El Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha apartado de sus funciones a cuatro altos mandos del Ejército por su implicación en la breve ley marcial proclamada por el expresidente Yoon Suk Yeol en diciembre de 2024, medida por la que fue sentenciado a cadena perpetua por delito de “insurrección”.
Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el general de brigada Kim Jeong Geun, el coronel An Mu Seong y el coronel Kim Se Un han sido expulsados del servicio militar. Se trata de la sanción disciplinaria más severa, que implica además una reducción del 50% de la pensión de jubilación.
De acuerdo con la investigación, el general de brigada Kim y An habrían ordenado el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional la noche en que se proclamó la ley marcial, mientras que el coronel Kim habría sido responsable del traslado de los efectivos militares hasta el Parlamento.
Por otro lado, el coronel Kim Sang Yong, que fue subjefe del Comando de Investigación Criminal del Ministerio de Defensa, ha sido igualmente destituido del servicio militar, en este caso con la segunda sanción disciplinaria más grave, por su supuesta participación en la creación de un equipo destinado a detener a políticos influyentes y otras figuras relevantes. En su caso, la medida no repercute en las prestaciones de su jubilación militar.
Estas decisiones disciplinarias se enmarcan en la pesquisa interna abierta por el Ministerio de Defensa sobre los sucesos del 3 de diciembre de 2024. La investigación alcanza aproximadamente a 860 oficiales, de los cuales 180 han sido ya señalados por su presunta participación en los acontecimientos de aquella jornada.
La ley marcial decretada en diciembre de 2024 fue revocada pocas horas después por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución exigiendo su retirada. En las semanas posteriores, los parlamentarios respaldaron la destitución de Yoon y, en abril de 2025, el Tribunal Constitucional confirmó su cese definitivo.
Yoon cumple actualmente una condena de cadena perpetua por estos hechos. Paralelamente, afronta otros procesos judiciales, entre ellos uno por “obstrucción a la justicia” durante la investigación posterior a la declaración de la ley marcial, causa por la que ya ha recibido una pena de siete años de prisión.
Además, la Fiscalía ha solicitado contra el exmandatario otra condena de 30 años de cárcel por, supuestamente, haber puesto en peligro la seguridad nacional con el envío de drones de combate a Corea del Norte en 2024.