el mismo texto, sostienen que “se ha montado de forma exprés una causa penal por presunto lavado de activos que busca disfrazar lo que en estricto Derecho constituye una supuesta discrepancia administrativa en cuentas de campaña por un monto mínimo de 6.100 dólares”, y denuncian “un acto explícito de persecución de Estado (Lawfare) destinado a proscribir a la oposición”.
Ante lo que consideran un “grave atropello democrático”, Revolución Ciudadana exige que las autoridades ecuatorianas informen “de inmediato” sobre el paradero de González y permitan que la política pueda comunicarse con su equipo jurídico. Asimismo, han adelantado que solicitarán “medidas cautelares urgentes” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).