Los aliados parlamentarios del PSOE (Sumar, Compromís, ERC, EH Bildu y Podemos) han reclamado este jueves en el Pleno del Congreso “reparación” para las víctimas de las prácticas de conversión LGTBI+ y han censurado la “falta de ambición” del texto impulsado por los socialistas.
Estas posiciones se han expresado durante el debate del dictamen, ya aprobado en la Comisión de Igualdad, relativo a la proposición de Ley orgánica del PSOE que modifica el Código Penal con el fin de sancionar las prácticas de conversión dirigidas a personas LGTBI+.
En calidad de impulsor de la iniciativa, el diputado socialista Víctor Gutiérrez ha remarcado que estas actuaciones no pueden considerarse terapias, sino “una forma de tortura”, y ha explicado que la reforma prevé castigos de entre seis meses y dos años de prisión, con independencia de que exista o no consentimiento de la persona afectada, al entender que una “tortura” lo sigue siendo aunque se acepte bajo presión del entorno.
PP y Vox, en el foco del PSOE
Gutiérrez ha arremetido también contra PP y Vox por situarse, a su juicio, en el lado “incorrecto de la historia”, reprochándoles sus enmiendas al texto y los recortes en diversidad aprobados en gobiernos autonómicos, y ha cerrado su intervención con un mensaje de reparación a las víctimas, defendiendo que la verdadera libertad implica poder ser uno mismo “sin miedo, culpa ni violencia”.
En nombre del PP, Jaime de los Santos ha considerado imprescindible la ley contra las terapias de conversión al tratarse de un delito “inaceptable” contra la dignidad humana, defendiendo que estas prácticas deben recibir “todo el peso de la ley” y abordarse por la vía penal y no solo mediante sanciones administrativas. Sin embargo, el diputado ‘popular’ ha denunciado el “sectarismo” y la “instrumentalización” del colectivo LGTBI+ por parte de la izquierda.
Al mismo tiempo, ha reivindicado la trayectoria del PP en la defensa de la diversidad en ayuntamientos y comunidades donde ha gobernado. “Soy del PP, soy maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas y de todo lo que han hecho por mí hombres y mujeres”, ha concluido.
Por parte de Sumar, Tesh Sidi ha admitido sus reservas hacia el punitivismo, pero ha respaldado la vía penal al entender que las sanciones económicas no resultan suficientes. Aun así, su grupo ha lamentado que, aunque la reforma supone un avance contra los agresores, se queda corta al no articular una reparación “efectiva” para las víctimas, objetivo por el que ha prometido seguir trabajando.
Desde Vox, María de la Cabeza Ruiz ha rechazado la propuesta al tildarla de “absoluto despropósito” y de ataque frontal “a la libertad individual”, acusando a la izquierda de querer “imponer” su ideología “a golpe de Código Penal”. “Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes”, ha insistido.
En representación de Junts, Pilar Calvo ha incidido en que el término “terapia” es inadecuado porque presupone una patología. La portavoz ha defendido la necesidad de delimitar con claridad qué constituye y qué no una práctica de conversión para evitar confusiones con el acompañamiento psicológico legítimo.
Desde ERC, Teresa Jordà ha expresado una satisfacción parcial, al considerar que, pese a suponer un avance, la norma no llega lo bastante lejos al no incorporar apoyos económicos ni soluciones habitacionales para las personas afectadas. “Y sabemos también que la justicia no consiste solo en castigar a los que hacen mal. Consiste también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Y no lo hemos conseguido, señorías. Hoy no lo hemos conseguido”, ha remarcado.
Por EH Bildu, Isabel Pozueta ha subrayado que “prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación”. Además, ha recalcado que “no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad”.
También la diputada del PNV, Maribel Vaquero, ha defendido que “las terapias de conversión parten de una premisa incompatible con la dignidad humana, sexual o la identidad de género de una persona constituyen una desviación que debe ser corregida”. “El daño no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten”, ha enfatizado.
En nombre de Podemos, Noemí Santana ha valorado que la nueva ley persiga y sancione a quienes ejercen la violencia de las “terapias de conversión”, calificándola como un avance en derechos, aunque ha advertido de que el texto “se queda corta”. A su juicio, la norma peca de centrarse en el castigo y no desplegar medidas de acompañamiento y protección integral para las víctimas. “Esperábamos algo más del Partido Socialista”, ha reconocido.
Desde Compromís, Àgueda Micó ha reprochado al PSOE que no aceptara la inclusión de planes de apoyo habitacional y económico para las personas afectadas. “¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?”, ha planteado, cuestionando además qué votaría el activista y político Pedro Zerolo ante este texto.
Redondo habla de “mañana histórica”
Tras las intervenciones de los grupos, ha tomado la palabra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha definido la jornada como una “mañana histórica” y ha descrito las prácticas de conversión como “tortura, violencia y tratos inhumanos o degradantes” contrarios al artículo 15 de la Constitución. Redondo ha reivindicado la figura de referentes del activismo LGTBI+ como Pedro Zerolo o Manolita Chen, y ha agradecido el compromiso de las formaciones que han defendido que “la dignidad y los derechos no tienen límites”.
“Hoy somos reconocidos como el país del mundo donde una persona LGTBI puede desarrollarse, puede ser feliz, puede amar a quien quiera amar y ser como es. Y esa ha sido nuestra aportación a la historia. Creo que es un momento histórico”, ha resaltado la ministra al cierre de su intervención.