El Ejecutivo del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha hecho pública una nueva hoja de ruta frente a las organizaciones delictivas, centrada en el sometimiento a la Justicia y en la negativa a otorgarles cualquier tipo de estatus político o abrir procesos de negociación con ellas.
“Al criminal no se le pone una silla, se le pone un expediente”, ha resumido el portavoz de la Presidencia, Miller Soto, quien ha detallado que quienes cometan delitos deberán ajustarse a las disposiciones de la Constitución y la ley, sin acceso a mesas de diálogo ni escenarios de concertación.
En este marco, Soto ha adelantado que los ministerios de Justicia e Interior ya trabajan, junto con la Presidencia, en un proyecto de ley de sometimiento o acogimiento que, una vez concluido, será radicado ante el Congreso. La iniciativa prevé que quienes depongan las armas y abandonen las actividades ilegales puedan someterse a la Justicia, siempre que cumplan determinados requisitos, como entregar información relevante, demostrar de forma verificable el cese de sus acciones criminales y avanzar en la reparación de las víctimas.
El portavoz presidencial ha recalcado que este mecanismo no incluirá reconocimiento político, procesos de negociación ni ventajas desmedidas para los implicados. “Lo único que van a poder decir es: me someto, y aceptar los efectos de ese sometimiento”, ha enfatizado.
Paralelamente, el Gobierno ha dado a conocer la preparación de un estatuto antiterrorista enfocado en golpear las fuentes de financiación de las estructuras criminales, entre ellas la minería ilegal, los cultivos de coca, el contrabando y el lavado de activos. El texto contemplará además un régimen penitenciario específico para los principales jefes de estas redes.
Desde la Casa de Nariño han indicado que ya se han reactivado procesos que permanecían pendientes y han avanzado que en las próximas semanas se pondrán en marcha nuevas actuaciones. Al mismo tiempo, han subrayado que la seguridad es una prioridad para la ciudadanía y que la estrategia pretende blindar a quienes trabajan y desarrollan sus actividades al margen de extorsiones y otras modalidades delictivas.
Como mensaje de cierre, el Gobierno ha reiterado que las organizaciones criminales deberán acatar el ordenamiento jurídico y que la ofensiva contra las economías ilegales será uno de los pilares de su política de seguridad.