El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido la puesta en marcha inmediata de una auditoría de los sistemas de gestión y seguridad ferroviaria, así como un plan de choque que permita devolver el buen estado y las prestaciones de las principales líneas del país, ante el deterioro de la red y la pérdida de confianza de los usuarios.
“Hoy la confianza de una inmensa mayoría de aragoneses en el sistema ferroviario de nuestro país está rota”, ha subrayado, reclamando al Ministerio de Transportes explicaciones claras sobre la situación de las infraestructuras y las informaciones contradictorias relativas a posibles cortes de circulación.
Azcón ha comparecido este lunes, 9 de noviembre, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, tras reunirse con expertos y representantes de distintos colegios profesionales para estudiar los problemas del ferrocarril y su impacto en Aragón. En la cita ha intervenido también el director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu y expresidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, Iñaki Barrón de Angoiti, junto a representantes de los colegios de ingenieros industriales, de caminos y de telecomunicaciones, entre otros.
El responsable del Ejecutivo autonómico ha explicado que ha convocado este encuentro por la situación actual de las comunicaciones por tren, que ha calificado de “insostenible”, y por la incertidumbre que, a su entender, padecen los viajeros. “Los aragoneses necesitamos explicaciones, no más contradicciones y acabar con la incertidumbre que hoy sufren cada vez que se suben a un tren”, ha señalado.
Como ejemplo, ha recordado que el anterior ministro de Transportes, Óscar Puente, habló de la posibilidad de interrumpir un tramo de la línea ferroviaria entre Zaragoza y Madrid, mientras que su sucesor, Carlos Cuerpo, negó después ese escenario. Por ello, Azcón ha anunciado que el Gobierno de Aragón reclamará los informes técnicos que sirvieron de base a ambas posiciones.
“No se puede decir una cosa y la contraria en algo tan importante como son los trenes en nuestro país y en Aragón y esperar que la gente se suba a un tren tranquilamente”, ha recalcado.
El presidente ha remarcado que la seguridad de los pasajeros y la calidad del servicio deben situarse en primer plano y ha apuntado que las últimas informaciones sobre el estado de la red aumentan la inquietud. En particular, se ha referido a los datos de Adif sobre el deterioro de la fiabilidad ferroviaria hasta 2030, con previsiones de más impuntualidad, incumplimientos de los objetivos de mantenimiento y riesgo de nuevos accidentes.
En este escenario, ha recordado que en 2024 se detectó un “riesgo catastrófico” de que el sistema no identificara roturas de vías como la que provocó el accidente de Adamuz. “Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado real de las vías, el estado real del sistema ferroviario”, ha defendido, reclamando que las administraciones informen con transparencia sobre las alteraciones de los tramos y las condiciones de circulación de la alta velocidad.
AUDITORÍAS Y UN PLAN DE CHOQUE
De la reunión ha surgido una declaración institucional consensuada con los expertos que orientará las próximas decisiones del Gobierno de Aragón y que incluye varias actuaciones. La principal es la realización urgente de una auditoría interna por parte de Adif y otra externa de los sistemas de gestión y seguridad ferroviaria.
Azcón ha destacado como prioridades una planificación rigurosa de las inversiones y del mantenimiento, además de evitar interrupciones del tráfico que no se programen con suficiente antelación ni dispongan de alternativas de transporte. “Los expertos nos dicen que no se puede cortar el tráfico ferroviario para hacer trabajos que no hayan sido programados con detalle, con una antelación suficiente y que cuenten con alternativas en el transporte por otras vías”, ha indicado.
El texto propone igualmente un plan de choque para recuperar el estado y mejorar las características operativas de las principales líneas ferroviarias, junto con una estrategia a largo plazo sobre el ancho de vía y las conexiones de la red española con los corredores europeos. El presidente ha insistido en que estas medidas deben apoyarse en profesionales con experiencia contrastada y desarrollarse con el mayor consenso posible.
“Lo que están proponiendo es la asunción por parte de todos los actores públicos y privados de una cultura de la seguridad, de la transparencia, de la información y de la profesionalidad”, ha resumido. En esta línea, ha pedido un pacto de Estado que sitúe “por delante la seguridad de todos los usuarios del ferrocarril, de todos los usuarios del AVE”.
Según Azcón, la preocupación por la situación del ferrocarril no se limita a la sensación de inseguridad. Ha alertado también del impacto económico que tendría un corte prolongado de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.
De acuerdo con las estimaciones que ha aportado, una interrupción generaría un perjuicio de 22 millones de euros en Aragón durante los seis primeros meses, mientras que la Asociación de Agencias de Viajes cifra en unos 100 millones el sobrecoste de los desplazamientos entre Madrid, Zaragoza y Barcelona.
Para medir las consecuencias sobre el tejido empresarial y la actividad económica, el Departamento de Fomento ha encargado a la Fundación Basilio Paraíso un informe específico que permita cuantificar el impacto de una decisión de este tipo. Azcón ha avanzado que el grupo de trabajo con los expertos se mantendrá activo, con nuevas reuniones para compartir información y estudiar soluciones, aunque ha admitido que los problemas acumulados “no se van a solucionar de hoy para mañana”.
RECUPERAR LAS PRESTACIONES DE LA LÍNEA MADRID-ZARAGOZA
El director técnico de la Alianza Europea corREDores.eu, Iñaki Barrón de Angoiti, ha apoyado la necesidad de mantener operativa la línea de alta velocidad y de recuperar las condiciones con las que fue diseñada. A su entender, el informe solicitado por el Ejecutivo aragonés permitirá poner en valor un eje que considera clave no solo para la comunidad, sino también para el conjunto de España y Europa.
“Hay que mantenerla abierta, pero hay que mantenerla en estado”, ha recalcado. Barrón ha recordado que la infraestructura, inaugurada hace unos 15 o 20 años, se proyectó para circular a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, aunque ha ido perdiendo prestaciones por los problemas acumulados.
El experto ha incidido en que la recuperación del servicio debe priorizar los tiempos de viaje y las frecuencias frente al objetivo de alcanzar una velocidad máxima concreta. “Lo que le interesa al viajero, igual que cuando yo voy a un avión, es llegar a una hora”, ha señalado.
Barrón ha precisado que el plan de choque debe partir de un análisis pormenorizado de todos los elementos de la infraestructura, desde las vías y las traviesas hasta la electrificación y los sistemas de señalización.
En relación con las actuaciones previstas entre Mejorada del Campo y Calatayud, ha confirmado que las aerotraviesas diseñadas por Adif buscan evitar el efecto de succión generado por el paso de trenes a más de 300 kilómetros por hora y el consiguiente desplazamiento del balasto.
El especialista ha apuntado asimismo a la conveniencia de revisar la señalización, recordando que la línea dispone de los sistemas ERTMS de nivel 1 y nivel 2, aunque este último no está en servicio. “Habrá que hacer un análisis detallado de cómo se encuentra cada uno de los elementos de la infraestructura”, ha concluido.