El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha anunciado la construcción de una instalación destinada a ejecutar en la horca a presos condenados a muerte, principalmente palestinos de Cisjordania juzgados por tribunales militares. El proyecto incorpora cabinas de observación para que familiares de víctimas puedan presenciar los ahorcamientos.
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— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 18, 2026
El dirigente ultranacionalista difundió este martes un vídeo grabado en el lugar donde se desarrolla la obra, situado en el centro de Israel. En las imágenes aparece delante de una estructura todavía en construcción y presenta el futuro recinto como el cumplimiento de una de sus principales promesas políticas.
"Estamos haciendo historia", aseguró Ben Gvir, quien añadió que los condenados solo merecen "la muerte en la horca".
El anuncio llega casi cinco meses después de que la Knéset aprobara una ley que impone como castigo preferente la pena capital a los palestinos de los territorios ocupados declarados culpables de ataques mortales considerados terrorismo.
Un corredor de la muerte con cabinas para observar los ahorcamientos
Según la información publicada por The Jerusalem Post, basada en el anuncio difundido por la oficina del ministro, la instalación para las ejecuciones se construye dentro de un pabellón destinado a presos condenados a muerte.
El recinto contará con espacios reservados para víctimas de atentados y familiares, que podrán acceder mediante autorizaciones específicas y observar el procedimiento.
Ben Gvir sostiene que este sistema existe en otros países y ha presentado las cabinas como parte de un mecanismo que permitirá a los familiares participar en la aplicación de la nueva legislación. El proyecto no contempla, según la información difundida, un acceso abierto al público general.
En junio, el ministro ya había designado a seis familiares de víctimas vinculados al foro Choosing Life como inspectores oficiales encargados de supervisar la aplicación de la ley y las condiciones de los reclusos condenados.
Por ahora, no se ha comunicado la ubicación exacta del recinto ni la fecha prevista para su entrada en funcionamiento. Las imágenes difundidas muestran que la instalación de ahorcamiento todavía se encuentra en fase de construcción.
Una ley aprobada con 62 votos que establece ejecuciones en 90 días
La Knéset aprobó la ley de pena de muerte para delitos de terrorismo el 30 de marzo. El registro oficial de la votación parlamentaria recoge 62 votos a favor, 48 en contra y una abstención.
La norma establece un tratamiento diferenciado en función del sistema judicial que juzgue al acusado. En Cisjordania, territorio ocupado por Israel, los palestinos son procesados por tribunales militares, mientras que los ciudadanos israelíes, incluidos los colonos, comparecen ante tribunales civiles.
De acuerdo con el análisis de la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, los palestinos condenados por asesinatos relacionados con actos de terrorismo se enfrentan a una sentencia de muerte como regla general, salvo que el tribunal aprecie circunstancias especiales que justifiquen la cadena perpetua.
En cambio, los tribunales civiles israelíes pueden optar entre la pena capital y la prisión permanente en determinados asesinatos vinculados con el terrorismo. La condena a muerte no se aplica automáticamente en estos casos.
La legislación también permite imponer la pena capital por mayoría simple, sin exigir unanimidad entre los jueces. Además, retira al mando militar la capacidad de indultar al condenado o conmutar la sentencia. No obstante, los condenados mantienen el derecho a recurrir. La propia asociación israelí precisa igualmente que la norma no tiene efectos retroactivos, por lo que no se aplica a delitos cometidos antes de su entrada en vigor.
La ley fija, además, un plazo de 90 días para ejecutar la condena a muerte. En mayo, el jefe del Mando Central del Ejército israelí, Avi Bluth, incorporó sus disposiciones a la normativa de seguridad aplicable en Cisjordania.
La ONU advierte de un posible crimen de guerra
La legislación ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo de Israel por organizaciones de derechos civiles y representantes políticos que cuestionan su constitucionalidad. Los recursos sostienen que el nuevo sistema vulnera los derechos a la vida, la igualdad y las garantías procesales, además de consolidar un tratamiento distinto para palestinos e israelíes acusados de delitos comparables.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reclamó la derogación de la norma y advirtió de que su aplicación a residentes del territorio palestino ocupado constituiría un crimen de guerra.
La Unión Europea también ha rechazado expresamente la legislación. En sus conclusiones del 18 y 19 de junio, el Consejo Europeo calificó la ley israelí de discriminatoria y exigió su derogación inmediata. Israel no ejecuta una condena judicial desde 1962, cuando fue ahorcado el dirigente nazi Adolf Eichmann por su participación en el Holocausto.
Al menos 104 palestinos muertos bajo custodia desde octubre de 2023
El anuncio de Ben Gvir se produce después de reiteradas denuncias sobre las condiciones de los presos palestinos en cárceles y centros de detención israelíes.
La organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel asegura que al menos 104 palestinos han muerto bajo custodia desde octubre de 2023.
La entidad denuncia que parte de estos fallecimientos se produjeron en un contexto de presuntas torturas, malos tratos, negligencia médica y privación de alimentos. En un informe específico sobre las muertes en prisión, la organización reclama una investigación internacional independiente sobre las circunstancias de los fallecimientos.
El propio Ben Gvir ha reivindicado públicamente el endurecimiento de las condiciones penitenciarias. Según Associated Press, el Tribunal Supremo israelí ya determinó en 2025 que el servicio de prisiones bajo su responsabilidad estaba privando a detenidos palestinos de una alimentación mínima de subsistencia.
Días antes de anunciar el corredor de la muerte, el ministro defendió en una entrevista la eliminación de "30 o 40" personas cada noche en Gaza. Aunque dirige la policía y el sistema penitenciario, Ben Gvir no tiene competencias directas sobre las operaciones del Ejército israelí.
Sanciones internacionales y un 126% más de licencias de armas
La gestión del ministro también ha provocado medidas diplomáticas por parte de varios países.
En junio de 2025, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega anunciaron sanciones y otras medidas contra Ben Gvir y el ministro Bezalel Smotrich por su papel en la incitación a la violencia contra palestinos en Cisjordania.
Los cinco Gobiernos atribuyeron a ambos dirigentes una retórica que alienta los ataques de colonos, el desplazamiento de comunidades palestinas y la expansión de los asentamientos.
Desde la llegada de Ben Gvir al Ministerio de Seguridad Nacional también se ha incrementado el número de personas autorizadas a portar armas.
Según datos divulgados por la propia Knéset en junio de 2026, Israel registra 350.000 titulares de licencias de armas, frente a los 155.000 contabilizados en 2022. La diferencia representa un aumento aproximado del 126%.