Un total de 32 localidades de Portugal han acogido este sábado concentraciones y marchas en defensa del derecho a la vivienda, impulsadas por la plataforma Casa Para Vivir, que reclama la retirada de la reforma del Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano actualmente en tramitación en el Parlamento luso.
La cita más numerosa ha tenido lugar en Lisboa, donde la columna principal ha salido de la Alameda Don Afonso Henriques rumbo a Martim Moniz. A lo largo del recorrido se han visto banderas del movimiento Vida Justa y de la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), entre otros colectivos sociales.
Durante la movilización se han escuchado consignas como “La casa es para vivir, no para especular”, “Queremos techo, queremos suelo” o “Montenegro, queremos un buen salario y una casa para vivir”, aludiendo al primer ministro conservador, Luís Montenegro.
En las protestas han intervenido también los grupos de la Acampada de Lisboa y la Acampada de Oporto, que en las últimas semanas han levantado campamentos en el corazón de ambas ciudades pese a los reiterados desalojos. En la marcha han sonado igualmente las canciones “Agora que estamos juntas” y “J'ai deux passions”, himnos presentes en anteriores protestas en Francia.
“Portugal ha salido a la calle. El coste de la vivienda es insoportable”, ha denunciado Jorge Filho, integrante del movimiento Puerta a Puerta, en declaraciones al “Diário de Notícias”. “Con los salarios no se paga lo que cuesta una casa. Ha llegado a un punto en el que nosotros necesitamos salir a la calle a exigir nuestros derechos”, ha subrayado.
En la manifestación de Lisboa se ha criticado además la respuesta considerada “exagerada” por parte de la Policía frente a las acampadas y protestas. “Han sido manifestaciones pacíficas, con familias. Yo por ejemplo he venido con mi hija”, ha relatado la participante Raquel Fortuna, que reclama que las fuerzas de seguridad se centren en proteger a quienes se manifiestan.
El presidente de la Asociación de Inquilinos Lisboetas (AIL), António Machados, ha insistido en la urgencia de poner en uso las viviendas desocupadas, “más de 300.000”, una medida que, a su juicio, “ayudaría a resolver el problema muy rápidamente”.