Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha desestimado este lunes la maniobra de la Administración de Donald Trump para obligar al estado de California a invalidar los votos de hasta 20.000 personas que, según la Casa Blanca, no serían ciudadanos estadounidenses. La medida se planteaba de cara a las elecciones de medio mandato del martes 3 de noviembre y se enmarca en los intentos del Ejecutivo de limitar quién puede participar en los próximos comicios, con capacidad para alterar la composición de las dos cámaras del Congreso.
La resolución procede de un panel de tres magistrados del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que ha rechazado, por dos votos frente a uno, el recurso de emergencia presentado por el Departamento de Justicia. Con este recurso, el Gobierno republicano pretendía revocar el fallo previo de un tribunal de distrito que ya se había opuesto a las pretensiones de Washington y al que, según la mayoría del panel, corresponde ahora seguir con el caso. Esta mayoría la forman los jueces Mark Bennett, designado por Trump, y Gabriel Sanchez, nombrado por el expresidente demócrata Joe Biden.
“En este recurso de apelación, la parte demandante, los Estados Unidos, nos solicita que dictemos un auto de medidas cautelares obligatorias y ordenemos a los demandados, el Estado de California y el condado de Los Ángeles: '(1) que descarten las papeletas de voto por correo de aquellas personas identificadas por el Gobierno federal como posibles no ciudadanos y (2) que, de forma independiente --o en colaboración con el Gobierno federal--, verifiquen su condición de ciudadanía antes de contabilizar sus papeletas de voto por correo'”, recoge el dictamen. El texto remarca a continuación que el Ejecutivo “no concedió al tribunal de distrito la oportunidad adecuada para examinar su solicitud de una orden de restricción temporal”.
“Por ese motivo, carecemos de competencia sobre este recurso de apelación. Por lo tanto, estimamos la solicitud del Condado de desestimar este recurso de apelación y desestimamos, por haber quedado sin objeto, la solicitud de medidas cautelares de urgencia presentada por Estados Unidos”, concluye la decisión judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press.
En este contexto, los jueces sostienen que “la supuesta situación de emergencia alegada” por la Administración Trump “es, al menos en parte, creada por ellos mismos”. “Al menos parte del retraso en este caso es atribuible a la propia demora de Estados Unidos a la hora de interponer la demanda, de darse cuenta de que la legislación estatal vigente de California regula la emisión y tramitación de las papeletas, de reconocer que California cuenta con millones de votantes inscritos y tramita las papeletas según un calendario acorde con esa magnitud, y de comunicar al tribunal la medida cautelar que deseaba”, señalan en su argumentación.
El procedimiento se origina en una lista con más de 20.000 personas “probablemente” no nacionales que la Administración Trump remitió a las autoridades de California el martes 13 de octubre, cuando las papeletas por correo ya se habían enviado. Washington pidió entonces al estado y al condado de Los Ángeles que examinaran ese listado en un plazo de 48 horas, verificaran la ciudadanía de los afectados y, si los demandados no podían confirmarla por sus propios medios, apartaran las papeletas de quienes figuraban en la relación hasta comprobar individualmente su estatus.
La decisión del panel cuenta con el voto discrepante del juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, quien sostiene que el Ejecutivo solicitaba al tribunal de apelaciones “ayuda para hacer cumplir la ley del Congreso contra el voto ilegal por parte de personas no nacionales” después de que “California se negase a colaborar”. “Deberíamos haber impedido que procediera de ese modo y haber hecho efectiva la voluntad del Congreso”, afirma en su opinión particular.
En cualquier caso, esta resolución no cierra el litigio, ya que la Administración Trump conserva la opción de reclamar una intervención de urgencia al pleno del Noveno Circuito o incluso al Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el asunto regresará al tribunal de primera instancia el martes por la tarde para una vista clave ante el juez federal de distrito David Carter, nombrado por el expresidente republicano Bill Clinton, que ha acelerado la tramitación, aunque no al ritmo exigido por la Casa Blanca.
En paralelo, el gobernador de California, Gavin Newsom, ha celebrado en redes sociales este triunfo provisional para su Ejecutivo estatal como “una noticia fantástica (...)frente a los ataques de Donald Trump”. “Que quede claro: Trump no dejará de intentar hacerse con el poder de forma ilegal ni de socavar nuestra democracia. California seguirá plantándole cara”, ha manifestado.