Los partidos de la oposición en Chile han formalizado una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al que responsabilizan de presuntas “infracciones evidentes” de la ley tras firmar decretos que redujeron las penas de condenados por delitos sexuales y por violaciones de los Derechos Humanos.
El texto acusatorio, presentado de forma conjunta por todas las fuerzas opositoras para asegurar su avance en la Cámara de Diputadas y Diputados, argumenta que el ministro de Justicia modificó sin ningún cambio legal los criterios aplicados por los dos gobiernos anteriores, resolvió en beneficio de los reclusos sin considerar a las víctimas y, posteriormente, atribuyó la responsabilidad de estas decisiones a comisiones técnicas, al Tribunal Supremo y al Ejecutivo previo, según ha recogido Televisión Nacional de Chile (TVN).
La acusación se estructura en tres capítulos de supuestas irregularidades. El primero se centra en la concesión de 56 rebajas de condena entre junio y septiembre de 2026 a agresores sexuales de menores de edad, otorgando beneficios que, según sostienen los diputados, la Ley 21.421 prohíbe de forma expresa, además de pasar por alto el interés superior del niño y no dar voz a las víctimas.
El segundo capítulo cuestiona la disminución de penas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad —que recuperaron la libertad—, reprochando a Rabat haber aplicado únicamente la Ley 19.856 sin valorar la extrema gravedad de los delitos ni las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de Derechos Humanos en materia de colaboración con la justicia, reparación a las víctimas y esclarecimiento del paradero de detenidos desaparecidos.
Por último, el tercer apartado imputa al ministro la vulneración del principio de probidad y del deber de lealtad institucional por haber entregado información “inexacta e incompleta” al Congreso durante sus intervenciones ante la Comisión de Constitución del Senado y en el pleno de la Cámara Baja los días 27 y 28 de octubre, donde afirmó que su ministerio se limitó a formalizar resoluciones dictadas por instancias técnicas y judiciales.