El Ejecutivo iraquí ha establecido el 30 de septiembre como fecha para concluir la misión de la Coalición Global contra Estado Islámico en su territorio y para iniciar la ofensiva institucional destinada a someter a control estatal todo el armamento que circula en el país. En paralelo, ha instado a las formaciones políticas a tomar distancia y romper lazos con las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), milicias de corte proiraní ampliamente integradas en las estructuras oficiales de seguridad.
El anuncio lo ha realizado el asesor de seguridad nacional del primer ministro, Qasim al Araji, quien ha señalado en una entrevista con el canal Al Iraqiya que “la batalla contra Estado Islámico ha terminado militarmente, aunque aún quedan algunos focos terroristas”.
Al Araji, exministro del Interior, ha defendido igualmente que “poner todas las armas bajo control estatal es una decisión estratégica puramente iraquí”. Ha precisado que este proceso se llevará a cabo de forma gradual, “sin provocaciones y con tiempo para salvaguardar los derechos de todos”.
Al detallar el calendario, ha puntualizado que “el 30 de septiembre es la fecha fijada para la retirada de la Coalición Global, no la fecha límite para la entrega de armas”. Esa jornada marcará, ha explicado, el comienzo de una transición progresiva hacia el control estatal de todo el arsenal existente en manos de distintos actores.
“Todos coinciden en que todas las armas deben estar bajo control estatal”, ha insistido el asesor, que ha reiterado la importancia de que los partidos se desvinculen de las brigadas que conforman las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), para reforzar la autoridad exclusiva del Estado sobre el uso legítimo de la fuerza.
Con todo, ha admitido que “circunstancias regionales explican la negativa de algunas facciones a entregar sus armas hasta el momento”, en una referencia indirecta a la guerra de Irán y a las operaciones militares de Israel en Gaza, Líbano y Siria, que condicionan la postura de ciertos grupos armados.
En este contexto, ha recalcado que “las facciones (que componen las FMP) no son enemigas del Estado, sino que forman parte de él”, y ha advertido de que la confrontación directa con estas milicias constituye una “línea roja”. Ha añadido que el Estado asumirá el papel de principal garante de sus derechos una vez completada la entrega del armamento.
“Las armas de las facciones se convertirán en una fuente de fortaleza para el Estado y no se entregarán a ninguna parte externa”, ha asegurado el asesor de seguridad nacional de Alí Al Zaidi, subrayando que el objetivo es integrar esas capacidades bajo el paraguas institucional iraquí.