Mapa de incendios en España hoy, 19 de agosto: estabilizado el incendio de la Sierra Oeste de Madrid

En la normativa española, el llamado “nivel 2” de peligrosidad o emergencia por incendios forestales se corresponde, en la regulación básica estatal, con la Situación 2 de los planes de protección civil frente a incendios forestales. Sus requisitos legales básicos vienen definidos por la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 524/2023 y, de forma muy concreta, por el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por Resolución de 31 de octubre de 2014 (BOE-A-2014-11493).

1. Marco jurídico básico

• Ley 17/2015 configura los planes especiales para riesgos como los incendios forestales y establece que pueden ser estatales o autonómicos. Estos planes son los que fijan la organización, los procedimientos de actuación y las fases o situaciones operativas ante las emergencias.
• El Real Decreto 524/2023, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, señala que las Directrices Básicas de Planificación son el instrumento para garantizar un modelo homogéneo de planes especiales en todo el territorio, y cita expresamente la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales (Real Decreto 893/2013).
• En aplicación de esta Directriz, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales define las situaciones operativas 0, 1, 2 y 3, que son la referencia común sobre la que después se construyen y adaptan los planes autonómicos.

2. Definición estatal de la “Situación 2” (nivel 2)

El Plan Estatal establece, con carácter general, que:

• Situación 0: incendio que solo afecta a bienes forestales y puede ser controlado con medios locales o autonómicos, incluso con apoyo estatal en su zona de actuación preferente.
• Situación 1: incendio que puede afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, de forma leve a la población o a bienes no forestales. Se prevé que pueda controlarse con medios autonómicos, aunque puede requerir, a solicitud de la Comunidad Autónoma y previa valoración técnica estatal, la incorporación de medios extraordinarios.
• Situación 2 (equivalente al “nivel 2”): emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible:
  • Puedan afectar gravemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro (evacuaciones, confinamientos, cierres de infraestructuras, etc.).
  • Y, además, pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente de la Comunidad Autónoma, se incorporen medios extraordinarios del Estado (por ejemplo, Unidad Militar de Emergencias u otros recursos estatales adicionales).
  • O bien que esos incendios puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional, es decir, que puedan acabar desencadenando una declaración de emergencia de interés nacional al amparo de la Ley 17/2015.
• Situación 3: se corresponde con la declaración de emergencia de interés nacional por el ministro del Interior, momento a partir del cual la dirección y coordinación pasan formalmente a la Administración General del Estado.

3. Quién decide y cómo se articula con los planes autonómicos

El propio Plan Estatal indica que la calificación de la situación operativa (0, 1, 2 o 3) la efectúa el órgano competente de la Comunidad Autónoma, que puede modificarla en función de la evolución del incendio. Es decir:

• Los requisitos generales del nivel 2 (riesgo grave para población y bienes no forestales, necesidad probable de medios extraordinarios, posible derivación a interés nacional) son comunes en todo el Estado.
• Cada plan especial autonómico de incendios forestales, aprobado y homologado conforme a la Directriz básica y a la Norma Básica, concreta esos criterios generales en parámetros más operativos: distancia a núcleos habitados, simultaneidad de incendios, condiciones meteorológicas extremas, capacidad de los medios propios, etc.

En síntesis, legalmente se activa el nivel 2 cuando el incendio forestal deja de ser un problema fundamentalmente forestal, pasa a amenazar de forma grave a personas y bienes no forestales y la Comunidad Autónoma aprecia que pueden ser necesarios medios extraordinarios estatales o que la emergencia puede evolucionar hacia una emergencia de interés nacional. Sobre esa base común, los planes autonómicos desarrollan el detalle técnico y procedimental.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es una fuerza conjunta permanente de las Fuerzas Armadas cuya misión general es intervenir ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad, entre ellas los incendios forestales. Sus competencias en este ámbito se derivan, principalmente, de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, el Real Decreto 1097/2011 que aprueba su Protocolo de Intervención, la Orden DEF/160/2019 sobre su organización y el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Acuerdo del Consejo de Ministros de 24.10.2014).

1. Marco general de la UME

• Naturaleza y misión: según la Orden DEF/160/2019, la UME es una fuerza conjunta de las Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, cuya misión es intervenir en cualquier lugar del territorio nacional (y en el exterior) para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas.
• La Ley Orgánica 5/2005 atribuye a las Fuerzas Armadas, junto con las demás instituciones públicas, la misión de preservar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en este tipo de situaciones, base jurídica sobre la que se crea la UME (Acuerdo del Consejo de Ministros de 7.10.2005, publicado por Resolución de 19.01.2006).
• La Ley 17/2015 configura a la UME como servicio público de intervención y asistencia en emergencias y la principal estructura de colaboración de las Fuerzas Armadas con otras Administraciones en materia de protección civil.

2. Competencias específicas frente a incendios forestales

• El Real Decreto 1097/2011, que aprueba el Protocolo de Intervención de la UME, establece que su intervención podrá ordenarse, entre otros supuestos, cuando se produzcan con carácter grave:
  • Incendios forestales (se citan expresamente junto a inundaciones, terremotos, grandes nevadas, riesgos tecnológicos, atentados, etc.).
• Las actuaciones operativas de la UME se concretan en:
  • Planificación y adiestramiento específico para riesgos como los incendios forestales.
  • Intervención directa en la extinción y apoyo a la población y a otros servicios de emergencia.
  • Prevención limitada: solo realiza labores de prevención necesarias para hacer frente a una emergencia declarada; puede actuar en fase de alerta o preemergencia para minimizar la gravedad antes de la declaración formal.
• En materia de medios:
  • La UME integra capacidades terrestres, logísticas y de apoyo a damnificados.
  • El Protocolo de Intervención prevé la puesta a disposición de la UME de medios aéreos de lucha contra incendios cuando participe en emergencias declaradas de interés nacional, asumiendo su mando operativo.

3. Activación y coordinación con comunidades autónomas

• Los incendios forestales son, en primera instancia, competencia de las comunidades autónomas, que disponen de sus propios planes especiales y servicios de extinción.
• Cuando el incendio alcanza carácter grave y los medios autonómicos resultan insuficientes, la autoridad autonómica competente en protección civil puede solicitar al Ministerio del Interior la intervención de la UME:
  • Interior valora la emergencia y, si procede, solicita al Ministerio de Defensa la activación de la UME, respetando los principios de complementariedad y subsidiariedad.
  • El Ministro de Defensa, por delegación del Presidente del Gobierno, ordena formalmente la intervención.
• En incendios no declarados de interés nacional, la UME se integra en el Centro de Coordinación Operativa (CECOP/CECOPI) que dirija la emergencia, con uno de sus mandos incorporado a dicho centro, y actúa de forma coordinada con los servicios autonómicos de extinción y con los dispositivos de protección civil.

4. Emergencias de interés nacional y mando operativo

• La Ley 17/2015 prevé la figura de la emergencia de interés nacional, declarada por el Ministro del Interior cuando la magnitud, extensión o impacto de la emergencia lo justifiquen.
• En el caso específico de incendios forestales, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales (Resolución de 31.10.2014) dispone que:
  • El General Jefe de la UME (GEJUME) asume la Dirección Operativa de las emergencias declaradas de interés nacional, bajo la superior dirección del Ministro del Interior.
  • En caso de afectación a varias comunidades autónomas y empleo de medios extraordinarios estatales (entre ellos la UME y otros medios de Defensa y del Ministerio de Agricultura/Medio Ambiente), se constituye un Mando Operativo Integrado en el que participan mandos de la UME y responsables de los grupos de acción autonómicos.
• El General Jefe de la UME puede, además, solicitar y coordinar:
  • Otros medios militares de las Fuerzas Armadas.
  • Medios y recursos civiles extraordinarios ubicados dentro o fuera de la comunidad autónoma afectada.

5. Síntesis

En resumen, la UME no sustituye a los servicios autonómicos de extinción, sino que actúa como capacidad estatal especializada y complementaria, desplegable con rapidez en incendios forestales graves. Interviene a petición de las comunidades autónomas, a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, y asume la dirección operativa solo cuando la emergencia se declara de interés nacional, manteniendo siempre la coordinación con los planes autonómicos de protección civil, los mandos de extinción y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Actualmente (agosto de 2026) los cinco gobiernos autonómicos que mencionas están en manos del Partido Popular, en unos casos en solitario y en otros en coalición con Vox o con su apoyo parlamentario. A partir de las informaciones recientes recopiladas, la foto política es la siguiente:

Comunidad de Madrid

• Partido en el gobierno: Partido Popular (PP), presidido por Isabel Díaz Ayuso.
• Tipo de gobierno: Gobierno en solitario, con mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid.
• Apoyos externos: No depende de apoyos parlamentarios de otros partidos. Diversas encuestas y crónicas políticas señalan de forma reiterada que Ayuso gobierna con mayoría absoluta desde las autonómicas de 2023, lo que le ha permitido sacar adelante los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 sin necesitar votos de Vox, PSOE o Más Madrid (por ejemplo, se recalca que el PP dispone de más de 70 escaños sobre los 135 de la Cámara).

Extremadura

• Partidos en el gobierno: Coalición PP–Vox.
• Presidencia: María Guardiola (PP), elegida presidenta de la Junta de Extremadura con los votos de PP y Vox.
• Tipo de gobierno: Gobierno de coalición formal PP–Vox. Según la crónica parlamentaria, el acuerdo incluye la entrada de Vox en el Ejecutivo: asume la Consejería de Servicios Sociales con rango de vicepresidencia y la Consejería de Agricultura, además de un senador autonómico, configurando un gobierno compartido entre ambas formaciones.
• Apoyos externos: No hay constancia de apoyo estable de terceros partidos; la mayoría parlamentaria se construye con los escaños de PP y Vox frente a PSOE y Unidas por Extremadura.

Aragón

• Partidos en el gobierno: Coalición PP–Vox.
• Presidencia: Jorge Azcón (PP), investido presidente para la XII legislatura el 29 de abril de 2026.
• Tipo de gobierno: Gobierno de coalición PP–Vox. La información parlamentaria indica que el Ejecutivo aragonés está “conformado por PP y Vox”; Vox participa en el Gobierno con varias consejerías, mientras que determinadas áreas, como Sanidad, permanecen en manos del PP.
• Apoyos externos: La mayoría en las Cortes de Aragón se sustenta en los 26 escaños del PP y los 14 de Vox (40 de 67), sin necesidad de terceros grupos. Otros partidos (PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, IU) votaron contra la investidura de Azcón.

Comunitat Valenciana

• Partido en el gobierno: Partido Popular (PP).
• Presidencia: Juanfran Pérez Llorca (PP), investido presidente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón.
• Tipo de gobierno: Gobierno del PP en solitario. Tras un primer periodo de coalición PP–Vox (2023–mediados de 2024) y la posterior salida de Vox del Consell, la dirección del PP valenciano reorganizó el Ejecutivo. Con la llegada de Pérez Llorca, el Consell pasa a estar compuesto únicamente por consellers del PP.
• Apoyos externos: Apoyo parlamentario de Vox. Aunque ya no forma parte del Gobierno, Vox sostiene desde fuera al Ejecutivo popular y ha sido clave en la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2025 y 2026. Las crónicas sobre las cuentas de 2026 indican que estas se aprueban con el respaldo de PP y Vox frente al rechazo de PSPV y Compromís, y subrayan que se trata del tercer presupuesto consecutivo sacado adelante conjuntamente por ambas formaciones, los dos primeros con Vox en el Consell y el actual mediante apoyo externo.

Galicia

• Partido en el gobierno: Partido Popular (PP).
• Presidencia: Alfonso Rueda (PP), al frente de la Xunta de Galicia.
• Tipo de gobierno: Gobierno en solitario con mayoría absoluta del PP. Diversos análisis políticos describen Galicia como “ejemplo del buen gobierno del PP” y dan por hecho que la fórmula de “gobierno estable de mayorías absolutas” de Fraga, Feijóo y Rueda se mantiene vigente. Encuestas publicadas en 2026 siguen proyectando una mayoría absoluta del PP frente a BNG y PSOE, lo que confirma la capacidad del partido para gobernar sin socios.
• Apoyos externos: No tiene apoyos obligados: el PP dispone por sí solo de la mayoría de escaños en el Parlamento de Galicia.

En resumen, de las comunidades que citas, Madrid y Galicia están gobernadas en solitario por el PP con mayoría absoluta; Extremadura y Aragón cuentan con gobiernos de coalición PP–Vox; y la Comunitat Valenciana tiene un gobierno monocolor del PP sostenido parlamentariamente por Vox.