Terremotos en Granada, en gráficos: epicentros, magnitud, profundidad y alcance de la serie sísmica

El despliegue de estaciones sísmicas portátiles por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no está regulado por un único “reglamento de estaciones portátiles”, pero se inserta en el marco general del Sistema Nacional de Protección Civil, de la Red Sísmica Nacional y de las normas de uso del suelo. Con la información disponible puede describirse con bastante precisión qué trámites y protocolos siguen en la práctica cuando refuerzan la vigilancia ante una crisis sísmica.

1. Papel del IGN y de la Red Sísmica Nacional

• El IGN es el organismo estatal responsable de la detección, localización y cálculo de los parámetros sísmicos en España: magnitud, epicentro, profundidad e intensidad sentida de cada terremoto. Así se recoge en el análisis de reparto competencial sobre terremotos publicado por Demócrata, donde se subraya que el IGN “no dirige la emergencia, pero aporta los datos sísmicos imprescindibles para gestionarla”.
• Esos datos alimentan las decisiones de Protección Civil autonómica y estatal sobre activación de planes, evacuaciones o confinamientos.
• La Red Sísmica Nacional (RSN), dependiente del IGN, integra estaciones permanentes y, en situaciones especiales, estaciones portátiles para densificar la cobertura en la zona afectada. En la serie sísmica de Granada de agosto de 2026, el IGN desplegó dos estaciones sísmicas portátiles en el área epicentral para “mejorar la localización y caracterización de los movimientos mientras continúa la actividad”.

2. Marco normativo general

• Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil (citada en los artículos de Demócrata sobre emergencias): establece que la vigilancia de riesgos naturales forma parte de las funciones estatales, al tiempo que las comunidades autónomas dirigen las emergencias ordinarias.
• Planes especiales de riesgo sísmico autonómicos y planes municipales de actuación: regulan cómo se organiza la respuesta ante terremotos, qué información necesitan los centros 112 y cómo se integra la información del IGN en la cadena de mando.
• Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de otros Fenómenos Geofísicos, aprobado por el Consejo de Ministros en 2025 y elaborado por el IGN, que refuerza redes de vigilancia y coordinación entre administraciones y recoge el papel de la RSN como sistema básico de observación (nota del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 4/3/2025: nota oficial).
• En otros riesgos (por ejemplo, maremotos), la Directriz básica de protección civil (Real Decreto 1053/2015) integra expresamente a la RSN como parte del Sistema Nacional de Alerta. Ese esquema es análogo para la vigilancia sísmica terrestre.

3. Trámites y protocolos en el despliegue de estaciones portátiles

a) Activación y decisión técnica

• El detonante suele ser una crisis sísmica significativa (enjambre, terremoto principal seguido de numerosas réplicas) detectada por la RSN.
• Los sismólogos del IGN evalúan si la red permanente ofrece resolución suficiente; si no, proponen desplegar estaciones portátiles para mejorar la localización de hipocentros, las aceleraciones máximas y la caracterización de la secuencia (como ocurrió en Granada, donde ya existían 52 sensores permanentes en un radio de 50 km y aun así se reforzó con estaciones móviles).

b) Coordinación con Protección Civil y 112

• Una vez detectado el episodio, el IGN transmite parámetros del terremoto y actualizaciones al centro de emergencias 112 y a los órganos de Protección Civil, de acuerdo con la arquitectura del Sistema Nacional de Protección Civil descrita por Demócrata:
  • Los ayuntamientos dan la primera respuesta sobre el terreno.
  • La comunidad autónoma dirige el plan especial de riesgo sísmico.
  • El Estado, a través del IGN y otros medios (Guardia Civil, UME, etc.), vigila el fenómeno y presta apoyo extraordinario.
• En grandes emergencias, el CECOPI/CECOD (centros de coordinación integrados) pueden incorporar al IGN como organismo técnico de referencia, para asegurar que la ubicación de estaciones portátiles sea compatible con las zonas de intervención, seguridad y evacuación.

c) Autorizaciones y uso del suelo

No existe, en lo publicado, un procedimiento singularizado para estaciones sísmicas portátiles; se aplican las reglas generales de uso del suelo y de instalaciones técnicas:

• Terreno privado: se requiere acuerdo con la persona o entidad titular (finca rústica, azotea de edificio, instalación industrial…). Es habitual formalizarlo mediante autorización escrita o convenio, como se hace en otros convenios del IGN para instrumentación geofísica (por ejemplo, el convenio de boya GNSS para alerta de maremotos publicado en el BOE: resolución del IGN).
• Suelo o edificio público municipal o autonómico: se coordina con el ayuntamiento o la comunidad autónoma, habitualmente a través de sus servicios técnicos o de protección civil. La colocación de equipos pequeños y temporales suele tramitarse como ocupación autorizada, sin necesidad de licencias complejas, salvo en espacios especialmente protegidos.
• Zonas patrimoniales o BIC: si la estación se ubica sobre un bien protegido, pueden ser necesarias autorizaciones adicionales de cultura/patrimonio, siguiendo el régimen general que rige para cualquier instalación en un BIC o su entorno.

d) Protocolos operativos y de seguridad

• Selección del emplazamiento con criterios científicos (cercanía a la zona epicentral, ruido sísmico bajo, seguridad física del sensor) y operativos (accesos para el equipo técnico, seguridad frente a desprendimientos u otros riesgos presentes en la emergencia).
• Coordinación con los mandos de la emergencia para que la entrada y permanencia de los equipos del IGN no interfiera con evacuaciones, cortes de calles, balizamientos u otras medidas de protección civil.
• Conexión de la estación a los sistemas de transmisión de datos de la RSN (en muchos casos en tiempo casi real), integrando inmediatamente los registros en el catálogo sísmico oficial que consulta Protección Civil.
• Retirada de las estaciones, también coordinada con las autoridades locales, una vez que la secuencia pierde relevancia operativa o se sustituye por otra configuración de la red.

En resumen, el IGN no necesita una habilitación ad hoc para desplegar estaciones portátiles, pero sí debe encajar su actuación en la jerarquía de Protección Civil, respetar las competencias de comunidades y ayuntamientos en la dirección de la emergencia y obtener, caso por caso, las autorizaciones de uso del suelo necesarias para ubicar físicamente los equipos.

Según la normativa consultada, la legislación estatal define con bastante precisión el papel del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la monitorización sísmica y de maremotos, mientras que no se ha localizado una regulación autonómica andaluza que atribuyan de forma expresa y nominal competencias de vigilancia sísmica al Instituto Andaluz de Geofísica; su intervención se encuadra más bien como red colaboradora dentro de los sistemas de información sísmica y de protección civil.

Competencias del IGN en la monitorización sísmica

La pieza central es el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 2010 y publicado por la Resolución de 29 de marzo de 2010. Este plan define el “Sistema de información sobre fenómenos sísmicos” y establece explícitamente que:

• La información sísmica se basa en la observación y cálculo de parámetros sísmicos por la Red Sísmica Nacional perteneciente al IGN, la determinación de la fuente sísmica y la evaluación preliminar de riesgos, y la difusión coordinada de la información a las autoridades de protección civil.
• El IGN, dependiente entonces del Ministerio de Fomento, es el órgano directivo competente “para la planificación y gestión de los sistemas de detección y comunicación de movimientos sísmicos ocurridos en territorio nacional y áreas adyacentes, así como para la realización de trabajos y estudios sobre sismicidad y la coordinación de la normativa sismorresistente, dependiendo del mismo la Red Sísmica Nacional”.
• La Red Sísmica Nacional es también la que emite el Aviso Sísmico, es decir, la comunicación rápida de los parámetros focales de los terremotos que puedan afectar a España, con unos umbrales mínimos de magnitud o de percepción por la población.

La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobada en 1995 y publicada por la Resolución de 5 de mayo de 1995, complementa este marco al:

• Tomar como referencia para la delimitación de áreas de peligrosidad sísmica los mapas de peligrosidad sísmica del IGN, que deben utilizarse en su versión más actualizada salvo estudios más detallados de las comunidades autónomas.
• Configurar un Sistema de información sobre fenómenos sísmicos constituido por el Centro Nacional de Información Sísmica del IGN, “y en colaboración con éste, las redes sísmicas de otros organismos”, en coordinación con Protección Civil estatal y autonómica.

Además, normativa más reciente refuerza el papel del IGN en geodesia y geofísica:

• El Real Decreto 401/2020, que regula la Comisión Española de Geodesia y Geofísica, recuerda que la Dirección General del IGN es responsable de la planificación y gestión de los sistemas de detección y comunicación de movimientos sísmicos y de los sistemas de observación geodinámica y vulcanológica.
• En el ámbito de maremotos, la Directriz básica de planificación ante el riesgo de maremotos (RD 1053/2015) y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos (2021) integran la Red Sísmica Nacional, dependiente del IGN, como componente del Sistema Nacional de Alerta, encargada de detectar, valorar e informar sobre fenómenos que puedan generar maremotos.
• Un acuerdo internacional de 2022, publicado como “Aplicación provisional del Acuerdo… sobre uso de datos sismológicos … con fines de alerta de tsunamis”, designa al IGN como coordinador nacional para la utilización de datos sismológicos e hidroacústicos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, consolidando su papel de nodo nacional para datos sísmicos de alerta.

En conjunto, la legislación vigente configura al IGN como autoridad nacional de referencia en monitorización sísmica y alerta temprana: dirige la Red Sísmica Nacional y el Centro Nacional de Información Sísmica, fija y explota los mapas y datos de peligrosidad, y alimenta los planes estatales de protección civil.

Instituto Andaluz de Geofísica y coordinación con el IGN

En cuanto al Instituto Andaluz de Geofísica (IAG), con sede en la Universidad de Granada, la búsqueda en la legislación autonómica andaluza (BOJA) y en las referencias cruzadas del BOE no ha arrojado ninguna ley, decreto u orden autonómica que, con esa denominación, le atribuya explícitamente competencias de monitorización sísmica o le dé la condición de órgano oficial de protección civil.

En la normativa estatal de protección civil sí aparece, de forma general, que el sistema de información sísmica se integra no solo por la Red Sísmica Nacional del IGN, sino también por las “redes sísmicas de otros organismos, en colaboración con éste”, y que en los comités y órganos asesores se incorporan técnicos de otras entidades públicas y privadas. Esto encaja con el papel que, de facto, desempeña el IAG como red regional de observación y centro de investigación sísmica en Andalucía, pero la norma no lo menciona por su nombre ni le confiere una competencia exclusiva.

En consecuencia, a la luz de la legislación identificada:

• El IGN tiene la competencia legal primaria en vigilancia sísmica a escala del Estado: detección, cálculo de parámetros, emisión de avisos sísmicos y provisión de información a protección civil.
• El IAG actúa como red científica y técnica colaboradora, integrada en el sistema a través de los planes y convenios de protección civil y de su propia condición de centro universitario, pero sus competencias de monitorización sísmica no aparecen definidas de forma detallada ni exclusiva en las normas generales de protección civil consultadas.

La coordinación funcional se articula, por tanto, a través del Sistema Nacional de Información Sísmica y de los planes estatal y autonómicos de protección civil, donde el IGN lidera y las redes regionales —entre ellas el IAG— suministran datos y apoyo técnico a las autoridades competentes.

La normativa estatal de protección civil no fija unos “grados” sísmicos concretos a partir de los cuales una comunidad autónoma deba declarar formalmente una emergencia, pero sí establece el marco jurídico y los requisitos generales que deben cumplir las comunidades para declarar y gestionar una emergencia por terremotos o riesgo sísmico, así como para escalarla a emergencia de interés nacional.

1. Marco normativo básico

Los principales textos aplicables son:

• Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (BOE-A-2015-7730), que define las emergencias de protección civil y las emergencias de interés nacional.
• Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (BOE-A-2023-14679), que establece el esquema mínimo de fases y situaciones operativas de los planes territoriales y especiales.
• Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), aprobado por Resolución de 16 de diciembre de 2020 (BOE-A-2020-16349), que regula cómo se coordina el Estado cuando una emergencia autonómica requiere apoyo supraautonómico.

2. Riesgo sísmico y planificación

La Norma Básica de Protección Civil identifica expresamente entre los riesgos objeto de planificación:

• Terremotos.
• Maremotos.
• Riesgos volcánicos, que pueden implicar sismicidad asociada.

Con base en esta Norma y en la Ley 17/2015, cada comunidad autónoma debe aprobar:

• Un Plan Territorial de Protección Civil, que fija el régimen general de emergencias en su territorio.
• En su caso, un plan especial frente al riesgo sísmico/maremotos, que concreta escenarios, umbrales de activación y procedimientos operativos.

Es en estos planes donde se detallan los umbrales técnicos concretos (intensidad sísmica, daños observados, población afectada, etc.); la normativa estatal solo establece el marco y las fases.

3. Fases y situaciones operativas

La Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto 524/2023) exige que los planes territoriales y especiales sigan, como mínimo, este esquema:

• Fase de alerta y seguimiento o preemergencia (situación operativa 0): sin daños o con daños muy localizados y leves; puede bastar el seguimiento y la movilización limitada de recursos.
• Fase de emergencia, con tres situaciones operativas:
  • Situación 1: la comunidad puede afrontar la emergencia con sus medios propios o asignados al plan.
  • Situación 2: máximo nivel con dirección autonómica; la comunidad puede requerir asistencia de medios de otras administraciones (especialmente del Estado) no asignados al plan.
  • Situación 3: corresponde a las emergencias de interés nacional, declaradas por el titular del Ministerio del Interior conforme a la Ley 17/2015.
• Fase de recuperación: tras la fase de emergencia, hasta el restablecimiento de los servicios básicos.

4. Declaración de emergencia autonómica por actividad sísmica

A partir de ese marco, la declaración de emergencia por actividad sísmica en una comunidad autónoma suele seguir estos criterios jurídicos generales:

• Debe basarse en el Plan Territorial o especial sísmico autonómico, que determina:
  • Los escenarios de riesgo (terremoto moderado, fuerte, con riesgo de réplica, con riesgo de maremoto, etc.).
  • Los umbrales de activación de cada situación operativa (intensidad, daños, servicios críticos afectados, población a evacuar, etc.).
• La autoridad competente de la comunidad (normalmente el órgano que su propio plan designe: consejero competente, director del plan, presidente autonómico en grandes emergencias) declara la:
  • Situación 1, cuando bastan los medios ordinarios de la comunidad.
  • Situación 2, cuando la comunidad prevé que necesita medios de otras Administraciones o del Estado.
• La declaración debe ir acompañada de:
  • Determinación de la zona afectada y tipo de riesgo (terremoto, posible maremoto, inestabilidad de infraestructuras, etc.).
  • Identificación de los servicios de intervención activados y de la estructura de mando.
  • Medidas de información y protección a la población fijadas por el plan (avisos, confinamiento, evacuaciones, etc.).

5. Escalada a emergencia de interés nacional

Conforme a la Ley 17/2015 (art. 29, según el fragmento recuperado), son emergencias de interés nacional, entre otras:

• Las que requieran aplicar la Ley Orgánica 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio.
• Las que afecten a varias comunidades autónomas y exijan aportación de recursos de nivel supraautonómico.
• Las que, por sus dimensiones, requieran una dirección de carácter nacional.

En esos casos:

• La declaración de interés nacional corresponde al Ministro del Interior, por iniciativa propia o a instancia de la comunidad autónoma o del Delegado del Gobierno.
• Se activa la situación operativa 3 en el esquema de la Norma Básica y del PLEGEM, y el Ministerio del Interior asume la dirección de la emergencia y la coordinación de todos los recursos estatales, autonómicos y locales.

En resumen, la normativa estatal fija el marco común de fases, situaciones y competencias, mientras que los umbrales técnicos concretos para declarar una emergencia sísmica (cuándo pasar de preemergencia a situación 1 o 2) se determinan en los planes territoriales y especiales de cada comunidad, que deben ajustarse a la Ley 17/2015, a la Norma Básica de Protección Civil de 2023 y al PLEGEM.