El Gobierno de Estados Unidos mantiene abiertas pesquisas sobre los gobernadores Alfonso Durazo, del estado de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas, ambos pertenecientes a Morena, el partido de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Las indagaciones apuntan a supuestos vínculos con el crimen organizado y se añaden a otras acusaciones lanzadas desde Washington contra altos cargos del oficialismo, que el Ejecutivo mexicano interpreta como parte de una campaña para tratar de influir en las elecciones de 2027.
Según una investigación del diario “Los Angeles Times” y de la organización periodística Puente News Collaborative, que citan fuentes conocedoras de ambos expedientes, a Durazo se le relaciona con redes del crimen organizado, mientras que a Villarreal Anaya se le asocia con el contrabando de combustible, conocido en México como “huachicol”.
De acuerdo con esas mismas fuentes, a los dos gobernadores se les habría retirado el visado para entrar en territorio estadounidense, un extremo que el Gobierno de Sonora ha negado rotundamente. “Es completamente falsa la información publicada” y Durazo “no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades” de ese país, ha asegurado la secretaria de Comunicación, Paloma Terán.
En términos similares se han pronunciado las autoridades de Tamaulipas, que han salido en defensa de Villarreal Anaya. “Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. No hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado”, han recalcado desde el estado fronterizo.
A falta de que se conozcan más pormenores sobre estas pesquisas, las nuevas acusaciones se suman a una larga lista de señalamientos de Washington contra responsables políticos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha imputado a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense, solicitando su extradición.
Rocha Moya ha sido apartado de forma provisional de su puesto como gobernador mientras continúan las diligencias en México. La presidenta mexicana ha rechazado entregar a ninguno de los implicados, alegando falta de pruebas. En esa línea, ha denunciado que estas actuaciones constituyen una injerencia destinada a condicionar el escenario electoral.