Un gran jurado del estado de Virginia ha presentado cargos formales contra la senadora demócrata y presidenta en funciones del Senado estatal, Louise Lucas, a la que se atribuyen delitos de distribución ilícita de marihuana, dirección de una trama de blanqueo de capitales y fraude relacionado con sobornos.
Según la acusación, Lucas y un reducido círculo de familiares y personas de confianza habrían aprovechado la influencia de la senadora como presidenta del Comité de Finanzas y Asignaciones de la Cámara Alta para blindar su "empresa criminal de marihuana" frente a posibles actuaciones de las autoridades.
El documento del Departamento de Justicia, hecho público este jueves, sostiene que la senadora, una de las principales impulsoras de la legalización del cannabis en Virginia, controlaba varios negocios dedicados a la compra y venta de cantidades ilegales de marihuana en el estado, con el objetivo de incrementar el patrimonio de su familia.
Lucas se ha personado este jueves ante la Justicia tras difundir un mensaje en redes sociales en el que denunciaba la actuación de las autoridades federales: "Hoy, el FBI, el Departamento de Justicia y todo el peso del Gobierno federal se han volcado contra una bisabuela de 82 años", ha lamentado. "Crecí bajo las leyes de segregación racial. He visto lo que sucede cuando quienes ostentan el poder intentan silenciar a quienes se les oponen. He dedicado mi vida a luchar, y no pienso detenerme ahora", ha añadido.
Elegida senadora estatal en 1991, Lucas afronta además un cargo por haber abonado 750.000 dólares (unos 670.000 euros) para adquirir el 100% de una sociedad pantalla que, de acuerdo con la Fiscalía, se constituyó con la finalidad de que un colaborador obtuviera una licencia para la venta de marihuana en Virginia. A cambio de estas gestiones, la senadora habría recibido "sobornos" del citado cómplice, según figura en el escrito de acusación.
El Departamento de Justicia también sostiene que Lucas "no declaró los intereses obtenidos en esta entidad en los formularios de Declaración de Intereses Económicos que le correspondían" como representante electa, incumpliendo así sus obligaciones de transparencia.
La investigación se intensificó el pasado 6 de mayo, cuando el FBI llevó a cabo registros federales en dos negocios relacionados con la presunta trama y "supervisados" por hijos y nietos de la senadora, The Cannabis Outlet y The CBD Shoppe. En estas actuaciones, los agentes confiscaron marihuana y varias armas de fuego en ambos locales.