La Comisión de Justicia del Congreso se reúne este jueves con la intención de sacar adelante el dictamen de la proposición de ley que reconoce la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental cuando estaba bajo administración española, así como a sus descendientes. Sin embargo, el visto bueno definitivo del Pleno no se prevé hasta el próximo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre.
La condición de saharaui nacido en ese contexto se podrá justificar mediante DNI español (aunque esté caducado), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros documentos. El PSOE ha rechazado aceptar como válidos los documentos emitidos por el Frente Polisario, al no estar oficialmente reconocido como autoridad.
La petición para obtener la nacionalidad no llevará aparejado ningún tipo de tasa y deberá presentarse en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, que se producirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
MÁS DE UN AÑO EN LA “NEVERA” PARLAMENTARIA
La proposición de ley permaneció más de un año paralizada en la “nevera” del Congreso y Sumar llevaba desde abril intentando reactivarla, planteando a los grupos progresistas, incluido el PSOE, una propuesta de enmiendas transaccionales que integrase las distintas sugerencias.
En junio, las dos formaciones que sostienen el Gobierno de coalición lograron acercar posiciones y finalmente acordaron una serie de modificaciones sobre el texto inicial, que fueron refrendadas el 30 de junio por la ponencia con el apoyo de los socios de izquierda, mientras Junts optó por la abstención. El PP --que en un primer momento se mostró favorable a la iniciativa-- y Vox votaron en contra, quedando en minoría.
Al ser julio y agosto meses inhábiles en la actividad parlamentaria ordinaria, el Ministerio de Justicia pidió a la Mesa del Congreso habilitar julio para poder continuar con la tramitación. Sumar pretendía que el debate en comisión se celebrase el 14 de julio y que el texto se elevara al Pleno este mismo jueves.
No obstante, la comisión se ha fijado finalmente para esa fecha, de modo que el proyecto no se debatirá en el Pleno hasta la primera sesión ordinaria de septiembre, salvo que se convoque un Pleno extraordinario antes. En cualquier caso, tras superar el Congreso, la ley deberá completar su recorrido en el Senado.