Miles de ciudadanos han tomado este miércoles las calles de las principales urbes de Colombia para exigir mejoras en las condiciones laborales, en el sistema educativo y en otros ámbitos, en el que se ha convertido en el primer paro nacional promovido por sindicatos y colectivos de la sociedad civil contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
En Bogotá, la movilización ha arrancado en distintos puntos de la ciudad hasta confluir en la plaza de Bolívar, generando desvíos y demoras en el transporte público pese a la lluvia. A la marcha se han sumado referentes del opositor Pacto Histórico, entre ellos el excandidato presidencial Iván Cepeda, que horas antes había denunciado en sus redes sociales una “estrategia intimidatoria” del Ejecutivo con el objetivo de “reprimir” la protesta.
“Al pueblo colombiano no se le puede intimidar con decisiones arbitrarias como las que está tomando De la Espriella”, ha afirmado Cepeda desde la movilización, de acuerdo con un comunicado difundido por él mismo poco después. En el texto, señala el decreto aprobado por el mandatario ultraderechista, que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones, como una disposición que “sepulta el diálogo como vía para atender la movilización social y busca imponer nuevamente el uso de la fuerza”.
En esta línea, Cepeda ha alertado de que el actual Gobierno pretende deshacer los derechos y avances democráticos atribuidos a la Administración de Gustavo Petro en los últimos cuatro años y “sumir en la pobreza a millones de personas que nuestro gobierno había sacado de la miseria”. “No vamos a permitir que se violen y pisoteen los derechos de la gente. Aquí estamos pacíficamente; no nos vamos a dejar arrebatar lo que ya conquistamos”, ha recalcado.
El propio expresidente Petro también se ha unido a la marcha. En unas imágenes que ha compartido en sus redes, ha defendido que “así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo”. “Es la vida la compañera y no la muerte. El pueblo no se rinde, carajo”, ha añadido, aludiendo al eslogan del presidente argentino, Javier Milei.
Junto al Pacto Histórico, han impulsado la jornada de paro la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), colectivos universitarios y diversas organizaciones sociales, agrupando demandas de carácter laboral, educativo, económico y territorial, además del rechazo a las políticas anunciadas por el Ejecutivo.
Balance oficial y defensa del decreto 1525
Al cierre de la jornada, De la Espriella ha hecho balance en sus redes sociales, donde ha destacado que “el 98% de las movilizaciones ha transcurrido de manera pacífica”, con los asistentes ejerciendo “su legítimo derecho a la protesta de forma ordenada y respetuosa de las instituciones”. “Eso es democracia, y como presidente de la República, siempre la defenderé y garantizaré”, ha asegurado.
El presidente ha calculado en 62.000 los participantes en las manifestaciones, a la espera de que los convocantes hagan públicas sus propias cifras. No obstante, ha descrito este número como “una cifra que representa una proporción muy pequeña de la población colombiana, pero cuyos derechos y garantías merecen todo el respeto del Estado”.
“La protesta pacífica se respeta, se protege y se garantiza. Pero la violencia, el vandalismo y cualquier intento de vulnerar los derechos de los demás no tendrán cabida bajo mi mandato”, ha señalado, enlazando su valoración de la jornada con el decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad frente a actos de protesta. “Tan legítimo es el derecho a manifestarse como el derecho de millones de colombianos a trabajar, movilizarse libremente y vivir en tranquilidad”, ha remachado.
Las marchas tienen lugar un día después de que el dirigente ultraderechista firmara el decreto 1525, ya en vigor, que “define el nuevo protocolo de actuación de las autoridades en el marco de manifestaciones públicas”, según un comunicado de la Presidencia, y que “regula el uso de la fuerza legítima del Estado para proteger a la ciudadanía y garantizar el derecho a la protesta pacífica”.
“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!”, afirmó De la Espriella al presentar la medida, que, sostiene, busca “fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”.
El primer artículo del decreto establece que “frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia (...) y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones” de las fuerzas de seguridad.