El Gobierno de Sudán ha desmentido cualquier participación en el reciente bombardeo contra un mercado en la disputada región de Abyei, fronteriza con Sudán del Sur, un ataque que causó más de 150 muertos y decenas de heridos. Las autoridades de Sudán del Sur han señalado directamente a Jartum como responsable, mientras que el Ejecutivo sudanés dirige las acusaciones hacia las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), grupo paramilitar enfrentado al Ejército.
El Ministerio de Exteriores sudanés ha insistido “de forma categórica” en que las Fuerzas Armadas de Sudán “no tienen relación alguna con este lamentable incidente”, subrayando a continuación que el ataque “presenta las características propias de los crímenes cometidos de forma sistemática por la milicia terrorista”, en alusión a las RSF.
En su nota, la diplomacia sudanesa sostiene que el bombardeo guarda similitudes con “sus acciones previas”, entre ellas un ataque ejecutado en diciembre de 2025 contra un campamento de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para Abyei (UNISFA), que terminó con la muerte de varios ‘cascos azules’, así como “sus ataques contra convoyes de ayuda humanitaria”.
El Ministerio ha expresado igualmente en su comunicado, difundido a través de redes sociales, su “profundo pesar por las víctimas civiles” del ataque y ha hecho llegar su “solidaridad” a los familiares de los fallecidos y heridos.
El lunes, el Gobierno de Sudán del Sur convocó al embajador sudanés en Yuba para trasladarle su “firme protesta” por el bombardeo y “sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei”, reclamando explicaciones a Jartum por el ataque y “sus implicaciones para la seguridad de los civiles y la estabilidad en Abyei”.
Paralelamente, el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmud Alí Yusuf, ha condenado “firmemente” este bombardeo y otros ataques aéreos en Sudán, entre ellos uno llevado a cabo el 18 de octubre contra la localidad de Al Dibab, en Kordofán Occidental, que causó alrededor de 80 muertos.
Yusuf ha denunciado el “precio intolerable” que soporta la población civil en forma de muertos, desplazamientos masivos y destrucción de servicios básicos debido a la guerra iniciada en abril de 2023 entre el Ejército y las RSF. Por ello, ha urgido a ambas partes a poner fin a los ataques contra áreas residenciales e infraestructuras civiles.
En la misma declaración, ha reiterado la necesidad de respetar “la soberanía, unidad e integridad territorial” de Sudán y ha pedido tanto al Ejército como a las RSF que “eviten acciones que azuzen el conflicto, puedan dividir el país o amenazar a Estados vecinos”. Asimismo, ha reiterado su respaldo a las iniciativas de mediación en marcha y ha solicitado “un alto el fuego humanitario inmediato” y “un proceso político inclusivo”.
La guerra civil en Sudán estalló en abril de 2023 a raíz de las profundas discrepancias sobre la integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir. Ese proceso ya se encontraba debilitado tras el golpe que forzó la salida del entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que intervienen diversos países apoyando a uno u otro bando, ha empujado a Sudán a una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de personas desplazadas o refugiadas y creciente preocupación internacional por la expansión de enfermedades y los graves daños a infraestructuras esenciales, que impiden asistir a cientos de miles de afectados.