El Ministerio Público de Paraguay informó este sábado de la imputación del expresidente Santiago Peña y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por el escándalo financiero relacionado con Ueno Bank, y solicitó para ambos la medida cautelar de prisión preventiva, que posteriormente fue avalada por un juez.
Peña, destituido por el Senado el viernes, ha sido acusado por los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. A Carvallo se le atribuyen los delitos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor, de acuerdo con el comunicado difundido por la fiscalía.
Las autoridades indagan “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones”.
Según el Ministerio Público, entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría captado cuantiosos depósitos y colocaciones procedentes de instituciones públicas y previsionales, mientras realizaba operaciones de crédito con compañías vinculadas a su propio grupo económico que presentarían presuntas anomalías. En septiembre de 2026, los fondos de organismos estatales depositados en Ueno Bank ascendían a unos 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros y 233,4 millones de dólares (casi 206,6 millones de euros).
En su condición de presidente, Peña “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”. En particular, contaba con participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y se reunió con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) para decidir inversiones en instrumentos financieros emitidos por el banco.
Carvallo, por otro lado, mantenía una relación previa con Financiera Ueno y formuló observaciones técnicas sobre los límites de exposición crediticia, las operaciones con empresas vinculadas y la situación patrimonial de la entidad, según detalla la fiscalía.
En este contexto, el Ministerio Fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva de ambos imputados, además de la inhibición general para enajenar y gravar bienes, la localización de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, así como diligencias para identificar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y demás derechos patrimoniales registrados a nombre de los investigados.
Más tarde, el juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de Peña. “Entendemos que se tiene que tener garantía de su permanencia en el país y es por eso que el Juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo”, señaló Otazú en declaraciones a medios paraguayos.
Durante la audiencia de imposición de medidas, Peña optó por no declarar, mientras el magistrado indicó que está estudiando la solicitud de embargo de bienes presentada por el Ministerio Público.
El juez resolvió igualmente que Peña continúe bajo el régimen de escolta presidencial debido a la información sensible que manejó cuando ejercía como jefe de Estado. “Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario en cuanto a información financiera, al crimen organizado. Ustedes saben que esto es un flagelo que tiene mucha repercusión y son circunstancias que uno tiene que tener en cuenta”, explicó.
La destitución de Peña de la Presidencia está ligada al derrumbe de Ueno Bank, una entidad financiera relacionada con antiguos socios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras registrar un nivel de solvencia por debajo de los mínimos exigidos, lo que impedía garantizar la protección de los depósitos de sus millones de clientes.