Más de medio centenar de personas han resultado heridas y 31 han sido detenidas tras el desalojo de las acampadas por el derecho a la vivienda instaladas en Lisboa y Oporto, en una amplia operación policial respaldada por las autoridades, que consideran estas concentraciones “ilegales”.
Los organizadores de la protesta han denunciado 50 heridos, 20 en la plaza de Pedro IV de Lisboa y 30 en la plaza de Juan I de Oporto, mientras que la Policía solo ha confirmado once, cinco en la capital y seis en la ciudad del norte, tres de ellos agentes. “Uno de los policías ha resultado herido por un cánido de un manifestante en Lisboa”, ha explicado la propia Policía.
Las fuerzas de seguridad habían reiterado en varias ocasiones que calificaban las acampadas como “ilegales” y que, a partir de las 00.30 (hora local) de este domingo, tenían orden de retirarlas. Al mismo tiempo, insistían en que los manifestantes podían permanecer en la zona, pero sin las estructuras de acampada.
En relación con los arrestos, se han contabilizado 31 detenciones por desobediencia, 25 en Lisboa y seis en Oporto. Durante la intervención también se requisaron 171 tiendas de campaña, 117 en la capital y 54 en la ciudad portuense.
En Lisboa, una veintena de personas han sido atendidas en el Hospital de San José. “He visto directamente veinte heridos (en urgencias). Me han agredido en una carga policial. Había personas tiradas, por el suelo, con una violencia atroz”, ha relatado una testigo de la actuación, Mariana Carneiro, citada por el diario “Público”.
“Delante mía había un joven que se estaba llevando golpes por todas partes, también en la cabeza. Pensé que lo iban a matar, que lo iban a matar”, ha añadido.
La propia acampada había habilitado un equipo de asistencia sanitaria en la cercana plaza de la Figueira, donde se prestaron los primeros auxilios a varios manifestantes antes de la llegada del Instituto Nacional de Emergencias Médicas (INEM).
“No ha habido diálogo. El diálogo ha sido con porra, escudo, violencia y empujones. Fuese quien fuese quien tuvieran delante: mujer, hombre, joven, mayor, más fuerte, más delgado, daba igual”, ha denunciado Carneiro a las 8.00 horas. “Ahora me voy a mi casa con la certeza de que en este país los gobernantes no tienen ningún respeto a la Constitución de la República Portuguesa”, ha remachado.
En Oporto, los agentes de la Unidad Especial de Policía recurrieron al uso de perros policía, como en Lisboa, y además emplearon táseres. La operación se ejecutó de forma especialmente rápida, con los efectivos avanzando con sus escudos para desalojar a los concentrados de la plaza.
“Restauración de la legalidad” y respuesta institucional
Las autoridades policiales lusas han justificado el operativo como una intervención “pautada por los principios de legalidad, proporcionalidad, adecuación y necesidad” destinada a la “restauración de la legalidad tras la ocupación de espacios públicos”.
“Esta acción policial ocurre en una secuencia de mantenimiento de manifestaciones a lo largo del tiempo y tras registrarse daños en el patrimonio público y de la necesidad de retirar estructuras de acampada instaladas sin la autorización legal necesaria y en condiciones contrarias a la legislación aplicable”, señalan.
La Policía admite que las protestas fueron comunicadas a las instancias competentes, pero subraya que “el ejercicio del derecho de manifestación no dispensa del cumplimiento de las demás disposiciones legales”, entre ellas el “límite temporal establecido para las condiciones de utilización y ocupación del espacio público”.
En este sentido, sostiene que se agotaron las vías para que los participantes desmontaran por iniciativa propia las tiendas, pero que “se volvió necesaria la intervención policial” ante “el no acatamiento de las orientaciones transmitidas”. “La Policía respeta y garantiza el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, consagrado a nivel constitucional”, recalca, aunque recuerda que deben preservarse también “los derechos de los demás ciudadanos”. Al mismo tiempo, pone en valor la actitud “cívica” y “responsable” de quienes marcharon el sábado en varias ciudades del país.
La tensión en las calles —con 55 detenidos en el desalojo del primer campamento en Lisboa el pasado martes y cerca de 40 heridos tras una carga policial en Oporto el 15 de octubre— ha incrementado la presión sobre las instituciones para encontrar soluciones políticas al fuerte aumento del coste de la vida.
Ante esta situación, el presidente de Portugal, António José Seguro, ha decidido convocar el 29 de octubre a todos los partidos con representación parlamentaria. Será la primera ronda de contactos de este tipo desde que asumió la Jefatura del Estado el pasado mes de marzo, con el objetivo de impulsar un gran acuerdo político que permita consensuar medidas urgentes y de largo recorrido.
“Un problema concreto y humano exige respuestas igualmente concretas y humanas”, defendió recientemente el presidente luso, que ha pedido a las fuerzas políticas que crucen propuestas para hallar puntos de encuentro que alivien la emergencia habitacional.