El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes está valorando no prolongar el actual régimen de prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado por intento de golpe de Estado, después de que en un control de carretera se hallara una pistola de su propiedad en manos de uno de sus escoltas, quien aseguró que la llevaba a reparar. Por este motivo, el juez ha solicitado este miércoles a la Fiscalía General que se pronuncie sobre si esa tenencia de arma debe influir en la continuidad del arresto domiciliario del exmandatario.
Según ha informado la agencia Brasil de noticias, Moraes ha otorgado a la Fiscalía un plazo de 48 horas para fijar su posición, un margen que coincide con el tramo final de los 90 días de arresto domiciliario concedidos a Bolsonaro, que concluyen este mismo jueves.
El juez del Supremo considera que el expresidente podría haber incurrido en un delito grave durante el cumplimiento de la medida, recordando que la Ley de Ejecución Penal (LEP) tipifica como falta grave “la posesión ilícita de un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona”.
La iniciativa de Moraes se produce un día después de que Bolsonaro prestara declaración ante la Policía Civil del Distrito Federal y reconociera ser el propietario del arma. En esa comparecencia, el dirigente, condenado a más de 27 años de cárcel, argumentó que “tenía tres mujeres (su esposa, Michelle Bolsonaro, su hijastra y su hija) en casa y no podía estar desarmado”.
El origen del caso se sitúa en un control efectuado la semana pasada en Brasilia, la capital del país, donde los agentes interceptaron a un guardaespaldas del exmandatario que transportaba una pistola perteneciente a Bolsonaro y que, según afirmó el militar, iba a ser enviada a reparar. Sobre esta explicación, Moraes reclamó aclaraciones adicionales, al producirse “en vísperas del fin del período de 90 días de arresto domiciliario”.