El Tribunal de Primera Instancia de Rabat ha impuesto este viernes penas de dos años de cárcel y una multa de 15.000 dirhams —algo menos de 1.400 euros— a cuatro estudiantes saharauis, a los que considera responsables de participar en una concentración de apoyo a los presos saharauis del grupo del campamento de protesta de Gdeim Izik, celebrada el pasado 12 de octubre en la capital marroquí.
Los jóvenes condenados son Ibrahim Babait, Salaedín Sabar, Huseín Chaihab y Mohamed Lamrabet. Fueron arrestados por las fuerzas de seguridad marroquíes durante una movilización convocada por familiares de los presos de Gdeim Izik frente a la sede de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) en Rabat, según apuntan el portal saharaui Equipe Media y la agencia de noticias SPS.
Las familias reclamaban una mejora de las condiciones de encarcelamiento, una atención sanitaria adecuada y el respeto de los derechos básicos de los reclusos. No obstante, los cuatro estudiantes fueron detenidos "arbitrariamente" por su participación en una "manifestación pacífica", subraya SPS, agencia oficial de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), administrada por el Frente Polisario.
La vista en la que se dictó la sentencia se desarrolló en un contexto de restricciones, ya que se impidió la entrada al tribunal a dos observadoras internacionales españolas, representantes de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) y de la Abogacía Española, que se habían desplazado a Rabat para seguir el juicio y verificar el desarrollo del proceso.
El campamento de Gdeim Izik llegó a reunir unas 6.500 jaimas y fue desmontado aproximadamente un mes después de iniciarse la protesta, impulsada por saharauis para denunciar sus precarias condiciones sociales y económicas en las zonas bajo control marroquí, un episodio considerado por numerosos analistas como el preludio de la denominada 'Primavera Árabe'.
La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975, pese a la oposición armada del Frente Polisario. El conflicto bélico se prolongó hasta 1991, cuando ambas partes suscribieron un alto el fuego con el compromiso de organizar un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, los desacuerdos sobre la elaboración del censo electoral y sobre si debían figurar o no los colonos marroquíes han bloqueado hasta ahora la consulta.
Según recoge SPS, activistas saharauis denuncian que en este caso se han producido irregularidades tanto en las detenciones como en el procedimiento judicial, en vulneración del principio de presunción de inocencia, y lo interpretan como un intento de "intimidar" a quienes respaldan la independencia del Sáhara Occidental.