Las políticas de diversidad, equidad e inclusión, conocidas por sus siglas en inglés DEI, se han convertido en uno de los principales objetivos de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca. El presidente estadounidense considera que algunos de estos programas introducen criterios discriminatorios y ha ordenado revisar o eliminar su financiación federal. La ofensiva ha provocado numerosos litigios y ha llegado al Tribunal Supremo, que este lunes ha rechazado un recurso del Gobierno contra la protección de subvenciones destinadas a investigadores de la Universidad de California.
La decisión mantiene vigente una resolución judicial que cuestionaba la retirada de fondos por el contenido de determinadas investigaciones. El caso forma parte de un conflicto más amplio sobre los límites de la intervención del Gobierno en las universidades y su capacidad para decidir qué proyectos pueden recibir financiación pública.
Qué significa DEI en Estados Unidos
DEI son las siglas de Diversity, Equity and Inclusion, expresión que se traduce al español como diversidad, equidad e inclusión.
El término engloba distintas políticas desarrolladas por empresas, universidades y administraciones para mejorar las oportunidades de acceso, contratación y participación de colectivos que han sufrido situaciones de discriminación o infrarrepresentación.
Las iniciativas pueden tener objetivos y mecanismos diferentes dependiendo de la institución. Algunas se centran en eliminar barreras para acceder al empleo o a la educación, mientras que otras incluyen programas de formación, asesoramiento o revisión de los procedimientos de selección.
Qué pretende Donald Trump con la eliminación de las políticas DEI
Desde enero de 2025, Trump ha impulsado órdenes ejecutivas destinadas a retirar el respaldo del Gobierno federal a numerosos programas relacionados con la diversidad, equidad e inclusión.
La Administración estadounidense defiende que determinadas medidas introducen diferencias de trato basadas en características como la raza o el sexo y considera que pueden resultar incompatibles con el principio de igualdad ante la ley.
Sus decisiones han afectado a programas federales y han provocado revisiones de la financiación de universidades e instituciones científicas.
Los detractores de estas políticas también cuestionan que algunas iniciativas otorguen ventajas o preferencias a determinados colectivos. Sus defensores responden que buscan combatir desigualdades persistentes y facilitar una participación más equitativa.
Por qué las políticas de diversidad han llegado al Tribunal Supremo
La controversia judicial gira en torno a una cuestión concreta: si el Gobierno puede retirar subvenciones ya concedidas a investigaciones por discrepar de las ideas o puntos de vista que atribuye a sus contenidos.
En el caso de la Universidad de California, investigadores afectados por los recortes presentaron una demanda colectiva en 2025. Alegaron que la cancelación de los fondos vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.
Las agencias federales justificaron las retiradas por su incompatibilidad con las nuevas prioridades de la Administración Trump.
El tribunal de apelaciones respaldó la protección de las subvenciones al considerar que su cancelación por motivos vinculados al punto de vista de las investigaciones podía ser inconstitucional.
Qué tienen que ver el cambio climático y el género con los recortes
El conflicto no se ha limitado a investigaciones que mencionaban expresamente programas de diversidad e inclusión.
Según los representantes legales de los investigadores, las agencias federales utilizaron búsquedas de determinadas palabras en las solicitudes de financiación para identificar proyectos que podían quedar afectados por la retirada de ayudas.
Entre los términos cuestionados se encontraban referencias a diversidad, cambio climático y género, según la documentación y las denuncias presentadas durante el procedimiento judicial.
Los demandantes consideran que este mecanismo permitía excluir investigaciones por su orientación temática o por los puntos de vista que el Gobierno les atribuía.
¿Ha prohibido el Supremo eliminar las políticas DEI?
No. El Tribunal Supremo no ha declarado ilegales todas las medidas de Trump contra las políticas DEI.
Lo que ha hecho es rechazar un recurso sobre la retirada de determinadas subvenciones universitarias, dejando vigente una resolución judicial anterior favorable a los investigadores afectados.
El alto tribunal no ha emitido en este procedimiento una sentencia general que resuelva todas las controversias sobre diversidad e inclusión.
Por tanto, otras medidas del Gobierno federal y otros litigios deberán examinarse conforme a sus circunstancias concretas y a las resoluciones que dicten los tribunales.
Qué consecuencias puede tener para universidades y empresas
La resolución tiene especial relevancia para los centros universitarios que dependen de subvenciones federales para desarrollar proyectos de investigación.
El caso cuestiona la posibilidad de retirar fondos previamente concedidos por motivos relacionados con el contenido o las opiniones que se atribuyen a una investigación.
En el ámbito empresarial, las políticas DEI siguen sometidas a un debate jurídico distinto, relacionado con las normas de contratación, las obligaciones antidiscriminatorias y las condiciones de los contratos públicos.
La Administración Trump mantiene su oposición a numerosos programas de diversidad, mientras universidades y organizaciones continúan recurriendo ante los tribunales las medidas que consideran contrarias a sus derechos.