Las autoridades de Estados Unidos han comunicado este jueves la imposición de un veto de entrada a más de 60 personas, entre ellas antiguos responsables políticos y altos cargos de Colombia y Bolivia, dentro de la campaña de la Administración Trump contra la corrupción y el narcotráfico en la región.
El Departamento de Estado ha detallado que se han impuesto restricciones de visado a 21 ciudadanos colombianos que, “mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política”.
En este grupo figuran el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador Wadith Alberto Manzur y la diputada Karen Manrique, actualmente detenida en Colombia por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
La medida también alcanza a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.
Con el mismo propósito, el departamento encabezado por Marco Rubio ha ampliado estas restricciones a otras 40 personas en Bolivia, entre las que se encuentran los exfiscales Juan Lanchipa, Félix Balderas y Armando Rojas, además del magistrado Julio César Porras, responsable de la Unidad de Sustancias Controladas en Santa Cruz.
Igualmente han sido incluidos en la lista, vinculados con esta región, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada; el juez Julio Alba; y el director del Servicio General de Identificación Personal, Óscar Ortiz.
Completan la relación los diputados Rafael López y Rolando Pacheco, el comandante de la Policía de Tarija, Freddy Pereira; la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón, y el exjefe de Seguridad Aeroportuaria de la Fuerza Especial para Combatir el Narcotráfico (FELCN) en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, Fernando Velasco.