Funcas detecta siete debilidades de los fondos Next Generation y cuestiona su capacidad para transformar la economía española

No solo Funcas: 11 organismos más cuestionan el verdadero impacto transformador de los Next Generation en la economía española

9 minutos

Funcas detecta siete debilidades de los fondos Next Generation y cuestiona su capacidad para transformar la economía española. Mientras, hasta 11 organismos rebajan el triunfalismo sobre estas ayudas europeas.

Funcas detecta siete debilidades de los fondos Next Generation y cuestiona su capacidad para transformar la economía española. Mientras, hasta 11 organismos rebajan el triunfalismo sobre estas ayudas europeas.

Añadir DEMÓCRATA en Google

Pregunta a FREN

Publicado

9 minutos

Más leídas

Los fondos europeos Next Generation han tenido un impacto positivo sobre la economía española, pero su capacidad para producir la transformación estructural que perseguía el programa presenta todavía limitaciones. Es la conclusión que se desprende del informe El impacto de los fondos Next Generation en la economía española, elaborado por Funcas y Afi, que analiza tanto la ejecución de los recursos como sus efectos sobre el crecimiento, la inversión y la productividad.

El estudio diferencia entre el efecto de los fondos sobre la actividad económica y su capacidad para generar cambios estructurales. En el primer ámbito, los autores (Miguel Ángel González Simón, Borja Rodríguez Martínez y Gonzalo López Molina) identifican una contribución positiva. En el segundo, señalan varios elementos que condicionan el alcance del programa.

El objetivo de los Next Generation no era únicamente contribuir a la recuperación posterior a la pandemia, recuerda en su informe Funcas. El programa europeo buscaba también impulsar la inversión, mejorar la productividad y acelerar la transformación de las economías mediante las transiciones verde y digital.

Funcas y Afi estiman que los fondos europeos explicaron entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB real español entre 2021 y 2025, equivalente a entre 1,4 y 2,1 puntos de crecimiento, de modo que, el informe -sin actualizar después de la última adenda del Gobierno- reconoce, un efecto positivo sobre la actividad.

Sin embargo, el análisis plantea que el PIB no es el único indicador para evaluar el resultado de un programa cuyo objetivo también era transformar la estructura productiva.Y es en este segundo plano donde los autores identifican las principales limitaciones.

Las siete debilidades que señala el informe
 

1. Una brecha entre los recursos recibidos y el gasto efectivo

España había recibido 71.366 millones de euros a finales de 2025. De esta cantidad, alrededor del 80% estaba comprometido y el 55% había sido gastado, recoge el informe de Funcas.

Este documento distingue entre los fondos desembolsados por la Unión Europea, los recursos comprometidos por las administraciones y el gasto que finalmente se materializa en empresas y hogares. Las administraciones habían comprometido 57.395 millones, mientras que el gasto contabilizado por empresas y hogares se situaba en torno a 39.000 millones.

Los autores utilizan esta diferencia para analizar el recorrido que existe entre los recursos recibidos y su llegada efectiva a la economía.

2. La inversión empresarial continúa por debajo del nivel prepandemia

La evolución de la inversión privada constituye uno de los indicadores utilizados por Funcas y Afi para valorar el efecto transformador del programa.

El informe señala que, a finales de 2025, la inversión empresarial se encontraba 3,3 puntos por debajo de su nivel real de 2019.

Los autores observan que los fondos europeos han contribuido a sostener la inversión, pero consideran que el impulso sobre la inversión empresarial ha sido inferior al esperado inicialmente.

El dato resulta relevante para el objetivo del programa porque la movilización de inversión privada constituía uno de los mecanismos previstos para ampliar el efecto de los recursos europeos.

3. Parte de las inversiones financiadas habría sustituido a inversión privada

El estudio introduce además el denominado efecto sustitución.

Según el análisis de Funcas y Afi, una parte de las inversiones que han recibido financiación europea se habría realizado igualmente mediante recursos propios de las empresas.

Por ello, el volumen de inversión asociado a los fondos no equivale necesariamente al volumen de inversión adicional generado por ellos.

La distinción permite a los autores separar el efecto de financiación de los fondos del efecto neto que tienen sobre la actividad económica.

Captura de pantalla 2026 08 13 185534
Volumen de fondos europeos asignados, disponbles y gastados, con el porcentaje sobre el PIB en 2025. 

4. Un impacto adicional limitado sobre la productividad

La productividad es otro de los indicadores utilizados para valorar el cambio estructural.

El informe señala que España ha sido la única de las cuatro grandes economías europeas donde la productividad real por hora habría mejorado respecto a su tendencia previa. El incremento adicional estimado se sitúa en 0,4 puntos.

Pero Funcas y Afi consideran este avance limitado en términos absolutos en relación con la dimensión del programa.

La productividad constituye uno de los elementos centrales del objetivo transformador de los Next Generation, por lo que su evolución forma parte del balance realizado por los autores.

¿dÓNDE ESTÁ LA PRODUCTIVIDAD ESPAÑOLA?

Según datos de Eurostat, la productividad por persona empleada sitúa a España en 2025 en 97,5 puntos frente a 100 de la media de la UE-27.

Francia alcanza 107,3 puntos, Italia 102,7 y Alemania 101,9, de modo que España queda 2,5 puntos por debajo de la media europea y 4,85 puntos por debajo de la media de estas cuatro grandes economías.

Si se mide la productividad por hora trabajada, un indicador más adecuado para comparar países porque elimina las diferencias derivadas del peso del empleo a tiempo parcial y del número de horas trabajadas, España se sitúa en 98,1 puntos sobre una UE=100. Está por debajo de Alemania (99,2), pero por encima de Francia (94,2) e Italia (88,4).

El problema está en la evolución: en 2025 la productividad por hora española aumentó un 0,8%, frente al 1,5% de la UE, por lo que España mantiene una productividad cercana a la media comunitaria, sin embargo, no está reduciendo la brecha al mismo ritmo, porque avanza más lentamente que el conjunto europeo.

5. La gestión y coordinación administrativa condicionan la ejecución

La dimensión del programa ha supuesto, según el informe, un reto para la capacidad de gestión de las distintas administraciones.

El modelo de ejecución implica la participación de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El Estado gestiona alrededor del 60% de los fondos movilizados, las comunidades autónomas el 25% y las entidades locales el 15%.

Funcas y Afi observan diferencias en los ritmos de ejecución entre territorios y las relacionan, entre otros factores, con las capacidades técnicas disponibles, el diseño de las convocatorias y la experiencia previa en la gestión de fondos europeos.

Los autores plantean así la capacidad administrativa y la coordinación entre niveles de gobierno como elementos relevantes para determinar la velocidad con la que los recursos llegan a la economía.

En datos

Once organismos rebajan el triunfalismo sobre los fondos europeos: más dinero comprometido que ejectuado

AIReF, Banco de España, Comisión Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, Eurostat, FMI y distintos organismos nacionales coinciden en una cautela: recibir fondos de Bruselas, convocar ayudas o adjudicar proyectos no equivale necesariamente a que el dinero haya llegado al beneficiario final ni a que la inversión esté terminada. La AIReF distingue entre fondos convocados, adjudicaciones, obligaciones reconocidas y pagos realizados, mientras que el Tribunal de Cuentas ha identificado en distintas fiscalizaciones retrasos, problemas de planificación y carencias en los indicadores de resultados. La Comisión Europea, por su parte, vincula sus desembolsos al cumplimiento de hitos y objetivos, pero sus informes siguen reclamando acelerar inversiones y reforzar la capacidad administrativa.

El Banco de España y el Tribunal de Cuentas Europeo también han advertido de la diferencia entre los desembolsos recibidos y su absorción efectiva por la economía. Eurostat permite observar esa distancia al comparar el gasto contabilizado por los Estados con los recursos asignados, mientras que el FMI ha señalado la dificultad de vincular un sistema de pagos basado en hitos administrativos con resultados económicos mensurables. En España, la CEOE, Cotec-Ivie y Fedea han señalado asimismo problemas de burocracia, acceso de las pymes, fragmentación de los datos y dificultades para identificar los pagos a los beneficiarios finales.

El conjunto de estos análisis no concluye que los fondos Next Generation hayan fracasado, ni todos ellos realizan una valoración específica de la gestión del Gobierno. Sí introducen una diferencia relevante respecto al uso agregado de las cifras de ejecución: dinero asignado, desembolsado, comprometido, adjudicado, pagado y convertido en una inversión terminada son magnitudes distintas. La cuestión que plantean estos organismos es, por tanto, cuánto de los recursos europeos ha llegado efectivamente a la economía real, qué proyectos han terminado y qué resultados económicos verificables han producido.

6. Una elevada concentración de los recursos entre las grandes empresas

El tamaño de las empresas receptoras constituye otro de los elementos analizados.

Las empresas de más de 250 trabajadores representan el 0,4% del tejido empresarial español, pero han concentrado aproximadamente el 45,7% de los compromisos de gasto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las microempresas, que representan el 89,3% del tejido empresarial, concentran alrededor del 10% de esos compromisos.

El informe señala que la concentración en grandes empresas está relacionada con la naturaleza y dimensión de algunos de los proyectos tractores, que requieren capacidad financiera y técnica.

Al mismo tiempo, los autores analizan cómo esta distribución ha condicionado el alcance de los fondos sobre el conjunto del tejido empresarial.

7. Una distribución sectorial que no siempre coincide con los sectores más dinámicos

El informe analiza también el destino sectorial de los recursos.

Los sectores de manufacturas, información y comunicaciones y construcción concentran más del 60% de los fondos comprometidos.

Funcas y Afi observan, sin embargo, que la intensidad de los fondos no siempre se ha correspondido con la evolución de la inversión en los diferentes sectores. De hecho, el estudio plantea que la distribución de los recursos no necesariamente ha coincidido con los sectores más dinámicos del ciclo expansivo español.

De ahí que, los autores plantean, a partir de este análisis, la conveniencia de considerar instrumentos más horizontales en futuros programas de inversión.

Un efecto positivo sobre el crecimiento

El informe no plantea un balance negativo de los fondos Next Generation. Funcas y Afi señalan que el programa ha contribuido a sostener la recuperación económica y que se han producido avances en ámbitos como la transición verde y digital.

La estimación de su contribución al PIB sitúa el impacto de los fondos entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual entre 2021 y 2025.

Pero el análisis introduce, sin embargo, una diferencia entre ese impacto coyuntural y el objetivo estructural del programa, ya que, los fondos fueron concebidos para acompañar la recuperación tras la pandemia, pero también para elevar la productividad, movilizar inversión privada y modificar la estructura productiva. Y, es en estos últimos objetivos donde Funcas y Afi identifican los principales elementos pendientes.

La ejecución como parte del impacto

El estudio presta especial atención a la diferencia entre la convocatoria de recursos y su ejecución efectiva.

La magnitud del programa ha implicado una estructura administrativa compleja y una participación de distintos niveles de gobierno. Los autores consideran que esta configuración ha generado diferencias en la capacidad de ejecución y en los ritmos con los que los recursos se convierten en gasto.

El informe también plantea una cuestión relacionada con el sistema de seguimiento del programa: el cumplimiento de un hito administrativo no garantiza por sí mismo que los recursos hayan generado el efecto económico previsto.

Por ello, los autores plantean complementar el seguimiento documental con indicadores que permitan comprobar aspectos como la movilización efectiva de financiación privada o la existencia de licitaciones desiertas.

El balance: crecimiento frente a transformación

El estudio de Funcas y Afi sitúa el resultado de los Next Generation en dos planos.

El primero es el de la actividad económica, donde los autores estiman una contribución positiva de los fondos al crecimiento español entre 2021 y 2025.

El segundo es el de la transformación estructural, donde el informe identifica una serie de factores que limitan el alcance del programa: la diferencia entre recursos recibidos y gasto efectivo, la evolución de la inversión empresarial, el efecto sustitución, el impacto sobre la productividad, las dificultades de gestión y coordinación, la concentración empresarial y la distribución sectorial.

Los autores concluyen que el potencial transformador de los fondos todavía no se ha materializado plenamente.

Funcas y Afi apuntan así a la necesidad de extraer conclusiones de la experiencia española para el diseño de futuros instrumentos europeos de inversión. El análisis plantea reforzar las capacidades administrativas, mejorar los mecanismos de seguimiento y adaptar el diseño de los programas para favorecer una mayor movilización de inversión privada y un impacto más amplio sobre la productividad.

El balance que ofrece el informe, por tanto, no se centra únicamente en cuánto dinero ha recibido España o en cuánto ha contribuido al crecimiento. Su análisis plantea una cuestión adicional: hasta qué punto los fondos Next Generation han conseguido convertir ese volumen extraordinario de recursos en un cambio duradero de la inversión, la productividad y la estructura productiva española.

Y es precisamente en esa diferencia entre impulsar el crecimiento y transformar la economía donde Funcas y Afi sitúan las principales cuestiones abiertas sobre el resultado del programa.

Más claves, contexto y preguntas con FREN

CONTENIDO GENERADO CON IA

¿Qué trámites parlamentarios o administrativos son necesarios para la aprobación y desembolso de los fondos Next Generation en España?

La aprobación y el desembolso de los fondos Next Generation EU en España se apoyan en los procedimientos generales de elaboración de leyes, decisiones presupuestarias y control parlamentario. Aunque los fondos tienen un origen extraordinario (a nivel de la UE), se canalizan mediante los instrumentos jurídicos y de control habituales del ordenamiento español.

1. Decisiones a nivel de la Unión Europea

En primer lugar, los fondos Next Generation EU (incluyendo el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-EU) se aprueban en el ámbito de la UE. Esto implica:

  • Decisiones normativas y presupuestarias de las instituciones europeas para crear el instrumento financiero y dotarlo de recursos.
  • Adopción de reglamentos y decisiones que fijan criterios de elegibilidad, objetivos, tipos de proyectos financiables y calendarios.

Estas normas europeas son directamente aplicables o requieren adaptación interna mediante leyes y decisiones presupuestarias, siguiendo los procedimientos legislativos ordinarios descritos en España: presentación de iniciativas, debate en comisión, enmiendas, dictamen y aprobación en las cámaras, según el esquema general de tramitación de leyes.

2. Decisiones del Gobierno de España

A partir del marco europeo, el Gobierno español debe programar y concretar el uso de los fondos. Para ello se sirve de:

  • Iniciativas normativas (como proyectos de ley o, en su caso, normas con rango de ley) que se tramitan siguiendo las fases generales: presentación por el Gobierno, asignación a comisión, fase de enmiendas, dictamen, debate y votación en el Pleno del Congreso y posterior intervención del Senado antes de la sanción y promulgación.
  • Decisiones presupuestarias, que se insertan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en modificaciones presupuestarias, también tramitadas como leyes mediante el mismo procedimiento parlamentario general.
  • Acuerdos del Consejo de Ministros y otras decisiones administrativas que concretan la distribución de recursos, bases de convocatorias o marcos de gestión, siempre dentro del marco normativo y presupuestario aprobado por las Cortes Generales.

3. Intervención de las Cortes Generales

El Parlamento desempeña un doble papel: normativo y de control.

  • Papel normativo: las Cortes participan en la aprobación de leyes que crean o modifican los instrumentos necesarios para canalizar los fondos. El procedimiento sigue los pasos generales: trabajo en comisión, presentación y votación de enmiendas, dictamen, pleno del Congreso, actuación del Senado y, en su caso, levantamiento de vetos o aceptación/rechazo de enmiendas senatoriales.
  • Control parlamentario: además de aprobar el marco jurídico y presupuestario, el Parlamento supervisa al Gobierno mediante los instrumentos clásicos de control:
    • Preguntas orales y escritas al Gobierno sobre el grado de ejecución, selección de proyectos o cumplimiento de hitos.
    • Comparecencias de ministros y altos cargos ante pleno o comisiones para informar sobre la gestión de los fondos.
    • Interpelaciones y mociones en las que se discute la orientación de la política de recuperación y se instan cambios.
    • Solicitudes de información y documentación relativas a convocatorias, contratos o evaluaciones.
    • En casos extremos, la utilización de mecanismos como el voto de censura o la cuestión de confianza, propios del control político general.

4. Ejecución y control del gasto

Una vez aprobados el marco normativo y las dotaciones presupuestarias, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas ejecutan el gasto mediante sus procedimientos administrativos ordinarios: convocatorias de ayudas, licitaciones, subvenciones y convenios, siempre ajustados a la legislación vigente.

El control técnico y financiero se apoya en varios órganos:

  • IGAE (Intervención General de la Administración del Estado), que ejerce la función interventora y el control interno del sector público estatal, verificando la legalidad de los actos de gestión del gasto y realizando auditorías.
  • AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que elabora análisis e informes sobre sostenibilidad fiscal y puede valorar el diseño y efectos de los programas de gasto asociados a los fondos.
  • Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador externo que examina la actividad económico-financiera del sector público y puede emitir informes específicos sobre la utilización de los recursos.

Sus informes alimentan el control parlamentario: se remiten a las Cortes Generales, que pueden citarlos en debates, solicitar explicaciones adicionales o promover iniciativas de mejora normativa.

En conjunto, la articulación de los fondos Next Generation EU combina decisiones europeas, leyes y acuerdos internos, procedimientos administrativos de ejecución y un entramado de controles parlamentarios y técnico-financieros que buscan asegurar transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

¿Puedes detallar qué instrumentos de control parlamentario se han usado más para supervisar los fondos Next Generation en España? ¿Cómo se coordina la gestión de los fondos Next Generation entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas? ¿Qué papel tienen la AIReF y el Tribunal de Cuentas en la evaluación de resultados de los proyectos financiados con fondos Next Generation?

¿Cuáles son las competencias y funciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el seguimiento de fondos europeos?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es el “fiscal council” español, encargada de vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el ámbito de los fondos europeos, especialmente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), sus competencias se articulan alrededor de tres grandes ejes: evaluación del gasto financiado con fondos europeos, análisis de su impacto sobre la estabilidad presupuestaria y seguimiento de la implementación de sus recomendaciones.

Desde el punto de vista normativo, el marco general lo proporcionan la Ley Orgánica 6/2013, de creación de la AIReF, y su Estatuto Orgánico aprobado por el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, modificado por el Real Decreto 793/2021, de 14 de septiembre. Estas normas definen a la AIReF como una autoridad administrativa independiente, adscrita al Ministerio de Hacienda sólo a efectos organizativos y presupuestarios, pero con plena autonomía funcional para emitir informes, estudios y opiniones en materia fiscal.

El Estatuto determina que la AIReF debe analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de todas las Administraciones y evaluar políticas de gasto relevantes. El Real Decreto 793/2021 incorpora de forma expresa la articulación de la función de revisión del gasto público (Spending Review), que es el cauce principal por el que la AIReF se vincula al seguimiento de los fondos europeos. El propio preámbulo de este real decreto indica que, tras varios años de revisiones de gasto, el PRTR “reconoce su utilidad” y se compromete a dar “continuidad y permanencia” a estos ejercicios creando una División de Evaluación del Gasto Público (Spending Review) en el seno de la AIReF.

Esta División de Evaluación del Gasto tiene como cometido realizar de forma sistemática análisis en profundidad de programas de gasto, entre ellos los financiados con fondos Next Generation EU. En concreto, debe:

  • Diseñar y ejecutar encargos plurianuales de revisión del gasto, incluyendo proyectos y componentes del PRTR, para valorar su eficacia, eficiencia y coherencia con los objetivos de recuperación y resiliencia.
  • Formular recomendaciones de mejora sobre el diseño, focalización, ejecución y evaluación de las inversiones y reformas financiadas con fondos europeos.
  • Establecer canales estables de relación con las administraciones responsables de la gestión de estos fondos, para compartir información sobre las evaluaciones y facilitar la implementación de las recomendaciones.

Unido a ello, el Real Decreto 793/2021 introduce el principio de “cumplir o explicar” respecto de las recomendaciones derivadas de estas revisiones: las administraciones afectadas deben o bien aplicar las recomendaciones de la AIReF o bien justificar públicamente por qué se apartan de ellas. En paralelo, se prevé que el Ministerio de Hacienda elabore un informe anual público, remitido al Consejo de Ministros, sobre el grado de seguimiento de las recomendaciones de Spending Review, lo que refuerza el circuito institucional de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos.

El Estatuto Orgánico de la AIReF (Real Decreto 215/2014, en su versión consolidada) regula, además, las facultades de acceso a la información necesarias para ejercer estas funciones. La AIReF puede:

  • Solicitar información económico‑financiera a todas las administraciones incluidas en el ámbito de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, incluyendo datos vinculados a la ejecución de proyectos financiados por el MRR y otros fondos europeos.
  • Recibir la información a través de la Central de Información Económico‑Financiera de las Administraciones Públicas, con canales y formatos acordados que faciliten el tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos.
  • Exigir documentación adicional y fijar plazos para su remisión; la falta de colaboración puede ser calificada como incumplimiento, con advertencia pública y comunicación al Gobierno y a las Cortes Generales en los casos graves o reiterados.

Junto a la evaluación micro de programas concretos, la AIReF ejerce funciones de análisis macrofiscal que inciden directamente en el seguimiento de los fondos europeos. Al evaluar los escenarios presupuestarios y la senda de déficit y deuda, la institución debe tener en cuenta el impacto de los fondos europeos sobre el crecimiento, los ingresos y el gasto, así como los riesgos que supondría una ejecución insuficiente o ineficiente. Esto se plasma en sus informes sobre las previsiones macroeconómicas, los presupuestos y la sostenibilidad a medio plazo.

Es importante subrayar que la AIReF no gestiona ni distribuye los fondos europeos: su papel es de vigilancia y evaluación independiente. Aporta evidencia sobre cómo se están utilizando esos recursos, si contribuyen realmente a la transformación económica y si son compatibles con la estabilidad presupuestaria. De este modo, se convierte en un actor clave en la arquitectura de gobernanza del PRTR, complementando a los órganos gestores y de control interno con una mirada externa, técnica y orientada a resultados.

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para acceder a la financiación de los fondos Next Generation en España?

El acceso de las empresas a la financiación vinculada a los fondos Next Generation EU en España (PERTE, programas estatales y autonómicos) no se rige por un único “reglamento general”, sino por las bases reguladoras y convocatorias concretas de cada línea de ayuda, que se apoyan en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Reglamento (UE) 2021/241 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y, en muchos casos, en la normativa de ayudas de Estado de la UE.

1. Marco general y referencias oficiales

En España los fondos Next Generation se canalizan a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), cuyos programas se articulan en órdenes ministeriales de bases reguladoras y convocatorias en el BOE. Ejemplos de estas bases son:

  • Orden TED/764/2024, sobre comunidades energéticas (Programa CE Implementa), financiado por Next Generation EU (texto en el BOE).
  • Orden TED/765/2024, sobre proyectos innovadores de renovables y almacenamiento (texto en el BOE).
  • Orden ECM/794/2024, sobre el Programa ICEX Internacionalización (texto en el BOE).

Además, el Gobierno central agrupa información y convocatorias del PRTR en el portal oficial planderecuperacion.gob.es, mientras que las comunidades autónomas publican sus propias ayudas en sus diarios oficiales y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

2. Criterios generales de elegibilidad de las empresas

Aunque cada programa introduce matices, la experiencia de estas órdenes muestra una serie de requisitos que se repiten:

  • Personalidad jurídica y domicilio en España. Las empresas deben estar legalmente constituidas y, en muchos programas, tener su domicilio fiscal en España (por ejemplo, en la Orden TED/535/2025 sobre almacenamiento energético BOE-A-2025-10668).
  • No estar en crisis ni en situación concursal, según la definición del Reglamento (UE) 651/2014, repetida en varias bases reguladoras de ayudas a empresas.
  • Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y no tener pendiente de reembolso ninguna ayuda declarada ilegal o incompatible por la Comisión Europea (art. 13 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, citados en la Orden TED/764/2024).
  • No estar inhabilitada para obtener subvenciones ni incluida en registros de prohibiciones de contratar o percibir ayudas públicas.
  • Cumplir las reglas de ayudas de Estado (de mínimis o regímenes específicos), incluyendo límites de intensidad de ayuda y de acumulación con otras subvenciones.
  • En muchos casos, pertenecer a cierto segmento empresarial (p.ej. pyme) o a un determinado sector o cadena de valor (energía, digitalización, agroalimentario, etc.), según defina el PERTE o programa.

3. Requisitos administrativos y financieros habituales

Más allá de la elegibilidad, las empresas deben superar una serie de requisitos formales y de solvencia:

  • Presentación telemática de la solicitud dentro de plazo, a través de la sede electrónica que fije la convocatoria, adjuntando memoria técnica, plan de negocio o de inversión, presupuesto detallado y declaraciones responsables.
  • Acreditar capacidad técnica y de gestión para ejecutar el proyecto (equipo, experiencia, medios propios o subcontratados).
  • Solvencia económico-financiera suficiente: los instrumentos financieros (préstamos o garantías con fondos Next Generation) suelen exigir que la financiación no supere determinados múltiplos de fondos propios y que la empresa tenga un nivel de endeudamiento razonable. El FEPYME del PRTR, por ejemplo, limita los préstamos participativos al importe de los fondos propios de la pyme (nota oficial del Plan de Recuperación).
  • Cofinanciación privada en muchos esquemas: la ayuda cubre solo un porcentaje del coste elegible, por lo que la empresa debe demostrar cómo aportará el resto (recursos propios, deuda bancaria, inversores).
  • En licitaciones o contratos financiados con PRTR, cumplimiento estricto de la normativa de contratación pública y trazabilidad de expedientes y criterios de adjudicación.

4. Obligaciones de las empresas beneficiarias

Ser beneficiario implica un conjunto de obligaciones que se reiteran en todas las bases reguladoras examinadas:

  • Ejecutar el proyecto en los plazos y con el alcance comprometido. El MRR es un instrumento “basado en resultados”: si no se cumplen hitos y objetivos, pueden producirse ajustes o devoluciones de fondos.
  • Justificar el gasto mediante facturas, contratos y documentación acreditativa, cumpliendo la Ley General de Subvenciones y la normativa europea aplicable. En muchos programas, el pago se realiza tras la justificación o mediante anticipos y pagos a cuenta condicionados a esa justificación.
  • Guardar la documentación durante los años que establezcan la normativa nacional y europea, a efectos de posibles controles, auditorías y verificaciones (incluido Tribunal de Cuentas, Comisión Europea, etc.).
  • Dar publicidad al origen de los fondos (logo de la UE y mención “financiado por la Unión Europea–Next Generation EU”), tanto en materiales de comunicación como, en su caso, en obras, equipamientos, webs, etc., de acuerdo con órdenes como la TED/765/2024.
  • Comunicar otras ayudas obtenidas para el mismo proyecto, para evitar doble financiación y respetar los topes de intensidad de ayuda.
  • Reintegrar parcial o totalmente la ayuda si se detectan incumplimientos sustanciales de los requisitos, de la ejecución o de las obligaciones de información y control. El Ministerio de Hacienda ha aprobado una orden específica sobre el procedimiento de reintegro de fondos del MRR, detallada en el BOE (síntesis periodística).

5. Cómo orientar la búsqueda para un caso concreto

En la práctica, cualquier empresa interesada debe:

  • Identificar el PERTE o programa (estatal o autonómico) que encaja con su proyecto.
  • Localizar en el BOE o en el diario autonómico la orden de bases reguladoras y la convocatoria concreta.
  • Revisar con detalle los apartados de “Requisitos de los beneficiarios”, “Obligaciones” y “Justificación”.
  • Valorar, si es necesario, apoyo especializado (consultoría, oficina NextGen de la comunidad, cámara de comercio, etc.) para preparar la candidatura.

Juega

¡Pon a prueba lo que sabes con FREN!

¿Cuánto sabes sobre este tema? Responde las siguientes 3 preguntas.

¿Qué porcentaje del crecimiento medio anual del PIB real español entre 2021 y 2025 se atribuye a los fondos Next Generation según Funcas y Afi?

Pregunta 1 de 3

¿Cuál era la diferencia entre los recursos comprometidos por las administraciones y el gasto contabilizado por empresas y hogares a finales de 2025?

Pregunta 2 de 3

¿Qué proporción de los fondos Next Generation movilizados gestiona la Administración General del Estado según el informe?

Pregunta 3 de 3

Hola, soy Fren. ¿Cómo te ayudo?