La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado este viernes una nueva resolución contra cinco antiguos altos mandos del Ejército de Colombia por su participación en la muerte y desaparición forzada de una treintena de civiles, presentados falsamente como guerrilleros abatidos en combate, en el marco de los llamados falsos positivos.
Es la tercera vez que la JEP emite una sentencia de carácter restaurativo, lo que implica que los responsables no ingresarán en prisión al haber admitido su culpa en estos crímenes, de acuerdo con el modelo de justicia transicional diseñado tras los acuerdos de paz de 2016 firmados con la ya disuelta guerrilla de las FARC.
El fallo recoge 18 episodios que dejaron 35 víctimas en Dabeiba y otros municipios del noroeste de Antioquia entre 1997 y 2007. Llega después de que las confesiones de estos cinco procesados facilitaran la localización de 77 cuerpos de personas desaparecidas, de los cuales 17 ya han sido devueltos a sus familias.
Los exmilitares han sido condenados a penas restaurativas de entre cinco y seis años, centradas en proyectos como la reparación de caminos y puentes, la eliminación de minas antipersona, la búsqueda de desaparecidos y otras medidas orientadas a la reparación integral de las víctimas y sus comunidades.
Según la JEP, se produjo, por un lado, el asesinato de campesinos acusados sin pruebas de colaborar con la insurgencia, “en un contexto de alianzas entre agentes estatales y grupos paramilitares”; y, por otro, la ejecución de personas procedentes de otras zonas, trasladadas con engaños para ser asesinadas y reportadas como resultados operacionales del Ejército.
Un tercer patrón identificado consistió en la desaparición y ocultamiento de los cuerpos en cementerios municipales, entre ellos el de Las Mercedes, en Dabeiba, donde se han hallado los restos de estas 77 víctimas.
Con anterioridad, ya se habían dictado otras dos sentencias restaurativas. El 16 de septiembre de 2025 se aplicó la primera contra siete antiguos mandos de las FARC, entre ellos quien fuera su último comandante, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, a quienes se impuso libertad vigilada y otras medidas reparadoras para resarcir a las víctimas de secuestros, extorsiones y otros delitos cometidos durante los cautiverios.
Pocos días más tarde, la JEP resolvió contra siete exintegrantes del Ejército por el asesinato y la desaparición forzada de civiles presentados como bajas en combate en el norte de César y el sur de La Guajira, con sanciones restaurativas similares, que incluían proyectos en beneficio de las comunidades indígenas afectadas.
Para acceder a este tipo de condena, los procesados están obligados a aportar verdad plena, reconocer su responsabilidad y garantizar la no repetición. Si incumplen estas condiciones, se exponen a penas de prisión que pueden llegar hasta los veinte años.
La JEP ha determinado que, al menos, 6.402 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales —los denominados falsos positivos— entre 2002 y 2008 a manos de las fuerzas de seguridad colombianas, incentivadas con recompensas laborales y económicas por alcanzar determinados cupos. Sin embargo, la cifra real podría ser mayor, ya que no existen registros oficiales anteriores a ese periodo.