La Cámara de Diputados de Argentina ha dado su visto bueno, con 237 votos favorables, nueve en contra y cuatro abstenciones, al proyecto promovido por el Gobierno de Javier Milei para ordenar la atención a las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores de servicios médicos. La iniciativa, que ha sumado el apoyo de la mayor parte del peronismo y de varios bloques opositores, queda ahora en manos del Senado para seguir su curso legislativo.
La aprobación ha llegado tras una maratoniana jornada de negociaciones en el Congreso que ha forzado al oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA), a aceptar múltiples cambios sobre la propuesta inicial. Estas modificaciones permitieron sumar los votos de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas, además del respaldo de sus socios habituales, después de que las organizaciones de personas con discapacidad manifestaran su acuerdo con la nueva versión del articulado, según ha publicado el diario argentino “La Nación”.
El voto negativo se ha concentrado en ocho diputados de Córdoba y en la legisladora mendocina Lourdes Arrieta, mientras que las cuatro abstenciones han correspondido a representantes de la izquierda. Entre quienes rechazaron el texto se encuentran varios miembros de Provincias Unidas y la diputada peronista Gabriela Beatriz Estévez, que ha explicado su postura en función de las demandas planteadas por las entidades cordobesas del sector.
Requisitos para pensiones y refuerzo de la financiación
Entre los cambios más relevantes, el proyecto establece por ley las condiciones para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora quedaban en manos del Ejecutivo. Para obtener la prestación será obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no disponer de ingresos individuales equivalentes o superiores a dos salarios mínimos.
El texto preserva la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido, y refuerza las fuentes de financiación del sistema: si los recursos previstos para el Ministerio de Salud resultan insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. Asimismo, incorpora herramientas para impedir que las partidas por beneficiario pierdan valor real frente a la inflación y garantiza a los titulares de pensiones por invalidez el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa “Incluir Salud”.
Otro aspecto clave es la regularización de la deuda con los prestadores, que asciende a unos 278.323 millones de pesos, de acuerdo con las cifras citadas por el mismo medio. El Ejecutivo deberá presentar, en un plazo de 30 días desde la entrada en vigor de la ley, un cronograma de pago y cancelar los montos adeudados en un máximo de 90 días.
Intervención de la Iglesia y dudas sobre el impacto fiscal
En el proceso de negociación también ha intervenido la Iglesia católica. Representantes del Episcopado mantuvieron encuentros con integrantes del bloque libertario para trasladarles su preocupación por la realidad que afrontan las personas con discapacidad y quienes las asisten. Posteriormente, la Comisión de Pastoral Social expresó su malestar por los recortes aplicados al área durante la gestión de Milei.
El respaldo obtenido en la Cámara Baja representa un avance político para el Gobierno en uno de sus frentes más sensibles, aunque se mantienen las incógnitas sobre el impacto presupuestario de la reforma y la eventual resistencia del propio Ejecutivo a algunas cláusulas. El debate sobre las cuentas públicas de 2027 y las garantías de financiación seguirá siendo determinante para comprobar si las medidas podrán aplicarse de forma efectiva.