La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, el órgano creado tras los acuerdos de paz de 2016 con las extintas FARC, ha instado a ocho antiguos integrantes de la Inteligencia Militar de las Fuerzas Armadas a asumir su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad perpetrados entre las décadas de 1980 y 1990.
En su resolución, en la que detalla que entre las conductas investigadas figuran torturas, asesinatos y desapariciones forzadas contra miembros de la Unión Patriótica y otros grupos considerados pandilleros, la JEP hace referencia igualmente a episodios emblemáticos del conflicto armado interno, entre ellos la desaparición forzada de Nydia Érika Bautista en 1987.
El tribunal de justicia transicional concluye que distintas dependencias vinculadas al Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia y a la Brigada XX, con conocimiento de la Dirección de Inteligencia del Ejército, participaron de forma “sistemática” en la puesta en marcha de dos patrones de macrocriminalidad cuyo objetivo principal era “impedir un levantamiento insurreccional en la capital del país”, Bogotá.
Según la JEP, el segundo de estos patrones incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios dirigidos contra integrantes de las guerrillas del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).