La Fundación Hind Rajab ha cursado una solicitud formal ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se abra causa penal contra el ministro israelí de Seguridad, de perfil ultranacionalista, al que atribuye crímenes de guerra y genocidio por haber incitado a la tortura, la violación, el asesinato y el exterminio desde el inicio de la guerra de Gaza, en el ejercicio de sus funciones.
Ben Gvir, considerado uno de los representantes más radicales del actual gabinete israelí, ha abogado en reiteradas ocasiones por el desplazamiento forzoso de toda la población de Gaza y, en los últimos meses, ha sido objeto de amplia censura internacional por los abusos contra miembros de flotillas humanitarias y por plantear la destrucción completa de Líbano como castigo colectivo por el enfrentamiento entre Israel y Hezbolá. Defensor a ultranza del colonialismo en los territorios palestinos ocupados, también ha protagonizado repetidas irrupciones en la Explanada de las Mezquitas.
La Fundación Hind Rajab, dedicada a investigar la actuación de Israel durante la guerra de Gaza, ha remitido esta solicitud antes del viaje que el ministro tiene previsto realizar a Estados Unidos a partir del 7 de julio. Ben Gvir encabezará una delegación oficial a la Cumbre de Jefes de Policía, que tendrá lugar en la sede de la ONU en Nueva York los días 7 y 8 de julio.
“Desde su nombramiento al cargo a finales de 2022, ha usado su autoridad para imponer una política de tortura sistemática, asesinato, abuso y desplazamiento forzado en toda la Palestina ocupada, y en particular dentro sistema de prisiones israelí”, apunta la ONG.
“Dado que varias de sus víctimas han sido ciudadanos estadounidenses”, la ONG argumenta que Estados Unidos “tiene tanto la jurisdicción como la obligación legal de procesarlo” en virtud de su propia legislación doméstica sobre Crímenes de Guerra y Genocidio. Estados Unidos, cabe recordar, no forma parte del Tribunal Penal Internacional, pero sí que ha incorporado parcialmente los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, fundamento de la corte internacional, en sus leyes nacionales.
La organización subraya además que Washington es parte del Cuarto Convenio de Ginebra, que estipula que los Estados firmantes “tendrán la obligación de buscar a las personas presuntamente responsables de haber cometido, o de haber ordenado cometer, tales infracciones graves, y deberán llevar a dichas personas, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales”.
“Itamar Ben Gvir figura entre los mayores criminales de nuestro tiempo”, apunta el responsable de la ONG para Estados Unidos, Jake Romm. “Un hombre responsable de incitar directamente al genocidio y de dar órdenes para asegurar su ejecución; un hombre para quien ni siquiera la matanza de los últimos dos años y medio es suficiente”, ha apostillado.
“Todos los Estados del mundo, incluidos los Estados Unidos, tienen la obligación de arrestarlo y llevarlo ante la justicia por sus crímenes. Es más, la tortura y el abuso de ciudadanos estadounidenses por parte de Ben Gvir activan el deber soberano más básico: proteger a los propios nacionales”, ha concluido.