Miles de personas han salido este miércoles a las calles de las principales ciudades de Colombia para exigir mejoras en las condiciones laborales y en el sistema educativo, entre otras demandas, en el que supone el primer paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
En Bogotá, la capital, una multitud ha iniciado la movilización que ha terminado concentrándose en la plaza de Bolívar, generando desvíos y retrasos en el transporte público pese a la lluvia, y reuniendo a destacados dirigentes del opositor Pacto Histórico, como el excandidato presidencial Iván Cepeda, que horas antes había denunciado en sus redes sociales una “estrategia intimidatoria” del Ejecutivo colombiano con el objetivo de “reprimir” la protesta.
A la marcha también se ha sumado el expresidente Gustavo Petro, quien en unas imágenes difundidas en sus redes sobre la manifestación ha defendido que “así se responde a la adversidad con dignidad con ganas de ganar otra vez, sin miedo”. “Es la vida la compañera y no la muerte. El pueblo no se rinde, carajo”, ha añadido, aludiendo al eslogan del presidente argentino, Javier Milei.
Además de la principal coalición opositora, la convocatoria ha contado con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), organizaciones universitarias y colectivos de la sociedad civil, que han aunado reclamos laborales, educativos, económicos y territoriales, así como el rechazo a las políticas anunciadas por el Ejecutivo.
Las manifestaciones tienen lugar, además, un día después de que el dirigente ultraderechista haya firmado un decreto que modifica los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas.
“¡El derecho a protestar no está por encima del derecho a trabajar, estudiar, movilizarse y vivir en paz!”, afirmó De la Espriella al presentar esta medida, que, según sostiene, busca “fortalecer las garantías de quienes se manifiestan pacíficamente y asegurar que las autoridades actúen, dentro del marco de la ley, frente a quienes pretendan sembrar el caos”.
El primer artículo del decreto establece que “frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia (...) y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones” de las fuerzas de seguridad.