El Pleno del Congreso ha ratificado este jueves el Real Decreto-ley que obliga al Gobierno a actualizar, en un plazo máximo de seis meses, las cuantías de la indemnización por residencia del personal público estatal destinado en las Islas Baleares, con la finalidad de ajustarlas al actual coste de la vida en el archipiélago y favorecer la cobertura de vacantes en los servicios públicos.
La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo el voto en contra de Vox y la abstención de Junts y del PP. Esta medida se incluye en el Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, que también incorpora la regulación de la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas.
El texto fija que el Ejecutivo deberá revisar las cuantías de esta indemnización en un máximo de seis meses, previa negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, y aprobar la modificación necesaria para adecuarlas a la realidad actual.
Del mismo modo, se especifica de forma expresa que la revisión no podrá implicar en ningún caso una rebaja de las cantidades que los empleados públicos perciben ahora por este concepto.
El Gobierno argumenta esta decisión en el desfase entre el coste real de residir en Baleares y la compensación económica vigente, una situación que, según recoge el propio decreto, dificulta atraer y retener personal en la Administración General del Estado y pone en riesgo la adecuada prestación de servicios públicos esenciales en el archipiélago.
El documento subraya que la insularidad, el elevado precio de la vivienda y de los bienes y servicios, así como las complicaciones de movilidad, condicionan la capacidad de las administraciones para cubrir y estabilizar determinadas plazas, en especial en aquellos ámbitos con alta rotación o que requieren una cualificación específica.
Una medida “urgente” para Baleares
Durante el debate parlamentario, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido la actualización del complemento de residencia como una medida “urgente” para evitar que la Administración General del Estado continúe perdiendo capacidad para cubrir puestos en Baleares debido al elevado coste de la vida.
Por su parte, el PP ha criticado el uso del Real Decreto-ley por parte del Gobierno para abordar cuestiones de función pública y ha reclamado una reforma integral y negociada del sistema, centrando además buena parte de sus reproches en la actuación del Ejecutivo.