El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha detallado este martes que el Ejecutivo se marca como objetivo aprobar en 2026 un total de 179 iniciativas legislativas, entre las que figuran los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la ley de financiación autonómica. “La legislatura suma y sigue”, ha subrayado.
Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha dado a conocer ante los medios el Plan Anual Normativo, el documento en el que se concentran las principales reformas y proyectos legislativos que el Gobierno quiere impulsar el próximo año.
Según ha concretado Bolaños, el plan para 2026 contempla 179 propuestas normativas: 10 serán leyes orgánicas, 38 leyes ordinarias y 131 reales decretos. Además, el 31% de las disposiciones previstas corresponderán a la transposición al ordenamiento jurídico español de normativa europea.
“La intención del Gobierno es continuar fortaleciendo el estado del bienestar, garantizando el crecimiento económico y, por supuesto, tener una posición en política internacional (...) que apueste por el derecho internacional, la paz en el mundo y los valores democráticos”, ha defendido.
El ministro ha añadido que el grado de cumplimiento del informe de evaluación del Plan Anual Normativo es “muy alto”, situándolo en un 82%: un 36,18% de las normas previstas ya están aprobadas y un 46,23% se encuentran en una fase avanzada de tramitación.
PGE y estabilidad parlamentaria
El titular de Presidencia ha reivindicado una “razonable estabilidad parlamentaria”, que, según ha desgranado, se refleja en que el Gobierno ha logrado sacar adelante 62 leyes en la actual legislatura: dos reformas de la Constitución, diez leyes orgánicas, 18 leyes ordinarias y 32 reales decretos. “Exceptuando el Parlamento Valenciano, el Gobierno de España y las Cortes Generales son las que más leyes aprueban”, ha recalcado.
Al mismo tiempo, Bolaños ha apuntado que el Ejecutivo se ha propuesto aprobar antes del 30 de junio, fin del actual periodo de sesiones, varias normas que ya están en tramitación “porque son demandas sociales”.
En relación con la posibilidad de acordar unos nuevos PGE para 2026, tras haber tenido que prorrogar las cuentas los tres últimos ejercicios, el ministro ha insistido en que “es una obligación política” y que el Gobierno mantiene “voluntad”, aunque no ha aclarado si se registrarán este año o si se optará por presentar el proyecto presupuestario ya en 2027.
No obstante, ha matizado que “ahora no es el momento” debido a la guerra de Irán que, según ha indicado, provoca “incertidumbres económicas” que “hacen muy difícil” disponer de “un cuadro macroeconómico que sea preciso y que no esté muy condicionado por las incertidumbres que tienen que ver con el panorama internacional que existe hoy en nuestro planeta”.
Pese a ese contexto, Bolaños ha defendido que las actuales cuentas públicas del Ejecutivo son “muy buenas”, ya que incorporan “25.000 millones de euros de fondos europeos anuales” que han permitido, entre otras medidas, que España multiplique “por seis el crecimiento económico de la zona euro”.
Las leyes previstas para 2026
De cara a 2026, el Plan Anual Normativo del Gobierno incluye, además de los Presupuestos Generales del Estado y la reforma de la financiación autonómica, la ley de crédito al consumo y la ley de modernización del sistema financiero.
El Ejecutivo también prevé nuevas normas para “seguir avanzando con el Plan de Acción por la democracia”, ha explicado Bolaños, entre ellas la Ley Orgánica de Integridad Pública, una ley anticorrupción y otra sobre publicidad en el sector público.
En el ámbito de igualdad, el Gobierno quiere sacar adelante la ley de violencia vicaria y de trata, que integrará “todas las formas de trata y de explotación humana”.
Asimismo, se proyectan reformas vinculadas al mercado laboral, como la ley de democracia en la empresa, la actualización de la ley de prevención de riesgos laborales —aprobada en primera vuelta la semana pasada—, la norma para mejorar las condiciones laborales del trabajo en plataformas y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para fijar “las garantías adecuadas frente al despido”.
En materia de justicia, el Ejecutivo pretende impulsar la ley de asistencia jurídica gratuita, “que sustituirá a la de 1996, que ha quedado obsoleta”, en palabras del ministro, y la ley de protección al derecho al honor, “cada día más necesaria”. También se aprobará una regulación específica para incorporar al ordenamiento interno la prueba digital.
Moncloa incluye además la ley de consumo sostenible, la ley orgánica de juventud y derechos de las generaciones futuras y, en el ámbito sanitario, la ley de medicamentos y productos sanitarios y la ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. Bolaños ha mencionado igualmente la ley de inteligencia artificial, “que está ya muy avanzada por el ministerio competente y que pronto verá la luz en Consejo de Ministros”.