El Gobierno cubano ha reprochado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haber intensificado “aún más” el “cerco económico y energético” sobre la isla, después de que la Administración Trump anunciara este jueves nuevas sanciones contra la petrolera estatal de Cuba, en un contexto de creciente presión de la Casa Blanca sobre las autoridades de La Habana y de mantenimiento del bloqueo contra el país caribeño.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha cargado en redes sociales contra el alto cargo estadounidense al afirmar que “El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la clase elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba”.
A continuación, el jefe de la diplomacia cubana ha aseverado que “para justificarlo” Rubio “no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”.
Las palabras del responsable de Exteriores se han difundido pocas horas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyera en su listado de sanciones a la entidad Unión Cuba Petróleo, “alias ‘CUPET’”, sin ofrecer más información pública sobre la decisión.
Seguidamente, el secretario de Estado estadounidense comunicó la aplicación de la misma medida contra “la empresa energética estatal cubana”, argumentando que “las élites comunistas de Cuba han convertido la energía en un arma para ejercer control social y obtener beneficios cleptocráticos”.
En fechas recientes, Washington ha impuesto sanciones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, así como a otras cuatro personas, entre ellas su antecesor, Raúl Castro. Estas acciones se enmarcan en una fase de endurecimiento de las presiones sobre la isla, especialmente desde principios de año, mediante lo que el Ejecutivo cubano describe como un bloqueo ‘de facto’ al suministro de combustible. El propio mandatario ha calificado esta política como un “castigo colectivo” que, a su entender, constituye un “acto de genocidio”.