Una jueza federal de Estados Unidos ha dictado este viernes una orden de amplio alcance que impide al Gobierno del presidente Donald Trump “amenazar” o “intimidar” a los responsables de la organización de los comicios, en pleno despliegue de tácticas de presión en las semanas previas a las elecciones de mitad de mandato del próximo 3 de noviembre.
“Si bien los demandados afirman que sus acciones están diseñadas para detener el voto ilegal de los no ciudadanos, es probable que sus acciones tengan el efecto de interferir con la administración electoral y privar del derecho al voto a los electores legales”, ha señalado en su resolución la jueza de distrito Trina Thompson al aprobar una orden de restricción temporal, según ha informado la cadena estadounidense CNN.
Mientras esta orden provisional siga en vigor, los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional tienen prohibido exigir a los funcionarios electorales de cualquier estado que “separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de las mismas”.
Asimismo, la magistrada veta las “amenazas de enjuiciamiento penal contra los funcionarios electorales por parte de dichas agencias” y subraya que la Administración Trump no podrá adoptar otras medidas que “amenacen, intimiden o coaccione” a los encargados de gestionar las elecciones para forzar cambios en los procedimientos de tramitación de las papeletas.
La orden también obliga al Ejecutivo a informar a Thompson de cualquier “solicitud de orden de registro, citación del gran jurado u otra demanda para acceder a materiales electorales o papeletas de votación” que se emita en relación con los listados elaborados por la propia Administración para sostener que determinadas personas no tienen derecho al sufragio.
La causa ha sido impulsada por una coalición de sindicatos y organizaciones de derechos civiles, entre ellas la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que sostienen que la actuación del Gobierno vulnera la Ley de Derecho al Voto y supone una “intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral”.
El conflicto se origina en la “controvertida” operación de cotejo de datos puesta en marcha por el Departamento de Seguridad Nacional, que cruza los registros de votantes de los estados con bases de datos federales. Diversos responsables electorales consideran que las listas de presuntos no ciudadanos generadas por este Departamento carecen de fiabilidad. La Administración defiende que el objetivo es impedir que los no ciudadanos participen en las urnas y ha advertido de que procesará a los funcionarios electorales por “no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal”.
En esta línea, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ha concluido que el Gobierno carece de autoridad para inmiscuirse en la forma en que los estados verifican el estatus de ciudadanía de sus votantes.